Se abre la negociación por el futuro de Latam en medio de presiones por el pago de la doble indemnización
¿Doble indemnización para los 1700 empleados de Latam Argentina o acuerdos individuales con cada uno de ellos? ¿Es posible que la empresa revise su decisión y se quede en el país? Son tres preguntas que surgen cada vez con más frecuencia en los pasillos de los despachos en los que se negocia la salida de la compañía que competía internamente con la estatal Aerolíneas Argentinas.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, les comunicó hoy por escrito a los cinco gremios con personería gremial la decisión de Latam de irse del país y activar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). Corren ahora 72 horas cruciales, un plazo que podría extenderse si es que alguno de los tres gremios simplemente inscriptos que también tallan en la empresa judicializan su deseo de ser incluidos en la mesa de negociación. Uno de ellos, la Unión de Pilotos de Aviadores de Latam, ya tiene un borrador preparado.
Se trata de tres organizaciones alternativas que son de alcance exclusivo en Latam y que surgieron con el aval de la compañía para contrarestar el poder de los sindicatos tradicionales. Esta definición podría marcar un quiebre en el modelo sindical y es seguido con atención por gremialistas y empresarios. Podría convertirse en un caso testigo o escalar como sucedió con el enfrentamiento entre la UTA y los metrodelegados por la representación de los trabajadores del subte. Moroni tendrá la última palabra. O algún juez laboral que se atreva a una medida exprés.
La otra encrucijada que atraviesa Moroni es resolver si habilita el PPC solicitado por Latam o lo descarta. El PPC, establecido en la década del 90 en la denominada ley de empleo, permite a las empresas concretar suspensiones y pagar menos por las indemnizaciones. "Citaremos a audiencia y veremos", informó un jerárquico de la cartera laboral. Moroni designó al abogado Pablo Topet para llevar los hilos de la negociación.
La CGT fijó su postura el viernes pasado, cuando rechazo a través de un comunicado la alternativa del PPC y advirtió que no hay otra salida posible que el pago de la doble indeminización, como lo establece un decreto presidencial que fue extendido hasta fin de año para evitar una caída del empleo en tiempos de crisis.
La posición de la central obrera coincide con la de los cinco gremios con personería gremial que deberán negociar con Latam. Se trata de los pilotos de Apla, que encabeza Pablo Biró; el personal técnico, de Ricardo Cirielli; Aeronavegantes, de Juan Pablo Brey; el personal superior, de Rubén Fernández, y el personal de tierra, que representa Edgardo Llano. Todos ellos recibieron la notificación de Moroni y es probable que se nieguen al camino del PPC, según consultó LA NACION.
Presión a Moroni
"Si Moroni acepta un recurso de los 90 para liquidar la empresa y esquivar la doble indemnización, tendrá que dar explicaciones. No es un proceso para despedir. Si lo hace, iremos a la Justicia", advirtió Pablo Biró, referente de los pilotos, que también descartó que el funcionario habilite a participar de la negociación a los tres gremios con simple inscripción. "No creo que lo haga, hay otros mecanismos como una compulsa. Sería desconocer el modelo sindical", dijo.
Los gremios del sector mantienen una pelea adicional con Moroni, que les habría prometido levantar la intervención impuesta por la gestión de Mauricio Macri a la Federación Argentina del Personal Aeronáutico (FAPA) y avanzar con su normalización. La federación es la excusa perfecta para ocultar las diferencias internas y unir a los sindicatos del rubro para exhibir más fortaleza.
Entre los argumentos expresados por Latam, una de las razones de su salida fue la imposibilidad de avanzar en acuerdos con los sindicatos. Los coletazos económicos por la pandemia por el coronavirus y la reconversión que demandará en la industria aeronáutica aceleraron la decisión final, que sería difícil de revertir.
Los representantes de Latam se convencieron que no había vuelta atrás cuando en medio de la pandemia la empresa ofreció pagar el 50% del sueldo no remunerativo a los 1700 empleados (con un mínimo de $47.700), pero la medida fue rechazada no solo por los sindicatos sino también por Moroni, que intimó a pagar el 100% del sueldo. Al ministro ni siquiera lo lograron convencer al mostrarle que la mitad de los 2200 empleados había aceptado por carta una reducción salarial.
El antecedente de la carta no es menor. Si el PPC no termina de despegar, es probable que la empresa avance en acuerdos individuales con algunos empleados mientras que con otros irá a un inevitable conflicto.
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