Salvo Benedit, los libertarios que visitaron a represores presentaron un descargo para explicar su accionar y se dilata una posible sanción leve

Cinco de los seis diputados libertarios que visitaron a represores condenados en el penal de Ezeiza presentaron un descargo por escrito en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja, en la previa de una eventual sanción. Salvo Lourdes Arrieta, que volvió a ratificar la versión que la eyectó del oficialismo, el resto justificó su accionar como parte de una “visita humanitaria”. Beltrán Benedit, el organizador de la visita, no solo no emitió una explicación, sino que, además, se ausentó de la comisión.

En tanto, la santafesina Rocío Bonacci, quien se despegó de sus colegas y evitó fotografiarse con los represores, matizó las acusaciones que había realizado contra sus compañeros, a los que les había reprochado haberla “engañado”. Esta vez, esquivó la confrontación con los miembros de su bloque y dejó en claro que “nada de esto es parte de la agenda del presidente [Javier] Milei”.

Eso sí: Bonacci reveló que después de haber presentado un proyecto para derogar la ley del aborto, el Poder Ejecutivo determinó que “todas las iniciativas parlamentarias del bloque oficialista” tendrían que ser coordinadas con el equipo del secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar de Marchi. Y concluyó: “Parece evidente que el denominado Grupo Milit [de WhatsApp, donde se organizó la visita] y este viaje a Ezeiza han escapado a esa lógica de orden partidario”.

Como los descargos fueron recibidos por las autoridades de la comisión minutos antes del comienzo de la misma, tanto Silvia Lospennato (Pro), su presidenta, como referentes de la oposición, como Karina Banfi (UCR), solicitaron tiempo para analizar los textos y tomar una determinación. La discusión pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima semana.

Pese a la insistencia de los kirchneristas, tanto el oficialismo como los diputados de Pro y la UCR no mostraron entusiasmo alguno por iniciar una investigación. Todo lo contrario. Lospennato explicó que su comisión no tiene facultades investigativas. “Solo la tiene la Comisión de Juicio Político”, enfatizó.

Lospennato, que protagonizó un duro cruce con la diputada kirchnerista Vanesa Siley, agregó que si bien la Cámara baja puede crear una comisión investigadora, esta tiene que constituirse por ley, es decir, con el aval del recinto. El kirchnerismo y la izquierda no tienen la mayoría para imponer este criterio, y el oficialismo como sus aliados lo saben.

Los descargos

María Fernanda Araujo y Guillermo Montenegro emitieron una explicación en conjunto. Allí, se despegan de las acusaciones y dictaminan: “Entendemos que nuestra actividad se haya tornado polémica, pero nuestro interés principal es y ha sido la garantía de la Constitución Nacional”. Aseguraron que “en ningún momento buscamos interferir en procesos judiciales ya concluidos por la justicia o en curso, en un pleno convencimiento del respeto a la división de poderes”.

La aclaración, en esos términos, pareció buscar distancia de la posición sostenida por el entrerriano Benedit, que tanto en chats internos como en contactos posteriores con los medios no dudó en señalar que los genocidas a los que visitaron en Ezeiza eran “excombatientes”, que habían sido condenados con “cargos inventados” por parte de “terroristas” que “hoy se erigen en jueces y fallan en función de la venganza, la ideología y el negocio”. Benedit no solo afirmó que Javier Milei sostenía las mismas intenciones, sino que advirtió que iban a denunciar a los jueces que encarcelaron a represores.

Los represores a los que visitaron fueron Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason, Gerardo Arráez, Honorio Martínez Ruiz, Agustín Oyarzabal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario Marcote, Miguel Ángel Britos, Adolfo Donda y Antonio Pernías, entre otros condenados por crímenes de lesa humanidad.

Con un tono más jurídico, la diputada Alida Ferreyra se pronunció en la misma línea que Araujo y Montenegro. “No existe razón alguna para recibir una sanción por cuanto no infringí norma alguna”, consignó.

El escrito de Arrieta fue el más extenso, de 23 páginas. En él, la mendocina volvió a detallar la denuncia que presentó en la Justicia y solicitó una prórroga para la ampliación de su descargo. “Ello a los fines de poder brindar mayores detalles, como así también ampliar en razón de lo que pudieran exponer el resto de las personas vinculadas con la visita”, señaló.

La presentación de Bonacci es, quizás, la que presenta un giro respecto de sus palabras previas. Después de que estallara el escándalo, a fines de julio, la legisladora rompió el silencio y no solo sugirió que la iniciativa tuvo el aval de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, sino que además evaluó su salida del bloque oficialista. En esa oportunidad llegó a decir en una entrevista televisiva: “Yo recibí una invitación por parte de un colega y de hecho confié, que creo que ese fue mi mayor error, parece absurdo decirlo, primero porque era una vista con un buen objetivo de fondo, y segundo porque aparentemente tenía el ok de Menem y de Casa Rosada, de que esta visita estaba ok”.

No obstante, en esta ocasión Bonacci suavizó sus palabras y liberó a Menem, a su sobrino y secretario Sharif Menem, y al jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, de cualquier culpa y cargo. “Toda vez que el funcionario Sharif Menem estuvo encargado de recolectar los datos de los pasajeros de la ya famosa combi, y entendiendo que el presidente de la Cámara podría tener información, recurrí a él, pero me expresó su desconocimiento respecto al tema. Busqué respuesta dentro de la jefatura de mi bloque, pudiendo obtener recién una respuesta similar tres semanas después, por parte del presidente. Por lo cual, entendí que las acciones llevadas a cabo por los diputados Benedit, Montenegro y Ferreyra son autónomas y fuera de la línea partidaria y del bloque”, consideró.

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