Salen más datos a la luz sobre el misterioso matrimonio con pasaporte argentino acusado de espiar para Rusia en Eslovenia

El matrimonio nacionalizado argentino que fue detenido en Eslovenia por presunto espionaje internacional a principios de diciembre se encontraba bajo seguimiento del servicio de inteligencia de ese país desde hacía semanas o, incluso, meses, según surge de información que comienza a salir a la luz.

La Agencia Eslovena de Inteligencia y Seguridad (SOVA) comenzó a seguir a Ludwig Gisch y María Rosa Mayer Muños –cuyos hijos son argentinos nativos– a partir de una alerta que recibió de otra agencia europea y que, según algunos medios eslovenos, sería el Servicio de Inteligencia Federal (BND), la rama internacional del espionaje alemán.

El seguimiento de Gisch –quien dijo haber nacido en Namibia antes de radicarse en Buenos Aires– y Mayer Muños –griega de nacimiento, según la documentación que presentó a las autoridades al solicitar la ciudadanía argentina– habría comenzado a partir de la caída en Europa de otro “topo” del régimen de Vladimir Putin.

En la misma línea, y como fueran fichas de dominó, la detención de Gisch y Mayer Muños en Ljubljana, la capital del país, llevó al siguiente eslabón. A través de los canales de Europol, la Policía Eslovena alertó a su contraparte griega que habían detenido a una mujer que sostenía haber nacido en Atenas y ese reporte colocó a los agentes griegos en la senda para destapar a otra espía rusa, Irina Alexandrovna Smireva, quien se movía con una falsa identidad, María Tsalla, y decía ser fotógrafa.

“La Agencia coopera de manera muy estrecha con las fuerzas de seguridad eslovenas como también con los servicios y autoridades de la Unión Europea y la Organización del Atlántico Norte (OTAN)”, indicó la vocera de SOVA, Jana Hibler, ante la consulta de LA NACION, que también confirmó el rol de sus agentes en el operativo, pero evitó entrar en detalles por las limitaciones legales. “La Agencia recolecta y evalúa información de inteligencia sobre las actividades de los servicios de inteligencia extranjeros, o sus miembros, en el territorio de la República de Eslovenia”, abundó.

Dadas esas restricciones legales, Hibler respondió en términos que calificó como “generales”, sin entrar en detalles sobre el seguimiento que desarrolló la SOVA al matrimonio que ingresó a Eslovenia poco antes de la pandemia de Covid-19 y se movió luego por Europa con pasaportes argentinos auténticos, los mismos documentos que también utilizó cada vez que retornó a la Argentina durante los últimos años.

En ese sentido, Hibler indicó que, si “en el desarrollo de sus funciones, la Agencia establece que hay existen indicios para sospechar que una determinada persona ha cometido o está cometiendo o está organizando una ofensa criminal, debe notificarlo al director general de Policía y al fiscal competente”. Y eso es lo que ocurrió.

El 5 de diciembre pasado, fuerzas especiales de la Policía eslovena irrumpieron en las oficinas de Gisch y Mayer en la capital del país, como también allanaron la casa que compartían con sus hijos de 7 y 9 años –LA NACION se reserva sus nombres por tratarse de menores de edad–, para luego trasladarlos a una celda, donde quedaron incomunicados a disposición de la fiscal jefa en Ljubljana, Katarina Bergant.

Silencios y cuestionamientos

A partir de la detención de sus padres, los hijos quedaron bajo la tutela del gobierno esloveno, a la espera de una definición, ya sea que Moscú reconozca que sus padres trabajaban para su servicio de inteligencia en el exterior (SVR), bajo las órdenes de Sergey Naryshkin, o que algún familiar de Gisch o Mayer Muños se presente en Ljubljana y solicite la custodia de esos chicos, lo que hasta ahora –transcurridos casi cuatro meses y medio desde los arrestos– no ocurrió.

Sí ocurrió, en cambio, que la labor de la Agencia Eslovena de Espionaje afrontara algunos cuestionamientos cuando se filtró la detención del matrimonio en la prensa de ese país –enclavado entre Austria, Italia, Croacia y Hungría–, lo que llevó a un pedido de explicaciones de la Comisión Parlamentaria para el Control de los Servicios de Inteligencia y Seguridad (Knovs).

Los parlamentarios que integran esa comisión desarrollaron, incluso, una visita imprevista a las oficinas de SOVA y preguntaron, en particular, cómo se produjo y por qué trascendieron datos sobre los que definieron, sin matices, como “agentes rusos”, según difundieron tras el encuentro en un comunicado oficial.

Para la Policía eslovena tampoco quedan dudas sobre Gisch y Mayer Muños, quienes deberían afrontar un juicio que podría terminar en una condena por hasta ocho años de prisión. “Los sospechosos son miembros de un servicio de inteligencia extranjero que estaban residiendo y hacían negocios en Eslovenia bajo identidades falsas, basados en documentos de identidad que obtuvieron ilegalmente”, dijo la vocera policial, Maja Ciperle Adlešič, a LA NACION. “Estaban desarrollando actividades encubiertas de inteligencia en Eslovenia para beneficio de un servicio de inteligencia extranjero”.

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