Se multiplican los pedidos para investigar el modo en que se cerró una causa contra el juez Lijo y su hermano

Organizaciones no gubernamentales ligadas al ejercicio del derecho y al partido Pro se pronunciaron con sendos pedidos para auditar una causa en la cual el juez federal Ariel Lijo, postulado por el Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia, fue sobreseído junto con su hermano, Alfredo “Freddy” Lijo, tras indagar sobre su patrimonio.

Las presentaciones fueron realizadas por Será Justicia, Profesores Republicanos y Acción Conjunta Republicana y fueron realizadas luego de que la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, que denunció a Lijo, reclamara que se realice una investigación sobre el modo en que fue cerrado el caso que estuvo en manos del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Franco Picardi.

Será Justicia expresó que la denuncia de Carrió, que pidió la intervención del Cuerpo de Auditores de la Corte Suprema de Justicia, “revela enormes sospechas de una negligente investigación judicial que permitió beneficiar a Julio de Vido y a los hermanos Ariel y Alfredo Lijo” y señaló que se “impone la reapertura” de esa investigación tras la postulación del juez para la Corte.

Advirtieron que “no existe atajo formal para que el Consejo de la Magistratura y/o el Procurador General de la Nación desestimen el pedido” que, señalaron, “involucra un entramado de corrupción escandaloso, respecto del cual la sociedad merece conocer si fue investigado en profundidad y fueron agotados todos los pasos probatorios necesarios para fundar el sobreseimiento definitivo que se dispuso de manera sigilosa en el año 2021 por un colega de Lijo, quien debió –por lo menos– excusarse”. El texto fue firmado por Raúl Aguirre Saravia e Inés Arias, presidente y vice.

Se sumó Profesores Republicanos, que planteó que la auditoría fortalece la confianza en las instituciones “con el fin de despejar las dudas”. Los profesores dijeron que “resulta vital que los jueces que deben investigar y juzgar los casos de corrupción puedan exhibir indiscutida idoneidad técnica e intachable trayectoria” y los “innumerables cuestionamientos públicos relacionados con el Dr. Ariel Lijo van a contramano de las exigencias indispensables para dotar al Poder Judicial de jueces independientes”. Lo firman Guillermo Mizraji y Alfredo Vítolo.

Por último, Acción Conjunta Republicana manifestó estar preocupada “ante el avance de actos de corruptela que menoscaban el ejercicio de las Instituciones Republicanas y dejan paso a la impunidad de delitos cometidos por quienes traicionan a su Patria, a sus pares y a quienes los han votado”.

“Decimos basta a la procrastinación de quienes deben investigar y actuar”, exclamaron y dijeron que el “Consejo de la Magistratura y el Procurador General de la Nación deben cumplir su obligación ante la denuncia efectuada por la Dra. Elisa Carrió y el diputado nacional Juan Manuel López, en el caso de los hermanos Lijo. Investigar, reabrir y auditar lo investigado”.

“Por la gravedad institucional que importaría nominar para la Corte Suprema de Justicia a alguien cuya idoneidad académica y calidad moral están en duda, instamos a la urgente reapertura de la investigación solicitada por los denunciantes y decimos no a la nominación del Juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia”, señaló la organización, que integra la Red de Entidades por una Justicia Independiente Argentina (Rejia).

Tensión por la purga. La ofensiva de poder de Karina Milei enardece a la vieja guardia de La Libertad Avanza

Raíces de la crisis. El impacto de la guerra de Gaza en la seguridad y defensa de la Argentina

A más de un mes del inicio de clases. El Gobierno no compró 14 millones de libros escolares previstos: alega "falta de transparencia"

Conforme a los criterios de

Conocé más

Prolongan los plazos. La causa por la condena contra Cristina Kirchner no llegaría a la Corte antes de mediados de 2025

Escándalo judicial. Imputaron al juez federal Bailaque por tres causas de corrupción y vínculos con un narco

Los candidatos mejor ubicados. Avanza el concurso para cubrir tres vacantes en el máximo tribunal penal del país