La interventora de la AFI revisará los gastos que hizo Mauricio Macri en espionaje

La intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se extenderá durante 180 días -un plazo prorrogable- y todas las compras y contrataciones realizadas por parte de ese organismo durante la gestión de Mauricio Macri serán revisadas. Además, parte de los fondos reservados serán transferidos a la Jefatura de Gabinete y reasignados a las políticas públicas nutricionales y educativas.

Así lo estableció el decreto 52/19 firmado por el presidente Alberto Fernández para oficializar la intervención de la central de inteligencia y designar a la fiscal Cristina Camaaño para ocuparse de esa tarea.

La intervención de la AFI, que estuvo a cargo de Gustavo Arribas y Silvia Majdalai hasta el 9 de diciembre, fue anunciada por Fernández el día de su asunción, pero fue oficializada 11 días después. Según lo establecido por el decreto, Caamaño, que hoy se reunió con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en la Casa Rosada, deberá elevar una propuesta de reformulación del Sistema de Inteligencia Nacional al Presidente. Además tendrá las facultades para "modificar la estructura orgánica y funcional de la AFI, los organigramas correspondientes a su estructura, los regímenes profesionales del personal del escalafón de Inteligencia, del personal del escalafón de seguridad y del personal del escalafón de apoyo de la AFI".

Caamaño también podrá revisar todos los gastos realizados durante la vigencia del decreto 656. Así lo establece el artículo 8 del decreto, donde se le amplían las facultades: "Revisar las compras y contrataciones en cualquiera de sus modalidades realizadas durante la vigencia del Decreto N° 656/16".

La letra de ese decreto -publicado hoy en el Boletín Oficial- tiene un tono crítico con las decisiones que tomó Macri en materia de inteligencia y reivindica, por otro lado, las decisiones que tomó Cristina Kirchner en ese campo durante el último tramo de su gestión. Remarca, en los primeros párrafos, que durante la presidencia de Cristina Kirchner se lograron "importantes avances respecto de la protección de los derechos constitucionales y convencionales", y tendientes a la democratizción y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional.

"Esta tendencia hacia la democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional regido por la Ley Nº 25.520 modificada por la Ley Nº 27.126 se vio interrumpida por el dictado del Decreto Nº 656/16.", señala el decreto.

Fernández había anunciado en su discurso de asunción el pasado 10 de diciembre que el régimen de fondos reservados establecido por el decreto 656 sería derogado. Esa medida se concretó hoy, y se definió que los fondos reservados "que excedan a los necesarios para el normal funcionamiento del organismo" serán transferidos a la Jefatura de Gabinete para ser reasignados a políticas públicas en el marco de la emergencia social.

El decreto 656, firmado por Macri poco después de asumir como presidente, había derogado el régimen de administración de fondos implementado por Cristina Kirchner, y por eso todos los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habían pasado a ser confidenciales.

Todos los cambios que hizo Macri en lo que respecta a los servicios de inteligencia y las escuchas telefónicas fueron por decreto. Sus decisiones en esta materia fueron impugnadas a lo largo de estos cuatro años por organismos civiles que controlan el sistema, especialmente por las entidades agrupadas en la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (Iccsi), y se denunció a la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en varias oportunidades por los actos de espionaje ilegal ocurridos bajo la órbita de la AFI, así como también la filtración de escuchas telefónicas.

Cristina Caamaño es fiscal, presidenta de Justicia Legítima y está a cargo de la Dirección de Gestión Operativa de Casos del Ministerio Público Fiscal. Durante el año 2015 se desempeñó como directora del entonces Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom), a cargo de las escuchas telefónicas. Mientras las escuchas estuvieron a cargo de la Procuración no se denunciaron filtraciones.

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