Santa Cruz le pide al Gobierno investigar un presunto pedido de coimas en una operación de Yacimientos Río Turbio
El gobernador Vidal solicitó que se investigue un eventual “cohecho” que impidió una compra de carbón a la minera, incluida por la Casa Rosada entre las empresas a privatizar
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LA NACION
Considerada por el gobierno de Javier Milei como un lastre, generadora de gastos para el Estado y pasible de privatización, la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) es otra vez motivo de controversias. El gobierno de Santa Cruz, que encabeza Claudio Vidal, se mostró sorprendido y repudió un presunto pedido de coimas de dos intermediarios entre la minera y la empresa Tegi Limited, pedido que habría dado por tierra con una operación de compra de carbón que podría haber generado ingresos para el Estado nacional y la provincia patagónica.
Luego de despegarse de “una posible comisión del delito de cohecho en la operación de venta de carbón de YCRT a la compañía Tegi Limited”, el gobierno santacruceño reconoció que “la empresa viene sufriendo por años y años de actos de corrupción”.
“No los toleramos antes, no los vamos a tolerar ahora”, afirmó el gobierno de Vidal, y pidió a la Justicia que “inicie de inmediato un proceso de investigación y esclarezca la posible comisión de los delitos, así como la cadena de responsabilidades, desde las personas involucradas en forma directa, como de las que dieron las órdenes políticas”.
En una mañana de silencio como denominador común, ni la Casa Rosada, ni la Secretaría de Energía –que depende del Ministerio de Economía–, ni la Cancillería dieron a conocer a este diario la opinión del Gobierno en relación al caso. En el caso de la Cancillería dijeron desconocer las negociaciones, y otros funcionarios prometieron compartir la opinión de la administración sobre el caso, aunque hasta el cierre de esta nota no habían cumplido con la promesa.
Según una publicación del diario Clarín, la empresa Tegi (con sede central en Dubai según su página web y supuestos capitales israelíes) tenía muy avanzada la compra de carbón de baja calidad a la minera, unas 30.000 toneladas a un precio de US$2,1 millones. Pero la operación se habría frustrado cuando dos brokers, Andrés Gross y Alejandro Salemme, exigieron una “comisión” para acelerar la operación. Los directivos de Tegi se negaron, y la empresa estatal, conducida por el interventor Thierry Decoud, se quedó sin la inversión pactada.
Al promediar la tarde, fue la propia YCRT la que sentó posición. Allí, y dando una visión diferente, la minera afirmó que se rechazó la oferta de Tegi “por no cumplir con el valor, condiciones de pago y otras contractuales como daños liquidados, competencia en caso de controversias, costos y gastos, penalidades, condiciones de transporte y determinación de cantidades”.
Y en referencia a un “audio que tiene como protagonistas a dos brokers (representantes) de la empresa Tegi y que correspondería a la grabación de esa reunión privada que tuvo lugar hace más de dos meses”, citada por Clarín, YCRT afirmó que “ninguno de los protagonistas de ese encuentro tiene vinculo ni contrato” con la minera estatal. En la grabación, los intermediarios se presentan como vinculados a la minera, no a Tegi. El interventor Decoud, de buen vínculo con dirigentes de Pro, habría llegado a ese puesto por recomendación de Nicolás Posse, primer jefe de gabinete de Milei.
Mientras aclara que “se siguen recibiendo ofertas, analizando cada caso como así también rechazando si correspondiera”, desde YCRT plantearon dudas por la difusión de esas conversaciones “que tienen una clara intención de entorpecer el proceso de venta de carbón que continúa abierto”. Pero no dieron nombres ni señalaron a los culpables de esa presunta maniobra.
Los intermediarios, en tanto, reconocieron las gestiones, aunque negaron haber cometido delito alguno. “Soy un cuatro de copas que quiso que no lo puentearan”, recalcó el intermediario Gross a Clarín, en una admisión, al menos, de su intermediación ante la empresa. Desde la embajada de Israel en Buenos Aires, en tanto, afirmaron a LA NACION que desconocían el caso, y expresaron desde su departamento comercial que “no les consta” que la empresa sea israelí.
Detrás de la denuncia de presuntas coimas subyace la discusión sobre qué hacer con la empresa. El gobierno de Santa Cruz, que se resiste a su privatización, afirmó en su comunicado que la producción de carbón se “está recuperando”, y pidió al Gobierno que “actúe con la mayor firmeza sobre los funcionarios y las personas involucradas”. La gestión de Milei, en tanto, incluyó en la ley Bases a YCRT entre las empresas a ser privatizadas, junto a Intercargo SAU, Enarsa y Nucleoelétrica Argentina. Fuentes oficiales estimaban que el escándalo podría acelerar ese proceso de privatización.
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