Saqueos en el conurbano: punteros, zonas liberadas y un fantasma que quedó latente y revive cada diciembre crítico

Los distritos del conurbano bonaerense fueron epicentro de los saqueos de 2001. En localidades del Gran Buenos Aires se registraron escenas emblemáticas, como la del comerciante chino Wang Zhao He, que lloraba mientras le vaciaban su local, en Ciudadela. Los casos de manifestantes asesinados por dueños de mercados esparcidos por distintos municipios le sumaban dramatismo a una situación que escalaba en violencia y miedo. Sobre la situación social extrema de 2001 se montó una organización que ordenó una dinámica que se visualizaba como caótica, pero tenía por detrás la participación de punteros políticos. El rol de las fuerzas de seguridad también fue clave para la configuración del fenómeno. El influjo de los saqueos del 19 y el 20 de diciembre de 2001 no se extinguió tras esas dos jornadas, sino que dejó latente un fantasma de estallido social que se reedita cada fin de año de crisis.

Por detrás de las escenas del caos subyacía una organización que se subió a la necesidad genuina. Así lo consideran especialistas consultados por LA NACION que tienen una mirada atenta siempre puesta sobre el conurbano. Rodrigo Zarazaga, sacerdote jesuita, doctor en Ciencias Políticas y director del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) es uno de ellos. “En 2001, yo vivía en San Miguel. A un amigo de la parroquia, que repartía huevos con su carro, los vecinos le robaron el caballo, carnearon el animal y se lo comieron. El hambre desata la lucha por la supervivencia. El padre o la madre que sufre hambre, y sabe que sus hijos están sintiendo lo mismo, está dispuesto a cualquier cosa. En 2001 hubo hambre. Sobre ella, punteros, organizaciones políticas e, incluso, pequeñas bandas delictivas, organizaron saqueos”, señala Zarazaga.

“No suceden espontáneamente. Por ejemplo, hacían correr el rumor de que en tal supermercado o en tal almacén iban a repartir comida y, una vez allí, arrojaban la primera piedra. Eso era acercar un fósforo a un polvorín. He visto papeles escritos a mano que indicaban la hora y el lugar donde había que juntarse. La gente, desesperada, acudía. La pregunta, entonces, es quiénes fueron los culpables de los saqueos: ¿los que tenían hambre, los punteros, o los que llevaron al país a esa situación?”, completa el director del CIAS.

Presencia de punteros y un rol particular de las fuerzas de seguridad son los elementos que combina Javier Auyero, sociólogo y docente de la Universidad de Texas, en su análisis sobre los saqueos en el conurbano. “Hay dos factores importantes. Por un lado, el papel que cumplieron algunos dirigentes políticos en la promoción, inhibición o canalización del daño físico a objetos y personas. Si uno examina minuciosamente las acciones específicas de ciertos activistas barriales (entonces llamados punteros políticos) y las redes específicas que movilizaron durante los saqueos de diciembre 2001, se puede ver claramente que hay una intersección e interacción muy profunda entre la política partidaria, tal y como funcionaba en ese momento, y la violencia popular que se registró. Por otro lado, si hacemos memoria, recordaremos que las más grandes cadenas de supermercados estuvieron llamativamente ausentes de la lista de negocios saqueados por lo que los principales periódicos describieron como ‘multitudes furiosas y hambrientas’. Numerosos informes coinciden en que la Policía Federal y las policías provinciales tuvieron particular cuidado cuando se trató de proteger los locales de Carrefour y Auchan, de propiedad francesa, y Norte, de propiedad estadounidense, a la vez que se creaban lo que activistas populares llaman ‘zonas liberadas’ alrededor de los negocios pequeños y medianos”, explica Auyero.

Para Jorge Ossona, historiador y miembro del Club Político Argentino, en los saqueos de diciembre de 2001 confluyeron “la penuria económica de millones de ciudadanos y la productividad probada de su administración según modalidades visibles y subterráneas, ambas resultantes de la revolución social que se viene sustanciando desde, al menos, mediados de los 70 y que prosigue su curso”.

Ossona elige describir con dos escenas esos momentos críticos que fueron el preludio del desenlace del gobierno de Fernando de la Rúa. “Desde un club deportivo, diversos contingentes vecinales se organizaron encabezados por militantes de choque para saquear, por la mañana, locales debidamente sindicados por las autoridades policiales por no aportar ‘las contribuciones’ correspondientes. Por la tarde, el movimiento se dirigió a un gran supermercado de un distrito aledaño. Pero sus dueños ‘tomaron el toro por las astas’ distribuyendo ‘colaboraciones’ entre cientos de falanges de otras barriadas. Se llegó tarde, se recolectó poco y terminó pagando las consecuencias una carpintería a la que le arrancaron hasta los sanitarios”, ejemplifica.

“En otro barrio, el radio pasillo fue preciso: la arteria comercial quedaría liberada desde las 12 hasta las 16, porque a las 16.30 habrían de arribar las fuerzas de la infantería a ‘reimplantar el orden’. Por allí trascurría dos veces por semana una feria, de modo que los movimientos previos al saqueo parecían los propios de un día de mercadeo. Luego, y como en el caso anterior, los punteros procedieron al saqueo solo de los locales ‘habilitados’”, grafica Ossona. Tras ello, añade que “la contrainteligencia policial hizo circular el rumor de la llegada de contingentes de barrios vecinos en procura de su botín”, a lo que prosiguieron barricadas y el encierro de los vecinos en sus casas.

