Sancionó Diputados la ley laboral del Gobierno

La Cámara de Diputados cumplió ayer, luego de un extenuante debate, con el deseo del presidente Néstor Kirchner: derogó en general, y se aprestaba a hacerlo en particular, la cuestionada ley 25.250 de reforma laboral, sancionada por el Congreso durante el gobierno de la Alianza, hacia abril de 2000, y sospechada de haberse aprobado bajo el pago de sobornos.

La Cámara baja aprobó, con 215 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención, la denominada ley de reordenamiento laboral, consensuada por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, con las tres centrales sindicales y la Unión Industrial Argentina (UIA).

Al filo de la medianoche, los diputados discutían en particular los 46 artículos de la norma, aunque todo indicaba que el PJ iba a lograr la aprobación de la ley sin modificaciones, tal y como provino desde el Senado.

El PJ logró imponer su mayoría para rebatir cada uno de los cuestionamientos de la oposición, que esta vez actuó dividida: los legisladores de la UCR, de centroderecha y el Interbloque Provincias Unidas, que lidera Adolfo Rodríguez Saá, apoyaron la derogación, aunque plantearon críticas al proyecto oficial. ARI, los socialistas, el diputado de la CTA, Claudio Lozano, y la Izquierda Unida impulsaron, sin éxito, la nulidad de la ley laboral.

En sus principales puntos, la nueva ley laboral reduce de seis a tres meses el período de prueba para los nuevos trabajadores, sin obligación a indemnización laboral alguna por parte del empleador y establece un régimen único de preaviso para todos los empleados, sin distinción.

En cuanto a los convenios colectivos de trabajo, incluso los celebrados bajo la vigencia de la ley anterior, se establece que éstos continuarán vigentes o ultraactivos hasta que uno nuevo lo reemplace. También continúan las exenciones de aportes patronales que prevé la ley anterior, y se establece un tope a las indemnizaciones en caso de despido (ver infografía).

Debate extenuante

El debate en general por la ley laboral comenzó apenas pasado el mediodía, y se extendió hasta las 22.15, tras diez horas de sesión.

El encargado de defender la postura oficial fue el diputado Saúl Ubaldini (PJ-Buenos Aires), quien definió la ley laboral como "una primera etapa en el camino de la recuperación de los derechos del trabajador", y desmintió que se tratase de una ley antiempresarial.

Ubaldini, ex titular de la CGT, reconoció que es una ley "perfectible", pero justificó la necesidad de su aprobación a raíz de "los momentos difíciles que vive nuestra patria".

El diputado duhaldista Alfredo Atanasof (PJ-Buenos Aires) complementó la postura de Ubaldini y aclaró luego que "la definición pone fin a un proceso de flexibilización que tanto denostamos, que no sirvió para atacar el desempleo".

El jefe del bloque peronista, José María Díaz Bancalari (Buenos Aires), afirmó, en un encendido discurso, que "si bien es cierto que debe revisarse todo el derecho laboral argentino, por una cuestión de autoestima no debemos permitir la vigencia, por un segundo más, de esta norma".

La radical Margarita Stolbizer (Buenos Aires) resumió el espíritu con el que la UCR llegó al recinto: defendió la derogación de la norma aprobada durante la gestión del presidente Fernando de la Rúa y planteó una severa autocrítica.

"Defraudamos al conjunto de los argentinos, nos defraudamos a nosotros mismos en nuestras convicciones", afirmó la diputada, para quien la obligación de la UCR, "con humildad", dijo, era apoyar la derogación, aunque planteara su disconformidad con varios artículos de la norma laboral.

El diputado Guillermo Alchouron (AR-Buenos Aires) se manifestó por la derogación de la ley "por el trámite irregular que había tenido oportunamente en el Senado", pero se mostró en desacuerdo con el nuevo proyecto."Consideramos que no es el momento para acentuar la rigidez de los contratos laborales en la Argentina", señaló.

En el mismo sentido, el macrista Federico Pinedo (Compromiso por el Cambio-Buenos Aires) cuestionó la ultraactividad que propone la norma y destacó que la nulidad de la ley era imposible, dado que es la Justicia, y no el Congreso, la que puede anular leyes.

Con su habitual énfasis, el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá (FMP-San Luis) definió la derogada norma como "una ley vergonzosa para la vida de la República" y dijo que aprobaba su reemplazo "con convicción y con felicidad".

También dedicó un tiro por elevación al Gobierno y afirmó, casi a los gritos, que "ojalá que cuando el FMI apriete por los pagos, tengamos el coraje de defender los derechos de los argentinos".

Más tarde, dedicó una amplia sonrisa al diputado Luis Zamora (AyL-Capital), cuando éste lo acusó de haber "pagado puntualmente" al FMI durante su breve gestión al frente del Poder Ejecutivo.

El diputado por ARI Alberto Piccinini (Santa Fe), dirigente del gremio metalúrgico, enfrentado históricamente a Lorenzo Miguel, fue el primer encargado de defender la postura de la nulidad de la ley: "Es nula por violar el mandato de la Constitución, a contramano de los derechos de los trabajadores".

Compra de votos

El socialista Jorge Rivas (PS-Capital) fue más enfático."Aunque fuera una norma progresista y justa habría que anularla porque fue obtenida mediante la compra de los votos de los legisladores", aclaró.

Para Claudio Lozano (Emancipación y Justicia-Capital), "este debate es una ficción parlamentaria, porque no permite modificar los aspectos del proyecto que podían ser mejorados. Hay dos aspectos que esta iniciativa no toca: la cuestión del empleo -el país todavía tiene el 21,4 por ciento de desempleo- y la distribución equilibrada del ingreso", reclamó el legislador.

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