Aprobaron el presupuesto de Kicillof, con aumentos al inmobiliario urbano y rural de hasta el 75 por ciento
La sanción fue el resultado de una negociación entre el Frente de Todos y Juntos en la Legislatura bonaerense; hubo concesiones del gobernador a intendentes de distintos signos políticos
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LA PLATA.- Tras una ardua negociación en la Legislatura, que incluyó concesiones a intendentes de distintos signos políticos, el gobernador Axel Kicillof logró la aprobación del presupuesto bonaerense y de la ley impositiva 2023, que en conjunto proyectan un aumento de la planta de personal de la provincia y alzas de hasta el 75 por ciento en el impuesto inmobiliario rural y urbano, una medida que fue cuestionada por la Coalición Cívica, que se diferenció así de sus socios de Juntos.
De acuerdo a la normativa sancionada esta madrugada por la Legislatura bonaerense, el aumento promedio en el impuesto inmobiliario urbano y rural rondará el año próximo el 60 por ciento, aunque para las propiedades de más alta valuación fiscal puede llegar hasta el 75 por ciento como “techo”, según explicaron los funcionarios de Kicillof cuando presentaron el proyecto.
El presupuesto bonaerense también contempla la creación de cargos en la planta de personal de la provincia, luego de haberse registrado este año un crecimiento interanual del total de la planta del 18 por ciento. Y proyecta un 40 por ciento de aumento de la patente para todos los vehículos, sin diferenciar el costo fiscal. Mientras que el impuesto a los Ingresos Brutos no tendrá incrementos durante 2023.
Es un presupuesto que nos llena de orgullo porque implica una fuerte expansión de las partidas que permiten ampliar derechos de los y las bonaerenses y sigue también avanzando en una estructura impositiva más progresiva, que cobra más a los que más tienen. pic.twitter.com/OYVBflsL45
— Axel Kicillof (@Kicillofok) December 16, 2022
Los legisladores provinciales de la Coalición Cívica ARI se opusieron a los aumentos de impuestos planteados en el presupuesto enviado por Kicillof. “En un contexto inflacionario, los impuestos sobre las tierras productivas de nuestra provincia, sumada a la prolongada sequía que afecta el rendimiento de los cultivos, va a significar un golpe muy duro para el sector agrario”, dijeron Maricel Etchecoin, Luciano Bugallo, Andrés De Leo y Elisa Carca.
Los “lilitos” rechazaron el artículo 6 sobre el impuesto inmobiliario urbano edificado, que proyecta aumentos promedio del 72%; el artículo 10, sobre el impuesto inmobiliario rural; y el artículo 20, incisos C y D, que gravan con impuesto a los Ingresos Brutos actividades primarias de cultivo y fabricación de alimentos.
Las negociaciones
Para destrabar la aprobación del presupuesto, el oficialismo acordó con la oposición la inclusión de un Fondo de Infraestructural Municipal (FIM) por casi 60.000 millones de pesos y topes a las subas del impuesto inmobiliario rural, baldío y urbano, para las categorías más altas, que en el proyecto original estaban liberadas. Se acordaron además topes al impuesto automotor.
El proyecto original preveía 7000 nuevos agentes en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), pero la oposición quiso limitar la habilitación de cargos a medida que se produjeran las plazas. Al final se consensuó aprobar 2500 incorporaciones.
Los dos proyectos -presupuesto y ley impositiva- resultaron aprobados con el voto en general del Frente de Todos y Juntos en ambas cámaras. Al rechazo de la Coalición Cívica en materia impositiva, se sumó también el voto negativo completo del Frente de Izquierda contra los dos proyectos aprobados.
En la misma sesión quedaron establecidos -por cuerda separada- los presupuestos de las cámaras de Senadores y Diputados, que se asignaron en total el 1 por ciento del total de los 6,9 billones de pesos previstos para los gastos generales de la provincia el año que viene.
Incidentes
Durante la jornada hubo múltiples manifestaciones en la Plaza San Martín, situada frente a la Legislatura y a la Casa de Gobierno. Se movilizó la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), el Partido Obrero-Frente de Izquierda y Madigraf, una cooperativa de trabajadores gráficos. Los incidentes fueron protagonizados por los trabajadores municipales que quieren evitar cambios en la regulación de los sueldos de los municipales: resisten una cláusula que deja en suspenso o a consideración de cada comuna el pago de las asignaciones municipales.
La violencia se desató sobre el ingreso de la Cámara de Diputados, cuando trabajadores municipales se enfrentaron al personal de seguridad. Hubo varios trabajadores con lesiones menores porque las piedras arrojadas hicieron estallar varios vidrios de la Cámara baja bonaerense.
“Había cascotes en el piso y gomas quemadas”, dijo el diputado Guillermo Kane, del Frente de Izquierda. “Esto muestra que hay una negociación entre cuatro paredes del Frente de Todos y Juntos. Se negocian cajas y modificaciones a espaldas de los trabajadores”, afirmó.
Lo aprobado esta madrugada incluye la prórroga de un fondo que el gobierno de la provincia entregó a los municipios durante la pandemia de Covid-19.
La negociación para la aprobación de los proyectos, liderada por los presidentes de las cámaras de Diputados, Federico Otermín, y de Senadores, Verónica Magario, incluyó una modificación el Coeficiente Único de Distribución (CUD). Este era un antiguo anhelo de los municipios más pequeños -muchos gobernados por la oposición- dado que se ese coeficiente dependen múltiples repartos de recursos. Entre ellos, el del Fondo de Infraestructura Municipal.
El CUD no solo alcanza al Fondo de Infraestructura Municipal; también, a todos los aportes coparticipables que hace la provincia a las 135 comunas de este territorio. Los intendentes negociaron frenéticamente ayer por la tarde para intentar obtener un mejor índice para cada distrito. Los intendentes de Juntos presionaron para modificar este coeficiente que se construye en base a diferentes variables, como población, superficie, producción en salud, entre otras.
Los municipios pequeños, con baja población y superficie, son históricamente los menos favorecidos en este reparto. Finalmente, se aprobó una trasferencia de 1500 millones para intendentes opositores a los que les bajaron el CUD.
En lo que respecta al FIM, este año se llegaría a un acuerdo para insertar en la ley de presupuesto una erogación de 57.500 millones para los 125 municipios, 40.000 millones de infraestructura y 17.500 millones de seguridad. Más un extra de 2500 millones de Adelantos del Tesoro Provincial para la oposición.
Los bloques minoritarios Avanza Libertad y Frente de Izquierda votaron en contra de todo el acuerdo del presupuesto y la Ley Impositiva que finalmente fue en cambio avalado por Frente de Todos y Juntos.
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