El gobierno bonaerense convoca a los ruralistas a una reunión
El jefe de Gabinete, Alberto Pérez, aseguró que este jueves intentarán "habilitar los canales de comunicación" con el campo; dijo que el tratamiento de la reforma impositiva "fue intachable" y evitó polemizar con Ottavis
El gobierno bonaerense intentará recomponer su relación con las entidades agropecuarias de la provincia, que fueron convocadas para este jueves a una reunión con el ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta.
El jefe de gabinete, Alberto Pérez, aseguró esta tarde que apuntan a "habilitar canales de comunicación" con los ruralistas, que hoy llevaron a cabo el tercero de los nueve días de paro con cese de comercialización.
Pérez señaló que el gobierno bonaerense está "en diálogo con los sectores del campo", aunque los representantes rurales continuaron protestando porque aseguran que no fueron recibidos por las autoridades provinciales en medio de las negociaciones previas a la sanción de la ley.
En declaraciones a Radio La Red, el dirigente sciolista fue contemplativo con el paro agropecuario y señaló al respecto que "todos los sectores tienen el derecho a expresarse, siempre que se haga civilizadamente".
"Estamos en dialogo con los sectores del campo. El jueves va a haber una reunión seguramente entre nuestro ministro de Asuntos Agrarios y las entidades provinciales", indicó.
Sin embargo, desde el campo negaron que el gobierno sciolista hayan convocado a una reunión. Alberto Frola, presidente de Carbap, desmintió al funcionario y advirtió que no negociarán hasta que termine el paro.
"Nadie nos llamó y no vamos a dialogar hasta que termine el paro. Si nos llaman, tampoco vamos a ir hasta que termine el paro", dijo Frola en diálogo con La Nacion.
Sin polémica
El sciolismo salió a defender la medida que decretó el revalúo rural la semana pesada y se desligó de las sospechas sobre el pago de coimas en la Legislatura para que se vote la reforma impositiva provincial.
"Estamos seguros que la aprobación de la ley fue intachable", expresó Pérez.
El viernes pasado, la publicación en el diario Clarín de una foto al celular del vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense y dirigente de La Cámpora, José Ottavis, donde se hacía referencia al pago de 150.000 pesos a diputados durante las negociaciones para aprobar el revalúo del impuesto inmobiliario rural, despertaron la polémica y una investigación judicial.
Ottavis desmintió esas versiones y el sábado pasado cuestionó duramente el silencio del gobernador ante las sospechas de sobornos.
Hoy, Pérez no respondió las críticas y sólo se limitó a expresar: "Ottavis fue contundente al decir que fue un chusmerío".
Ciertas o no las versiones de coimas, la victoria en la votación que consiguió el oficialismo fue casi pírrica, ya que tuvo que hacer varias concesiones ante la oposición para que haya quórum luego de dos frustrados intentos en sesiones anteriores. "Había dos requerimientos para destrabar el quórum: eliminar el cobro de ingresos brutos de la cooperativas y que el revalúo sea por decreto, y fue lo que hicimos", admitió Pérez en diálogo con radio La Red.
El gobierno bonaerense asumió el costo político con los ruralistas, que llamaron a no comercializar durante 9 días y a protestar al costado de la ruta. "Todos los sectores tienen el derecho de expresarse. Se manifestaron, pero no hubo mucha gente", señaló el jefe de gabinete.
Luego del decreto, sin embargo, la intención de Scioli es negociar con el campo para evitar que los reclamos se profundicen. "Seguimos gobernando con toda normalidad. No queremos entrar en una escalada con los sectores agrarios".
Con la ley votada el jueves, el Poder Ejecutivo pretende incrementar recursos por un total de 2485 millones de pesos al año. A estos fondos se suman los 2200 millones de endeudamiento público que autorizó la norma.
Además del aumento rural, también subirán un 20 por ciento los impuestos a los sellos y medio punto cada categoría de los ingresos brutos. Para los municipios la reforma implicará ingresos tributarios por 553 millones en el segundo semestre del año, más 200 millones derivados del financiamiento a partir de la emisión de títulos públicos
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