Satisfacción en la Corte tras la aceptación de los fallos que impiden reelecciones indefinidas

La decisión de la Corte de suspender las elecciones en Tucumán y San Juán provocó, en un principio, un tembladeral en el Gobierno y en el kircherismo que reaccionó con alta indignación y el vaticinio de escenarios apocalípticos, pero acabó con un gesto de Cristina Kirchner que aceptó resignada la derrota.

En el medio los candidatos peronistas, y los gobernadores, los que están al frente de sus territorios y ven en el fallo de la Corte una línea infranqueable, aceptaron la decisión judicial. San Juan se allanó de inmediato ante la suspensión de las elecciones; Tucumán corcoveó un poco, hasta que admitió la decisión judicial y Juan Manzur renunció a su candidatura a vicegobernador, lo que despeja el camino para levantar esta semana la medida cautelar que impide votar.

En la Corte observaron el escenario con satisfacción, y no pasó inadvertido el contraste entre las expresiones iniciales de Alberto Fernández y el ministro del Interior Wado de Pedro por un lado y la resignación con la que Sergio Uñac y Juan Manzur, por otro, terminaron por admitir las reglas del juego. La democracia es rehén de estos jueces, denunciaba el Presidente por cadena nacional, el fallo de la Corte implica una virtual intervención federal a San Juan y a Tucumán, denunciaba De Pedro, hasta que Cristina Kirchner tuiteó el viernes que los jueces “se salieron con la suya”. Sonó casi como una admisión de derrota.

En la Corte tomaron nota de estas denuncias sobre jaqueos a la democracia, federalismo amenazado y democracia rehén, pero también del tuit final de Cristina y el gesto de los gobernadores y candidatos que decidieron acatar el fallo. Manzur, supuestameente proscripto, se bajó y dejó a la causa judicial a un paso de ser considerada abstracta. Y Uñac suspendió los comicios.

El desacato a una decisión de la Corte hubiera implicado un quiebre institucional con consecuencias sobre el estado de derecho, ya que hacerlo significa romper el equilibrio entre los poderes y alterar el sistema de contrapesos con el que se rigen.

Los candidatos probaron, si era admitida la interpretación de sus constituciones por la cual podían ir sucediéndose indefinidamente como gobernador y vicegobernador para siempre, lo que les permitiría perpetuarse en el poder. Si pasa pasa, pero el intento no pasó.

La mayoría de la Corte decidió con sigilo que iba a intervenir en el caso y que no iba a dejar pasar el asunto. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, para el momento en que ingresó la medida cautelar de Tucumán, pidiendo la suspensión de las elecciones aún no tenían una decisión tomada. Era el 19 de abril. Algunos jueces –siempre cercanos a la defensa de los federalismos provinciales- estaban pensando en que se trataba ante todo de una cuestión de derecho local, que no permitía la intervención de la Corte.

La Procuración con celeridad dictaminó justamente eso, que era una cuestión de derecho local. No obstante Laura Monti, la procuradora, recordó que la Corte y había decidido ante situaciones excepcionales intervenir para invalidar los intentos de reelección de Gerardo Zamora en Santiago del Estero en 2013 y de Alberto Wertetilneck, en Río Negro y de Daniel Casas en La Rioja, ambos en 2019.

Con este dictamen en la mano, se aceleraron los tiempos. Uno de los mas duros en su idea de intervenir fue el juez Rosenkrantz. Lo dejó expuesto en el considerando 9 del fallo de San Juan (el que es citado en la sentencia referida a Tucumán). Allí Rosenkrantz por las suyas dijo por la negativa que había un intento de perpetuarse en el poder e ir contra los principios del articulo 5 de la Constitución Nacional que señala que las provincias deben dictarse una constitución bajo el sistema republicano federal. Lo hizo para aclarar que en el fallo Río Negro votó por desestimar la demanda promovida por quienes impugnaban la candidatura de Weretilneck. En aquella ocasión, dijo el recurso no era lo suficientemente sólido y que se discutía cuantas reelecciones permitía la constitución rionegrina, pero en este caso lo que estaba en juego era si era válida la postulación y reelección de Uñac y Manzur para un nuevo período, lo que hubiera permitido que se quedaran en el poder 16 años en el primer caso y 20 años en el segundo de manera ininterrumpida, ya sea como gobernador o vicegobernador. Esa idea viola el sistema republicano establecido en la Constitución Nacional.

Esa idea de Rosenkrantz es consistente con la de Rosatti y Maqueda, alienados con los federalismos provinciales, pero refractantes ante la posibilidad de la reelección indefinida contraria a la Constitución. En el considerando 8 del fallo San Juan dijeron que la suspensión de elecciones es “excepcional” y se resolvió a sabiendas de que la Constitución “garantiza a las provincias el establecimiento de sus instituciones y la elección de sus autoridades sin intervención del gobierno federal”. Pero en este caso los jueces advirtieron que “fueron afectadas disposiciones de la Constitución Nacional que hacen a la esencia de la forma republicana de gobierno que las provincias se obligan a respetar”. Por eso dijeron que “la intervención de esta Corte se torna imperiosa para que sean respetados los principios fundacionales del federalismo argentino”.

A juzgar por el sistema de consulta de causas de la Corte, el expediente casi no tuvo giro. De la pantalla nunca surgió la circulación del caso. Apenas si hay registro de su ingreso en la vocalía de Maqueda y a la secretaría contencioso administrativo. Todo se manejó con máximo sigilo entre los jueces de la mayoría, con reuniones y el pase de fotocopias y borradores. El 25 de abril con el dictamen de la Procuración, ya estaban las condiciones dadas para decidir. El fallo se conoció 10 días hábiles después, el 9 de mayo, cuando el juez Ricardo Lorenzetti ya estaba de licencia, fuera del país tras un viaje al Vaticano.

“Nosotros no pensamos en los otros, pensamos en nosotros”, podría ser el pensamiento de la Corte a la hora de dictar un fallo, y sus consecuencias política. O en la palabras que pronunció Rosatti en el encuentro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos AmCham Sumit 2023: el mismo día de la sentencia: “No vinimos a la función pública para hacer nuevas amistades”.

El fallo fue sorpresivo porque justamente se mantuvo a propósito en secreto. Cayó como una bomba en el Gobierno, que intenta romper la mayoría en la Corte y fue una sorpresa para la oposición y para los mismos que promovieron las medidas cautelares, quienes no tenían pistas de lo que iba a ocurrir.

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