Santiago Caputo es empleado, pero no del Estado: ahora tiene nuevo trabajo en el sector privado

Santiago Caputo empezó a trabajar formalmente, pero no para el Estado. En una extraña movida, formalizó un empleo con una empresa justo cuando cruzaba por primera vez las puertas que trabajó para abrir durante meses y meses de campaña: las de la Casa Rosada. Mientras empezaba la labor más importante de su vida, como el arquitecto del “primer gobierno libertario”, se opuso a plasmarla en un contrato. Eludió, de esa manera, las limitaciones del empleado o funcionario por ética pública y, sorpresivamente, en paralelo, se lanzó a un nuevo emprendimiento y comenzó una relación de dependencia con una empresa agropecuaria. Cuándo tiene tiempo para cumplir con su cargo no oficial y para trabajar -en simultáneo-, en otra compañía, es una de las tantas incógnitas de su situación laboral.

Fuentes cercanas a Caputo dijeron a LA NACION que al no ser funcionario público, prefiere no comentar sobre sus temas personales.

Por qué no trabaja para el Estado cuando controla gran parte de él, es una interrogante que genera inquietud, por tratarse de una de las personas más influyentes en todo el esquema de gobierno y de poder del oficialismo.

No sólo no está sujeto al régimen de funcionario público, que implica presentar declaraciones juradas disponibles online e incompatibilidades propias de la ley de ética pública, sino que tampoco es empleado en relación de dependencia del Poder Ejecutivo. Ni de ningún poder. Pese a su designación en el Boletín Oficial el 30 de enero, Caputo no figura como trabajador formal del Gobierno en las bases de datos de Anses, actualizadas al 21 de agosto de 2024, ocho meses después de la resolución que lo confirmó como asesor en la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de Karina Milei.

La sorpresa es que consiguió su primer trabajo en blanco en enero, pero no en la gestión libertaria. El 1 de enero de este año, apenas 20 días después de que asumiera La Libertad Avanza en la Casa Rosada, Caputo empezó a trabajar formalmente para una empresa llamada Zefico. Se trata de una sociedad constituida por Pablo Costa, padre de uno de sus íntimos amigos de su infancia, Lucas Costa, y amigo de su padre (fallecido), Claudio Caputo, que era su escribano.

Se conocieron porque la familia Caputo tenía casa en el barrio privado Martindale, en Pilar, al igual que los Costa. Esta familia tiene campos y se dedica al negocio agropecuario, especialmente a la compra y venta de granos como soja, maíz, trigo y ganado. Incurriría en una hipotética incompatibilidad al cobrar de una empresa que se dedica al agro y ser, al mismo tiempo, de las primeras personas que podrían enterarse de medidas claves para el campo, como una devaluación o una baja de retenciones.

Al no ser funcionario, no incumple la ley ni incurre en incompatibilidad por el mero hecho de no estar designado formalmente. Esta situación es descripta como muchos como una verdadera laguna normativa en el plexo de leyes y regulaciones relativas a la ética pública. ¿Qué pasa cuando un individuo controla y toma decisiones gubernamentales de manera expresa y evidente, pero no tiene un cargo?

Zefico, su empleador, no tenía movimientos ni tampoco un solo trabajador hasta que contrató a Caputo. Según fuentes que conocen este vínculo, la sociedad se constituyó para poner a su nombre las propiedades rurales de la familia, mientras que otra, Camalu SA, también bajo la titularidad de Pablo Costa y en la que trabajan sus hijos, concentra las operaciones comerciales del negocio. Hoy, su único empleado registrado es el “asesor presidencial”.

Según la resolución de enero, Caputo comenzó a trabajar bajo un régimen de prestación de servicios profesionales autónomos. Es posible que, como muchos empleados del Estado hace décadas, facture a la Secretaría General su trabajo como asesor.

Además, en los últimos meses hubo cambios significativos en su perfil de contribuyente. Frente a la AFIP, hasta diciembre, era monotributista categoría B (la segunda más baja, con una facturación mensual máxima aproximada de $175.000). Desde enero, subió a la F que, con las actualizaciones hechas a partir de la reglamentación de la Ley Bases, le permite facturar hasta $24,25 millones por año, unos $2 millones por mes.

Según la AFIP al 17 de agosto, también está activo en la tercera categoría de Ganancias, desde enero de este año. La categoría en la que se encuentra es de relevancia, porque si tan sólo percibiera un sueldo de Zefico (que es una sociedad anónima), tributaría en la cuarta categoría por su relación de dependencia y servicios profesionales. Pero, en su caso, su categorización implica que percibe ingresos adicionales, por fuera de un salario.

La alternativa para darse esta situación tributaria es que Caputo, además de estar empleado por Zefico, tenga a su nombre una sociedad irregular, unipersonal o de hecho, cosa que hasta esta edición, no figuraba ante AFIP.

En la foto general, como contribuyente, reporta ingresos como empleado, pero también que percibe dinero por su participación societaria en alguno de estos casos. Las personas físicas que están inscriptas en esta categoría pagan el tributo producto de actividades comerciales independientes, la titularidad de una empresa unipersonal (no es su caso), servicios profesionales si se prestan dentro de una estructura comercial o como parte de una empresa, en algunos casos.

El hecho de que la empresa solamente pague contribuciones patronales por él, y no otras cargas (como aportes a la seguridad social o a la obra social), abona que este sería el caso. Fuentes cercanas a la familia Costa indicaron que Caputo “participaba” como director desde antes, aunque no hay ningún acta disponible que de cuenta de su designación.

LA NACION consultó a Pablo Costa, el dueño de la empresa, por esta situación. Prefirió no dar respuestas, pero indicó que quien se encarga del día a día actualmente es su hijo, que tampoco ofreció respuestas. Caputo no hizo comentarios ante la consulta de este medio.

Caputo nunca había registrado antes una relación de dependencia. En informes públicos no figura que sea titular de una tarjeta de crédito a su nombre y los sistemas bancarios del país no reportan movimientos crediticios con él como titular, como sería tomar una deuda.