Un escenario distinto en el conurbano, fundamentalmente a partir de la presencia estatal a través de planes sociales -pero no solo por ese ingrediente-, modifica el terreno actual para un estallido social de las dimensiones del registrado hace 20 años.

“La pobreza y la marginalidad, como bien señala el sociólogo Matthew Desmond, no son simplemente condiciones económicas, sino una ecología vinculada de enfermedades sociales e instituciones rotas. Esa ecología se ha transformado muy profundamente en las últimas dos décadas. Se ha deteriorado la relación de los sectores más bajos de la estructura social con el mercado formal de trabajo, ha emergido una vasta economía popular cuyo funcionamiento estamos apenas comprendiendo y, al mismo tiempo, el Estado hoy está mucho más presente en los márgenes, no solo con la presencia de planes sociales sino con la actuación de su brazo punitivo, convirtiendo a la prisión en una institución más en la vida cotidiana de los sectores más desposeídos”, advierte Auyero.

“La presencia ilícita del Estado en los márgenes urbanos ha cobrado una dimensión mucho más central (como lo demostramos en un reciente libro con Katherine Sobering, Entre narcos y policías). Es un escenario, en varios sentidos, muy diferente al de 2001″, agrega el sociólogo.

Los programas de ayuda estatal y el surgimiento de un actor que no estaba presente en 2001, como los movimientos sociales, transformaron el ambiente. “En ese entonces, la gente caminaba por la cuerda floja sin red de contención. Dos fenómenos configuraron un escenario completamente distinto en la década siguiente: una enorme inversión en protección social y diversos canales de mediación a los sectores más vulnerables. La Argentina y Brasil son los dos países de América Latina que gastan el mayor porcentaje de su PBI en protección social. El kirchnerismo produjo una gran ampliación de esta protección, principalmente, con las pensiones no contributivas y con la Asignación Universal por Hijo. Y se consolidaron los movimientos sociales como vehículo de mediación para los trabajadores informales y los desocupados”, explica Zarazaga.

Pero, dos décadas después, diciembre sigue marcado con rojo en el almanaque de la política. El fantasma de los saqueos sobrevive y cobra nuevos bríos en cada fin de año crítico en la Argentina. Y el conurbano se mira de reojo como un foco de conflicto difícil de contener.

Desde el punto de vista de Ossona, “durante los años siguientes [a 2001], la recuperación económica impulsada por la demanda china de la soja anestesió la memoria de la nueva versión de nuestra destreza para jugar con fuego”, y se dejó de lado la disciplina macroeconómica para “ponerle plata en el bolsillo a la gente mediante un menú de subsidios financiados con dos nuevos saqueos desde arriba: el de los fondos de pensiones y jubilaciones privadas, y el de las reservas del Banco Central”. En paralelo, el historiador señala que “se prometió a los carecientes su reintegración formal mediante un ingenioso diseño de cooperativas que no resultaron ser sino una perversa conjunción de propaganda y clientelismo perfeccionado”.

“El programa circular se pone en marcha cada diciembre, en medio de una recesión que lleva una década. A las amenazas subliminales de referentes territoriales o movimientos sociales instalados en las burocracias municipales, se responde mediante el ‘descenso’ de ingentes bolsas de alimentos, chapas, materiales de construcción, electrodomésticos y demás atenciones. Colofón del gen de la cultura política administrativa de la penuria: la extorsión recíproca”, concluye Ossona.

Zarazaga destaca la característica de mes demandante que tiene diciembre, con la particularidad de las fiestas y sus gastos. “Es el momento del año con mayor demanda social. Por eso, el Gobierno otorga un bono, pisa el precio de la carne y adelanta pagos. La protección social que tenemos hoy y el rol de los movimientos sociales configuran un escenario completamente distinto al de 2001. No veo conflicto para las fiestas. Incluso, a futuro, creería que puede haber más conflictividad con una clase media golpeada que con otros sectores”, avisa el sacerdote y director del CIAS.

La clave política del “fantasma” del estallido social es fundamental para Auyero que, a la hora de analizar este punto, considera: “La violencia colectiva, como la que se puso de manifiesto durante los episodios de 2001, nunca es espontánea sino que fluye más o menos mediadamente de procesos políticos. El historiador Charles Tilly dijo que, a lo largo de la historia, quienes buscaron ‘tomar, retener, o reequilibrar las palancas del poder, han recurrido a la violencia colectiva como parte de sus luchas’ y que ‘los oprimidos lo han hecho en nombre de la justicia; los privilegiados en nombre del orden; los del medio, en nombre del miedo’. Esa afirmación mantiene su vigencia para entender cómo lo que algunos llaman ‘fantasma’ puede ser movilizado y/o utilizado políticamente, y cómo se reacciona frente a ese espectro. No creo que sea secreto para nadie que hoy la amenaza de violencia colectiva es una moneda que se juega al interior del campo político. Quien pueda generar o controlar esa fuerza puede acumular más capital político”.

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