El caso del yate en Marbella | Seis denuncias, delitos con penas de cárcel y un pedido de embargo se acumulan contra Insaurralde
Dirigentes opositores promovieron causas contra el exjefe de Gabinete bonaerense en Comodoro Py, Lomas de Zamora y La Plata; también fue denunciada su acompañante
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LA NACION
La Justicia recibió hoy al menos cinco denuncias contra el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, después de que se reveló su viaje de lujo con una modelo en un yate que navegaba por el mar Mediterráneo. Las presentaciones, promovidas por diferentes dirigentes opositores, fueron radicadas en distintos tribunales: en Comodoro Py, en Lomas de Zamora y en La Plata. Todavía no está claro dónde se lo investigará finalmente.
Los delitos de los que se acusó a Insaurralde incluyen enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión, figuras que tienen previstas penas de cárcel. Una de las presentaciones -la que hizo la diputada Graciela Ocaña- incluye un pedido de embargo sobre los bienes de Insaurralde.
También fue denunciada la modelo que lo acompañaba en su viaje, Sofía Clerici. Contra ella apuntó el abogado Gastón Marano, que se presentó en la justicia federal de Lomas de Zamora. Marano sostuvo que la modelo no tiene la capacidad económica necesaria para comprar bienes como aquellos con los que se muestra en sus publicaciones en las redes sociales.
En cuanto a las presentaciones contra Insaurralde, la del diputado nacional José Luis Espert se hizo en los tribunales federales de Comodoro Py y, por sorteo, le tocó al juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que investigó a Cristina Kirchner en el expediente Hotesur-Los Sauces y que declaró que se probó que al exfiscal Alberto Nisman lo asesinaron. Ercolini es uno de los jueces a los que el kirchnerismo acusa de ser parte del “lawfare” contra la vicepresidenta. Fue uno de los magistrados que viajó el año pasado con el entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y con directivos del grupo Clarín a Lago Escondido y después de que se difundieran supuestos chats entre los compañeros de viaje -chats que forzaron la renuncia de D’Alessandro-, fue imputado por una fiscal de Bariloche antes de que la causa pasara a Comodoro Py.
Espert denunció a Insaurralde por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, contrabando y evasión fiscal. El número de expediente es 3458/2023. El también incluyó a Clerici en su acusación.
Espert dijo: “Nos encontramos ante un suntuoso gasto donde ni el funcionario público ni la dama que lo acompañó pueden justificar con sus ingresos declarados, con lo cual la sospecha de un enriquecimiento ilícito es grande o tal vez nos encontremos frente a un lavado de activos financieros o de mínima ante una evasión fiscal por parte de Sofia Clerici”. Y añadió: “El viaje pudo haber sido financiado con dinero no declarado proveniente de actos de corrupción por parte de Martin Insaurralde con lo cual, nos encontraríamos ante el delito de enriquecimiento ilícito previsto y reprimido en los artículos 268 del Código Penal”.
La denuncia penal que hizo Espert fue acompañada por los diputados de Juntos por el Cambio Virginia María Cornejo, Dina Esther Rezinovsky, José Luis Miguel Lisando Nieri, Oscar Agost Carreño, Fernando Carbajal, Carlos Raúl Zapata, Ingrid Jetter y Gabriela Mabel Lena.
Otra denuncia es la que presentaron en la justicia federal de Lomas de Zamora la extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico y el diputado nacional Ricardo López Murphy, de Juntos por el Cambio. El detonante principal de la presentación es la cifra millonaria por la que el intendente de Lomas de Zamora habría acordado su divorcio de la modelo y conductora Jesica Cirio, hecho al que se le añade el escándalo de la navegación en yate por el Mediterráneo junto a Clerici, expuesto este fin de semana.
