Salario universal: los movimientos sociales esperan señales y piden participar en su diseño

Al tanto de la intención del Gobierno de crear un "salario universal" frente a la grave situación económica y social, los movimientos sociales afines al oficialismo adelantan su apoyo, pero esperan señales para participar en el diseño de la ayuda y tienen miradas distintas sobre la implementación y la continuidad de los planes sociales. Mientras que desde el Polo Obrero rechazan de plano la idea, al considerarla "trabajo precarizado", la pata social de Juntos por el Cambio espera "que no sea sólo un anuncio".

"Apoyamos plenamente un salario universal, pero no creemos que sea la panacea de la lucha contra la pobreza, que es un problema con muchas dimensiones", dijo a LA NACION el diputado nacional y dirigente de Movimiento Evita Leonardo Grosso, integrante del interbloque del Frente de Todos (FDT) en el Congreso Nacional.

Con una mirada opuesta, Eduardo Bellaboni, referente del Polo Obrero, lo consideró "otro plan social". "No nos vamos a engañar. Aunque digan que es un plan con trabajo, es trabajo precarizado. Es reemplazar tareas que tendrían que hacer los municipios, y para la gente es un ingreso de miseria. Está en la órbita del asistencialismo de emergencia, es muy elemental, y no tiene nada que ver con la reactivación económica", dijo.

En abril, Bellaboni le propuso al ministro Daniel Arroyo la creación de un seguro de desempleo de alrededor de 30 mil pesos que alcanzara a 14 millones de personas. Finalmente, el Gobierno lanzó el IFE, de 10 mil. "Si se divide el monto entregado por el IFE en los 100 días que llevamos de cuarentena, da 50 pesos por día, por familia. Es la confesión más clara del Gobierno de que no tienen expectativas de reactivación económica", opinó, en diálogo con LA NACION.

Este año, estiman los analistas, la cifra de pobreza superará el 50 por ciento y en el Ministerio de Desarrollo Social consideran que la Asignación Universal por Hijo (AUH) -que reciben cuatro millones de personas-; los planes sociales como Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario -que alcanzan a 600 mil- y el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) -9 millones-, no serán suficientes para paliar las consecuencias sociales de la crisis.

En este contexto, el Gobierno comenzó a evaluar la creación de un ingreso universal y analiza distintas propuestas. Las primeras le llegaron a través del titular del Banco Nación y referente de Unidad Popular Claudio Lozano, y del expresidente Eduardo Duhalde, respectivamente. Y la semana pasada tanteó opiniones entre algunos referentes sociales.

Si bien los detalles del proyecto aún están "verdes" (como dicen desde Desarrollo Social), poco después de conocer la idea, algunos movimientos acercaron sus ideas al Gobierno. Desde el Frente Patria Grande, que conduce Juan Grabois, le entregaron a Arroyo un borrador de su proyecto de ingreso universal, que propone llegar a 10 millones de personas. A diferencia del IFE, el plan no se distribuiría por hogar, sino por persona. Es decir, que podrían recibirlo varios miembros de un grupo familiar, y se complementaría con la AUH.

La iniciativa, diseñada por el diputado nacional y economista Itai Hagman, estaba en la agenda de Grabois, quien forma parte del Frente de Todos (FDT), desde antes de la pandemia, pero al conocer las intenciones del Gobierno, aceleraron los tiempos. Según sus cálculos, el salario universal debería representar una inversión del 2 por ciento anual del Producto Bruto Interno (PBI) y el monto sería equivalente a la canasta básica alimentaria, es decir, seis mil pesos.

El rol

Algunas de las propuestas bajo escrutinio del Gobierno proponen que la nueva iniciativa "absorba" los otros planes, lo cual les restaría influencia a los movimientos sociales, encargados de repartirlos y organizarlos en los barrios donde se los necesita.

En las filas de Movimiento Evita creen que el salario universal "se complementa con el resto de los recursos, programas del estado o contrataciones". "No hay contradicción, deberían ser complementarios. Las organizaciones sociales harán lo mismo que hasta ahora, garantizarán los espacios comunitarios, organizarán el trabajo, y continuarán con la urbanización de los barrios populares", dijo Grosso.

Mientras que desde Patria Grande, Hagman consideró que "mantener o no los otros planes depende de los montos", pero aclaró que "los proyectos de empleo del Estado con cooperativas para obras concretas como infraestructura en barrios o reciclado, no pueden ser reemplazados con un salario universal, porque significaría bajarle los ingresos a mucha gente".

Mientras que en la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a varios movimientos, el dirigente Gildo Onorato señaló que sería deseable que las ayudas se unifiquen bajo un mismo programa.

"Hay que ir a una política única, siempre vinculada al trabajo. No podemos tener veinte programas iguales con distintos nombres, que se superpongan. Tiene que haber uno que supere los índices de pobreza", sostuvo el dirigente social, quien participa del programa Registro de Trabajadores Precarizados, que impulsa el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social.

Héctor "Toty" Flores, dirigente social de La Matanza y diputado nacional de Juntos por el Cambio, aseguró que es "una idea interesante". "Espero que no sea un anuncio más sin presupuesto, que se sepa claramente de dónde se sacan los recursos", dijo desde el barrio La Juanita, donde vive hace más de cuarenta años.

El excandidato a vicepresidente de Elisa Carrió e integrante del Movimiento Social por la República opinó que debería estar destinado a "que la gente que estaba trabajando no se caiga del sistema". "Que no sea un plan social más para sobrevivir, sino que permita incorporarse, y que también tenga un plazo de tiempo determinado", dijo.

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