Esta causa quedó radicada en el juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora, que está vacante y hoy es subrogado por el juez platense Ernesto Kreplak. Kreplak es, en realidad, juez de La Plata. En ese distrito recibió otra de las denuncias contra Insaurralde: la que presentó Yamil Santoro, dirigente de Republicanos Unidos, que también sostuvo que al exjefe de gabinete y a la modelo que lo acompañó en su viaje de Marbella no les coinciden sus gastos con sus “ingresos declarados”.
El año pasado, Kreplak procesó a exfuncionarios de Cambiemos y de la AFI acusados de haber coordinado con empresarios el armado de causas judiciales para avanzar contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, exreferente de la Uocra platense. También fue el juez que ordenó la detención y extradición del gremialista Marcelo Balcedo, acusado de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y malversación de fondos públicos. Antes de ser juez, Kreplak fue funcionario del gobierno kirchnerista. Tuvo a su cargo la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre 2011 y 2015.
En la denuncia que recibió Kreplak en Lomas de Zamora, Talerico y López Murphy piden que se investigue a Insaurralde por “enriquecimiento ilícito” y que se contemple también la posibilidad de que haya incurrido en “lavado de activos”. Basados en información periodística, argumentan en su denuncia que el renunciante jefe de Gabinete provincial habría abonado 20 millones de dólares a su exesposa, Cirio, para cerrar el divorcio. “El señor Insaurralde no tiene ninguna otra actividad comercial o de negocios que sea conocida y relevante, más allá de su actividad como funcionario público en diferentes cargos electivos y no electivos, por muchos años”, remarcan los denunciantes.
Además del divorcio, los dirigentes de Juntos por el Cambio subrayan en su escrito que, “si todo esto no fuera lo suficientemente escandaloso, han trascendido en estos últimos días gastos del señor Insaurralde totalmente incompatibles con los ingresos de alguien que se desempeña hace más de 40 años en la función pública”. Recuerdan que el exfuncionario provincial “habría estado de vacaciones en un lujoso balneario, en un costoso yate de alquiler, y gastando cuantiosas sumas en costosos regalos para su acompañante, que incluyen carteras de Louis Vuitton y relojes de Rolex”.
Al reclamar que se abra una investigación contra el exfuncionario, los dirigentes piden verificar si “Insaurralde ha experimentado un incremento patrimonial que justifique las sumas que presuntamente le habría exigido su exesposa como compensación por el divorcio, y de ser así, verificar si este incremento puede justificarse en actividades lícitas”. Además, pretenden que se designe un “perito contador” para que “informe si de las declaraciones juradas presentadas por el Señor Insaurralde surge un patrimonio declarado y rentas obtenidas durante los 10 años de matrimonio con la señora Cirio, en virtud del cual se podría justificar el pago de una suma de 20 millones de dólares en razón de su divorcio”.
La diputada nacional Graciela Ocaña, también de Juntos por el Cambio, hizo su propia denuncia contra Insaurralde y en su escrito incluyó un pedido de embargo preventivo. Fundamentó la denuncia con las declaraciones juradas del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. Ocaña presentó su denuncia en la fiscalía de La Plata, en la justicia penal ordinaria (no federal).
Otra de las presentaciones contra Insaurralde la hizo Enrique Avogadro antes del affaire Marbella. Hace una semana, antes de que se conocieran las fotos que desataron el escándalo que precipitaron la salida de Insaurralde, Avogadro, padre del ministro de Cultura porteño Enrique Avogadro, presentó una denuncia en la UFIJ 6 de La Plata por enriquecimiento ilícito y defraudación a la administración pública contra el intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora.
El letrado inició la acción a partir de la repercusión periodística que generó el divorcio de Insaurralde con la modelo Jessica Cirio: la separación, según las versiones que circularon, se habría sellado en dólares por una millonaria cifra. “De ser cierta tal información, estaríamos ante un verdadero escándalo público por la magnitud de dicho pacto y el consecuentemente inexplicable patrimonio del denunciado”, dice la denuncia.
LA NACION
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