Ruta del dinero K: la Cámara Federal ordenó a Casanello que defina la situación procesal de Cristina Kirchner

La Cámara Federal porteña ordenó ayer al juez federal Sebastián Casanello que defina la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner en el expediente sobre la llamada “ruta del dinero K”, investigación en el que su presunto testaferro, Lázaro Báez, ya se encuentra condenado.

Los camaristas Mariano Llorens y Eduardo Farah ordenaron que Casanello defina si procesa o sobresee a la actual vicepresidenta, quien se encuentra con una “falta de mérito” para procesarla o sobreseerla, dictada en noviembre de 2018.

Llorens y Farah dieron esa orden en la misma resolución en la que confirmaron el procesamiento y embargo de Néstor Marcelo Ramos, un articulador financiero argentino que reside desde hace años en Suiza, por el presunto delito de lavado de activos ligados a Báez y su familia.

Los camaristas consideraron probado que Ramos colaboró con la operatoria delictiva a través de la firma Helvetic Services Group, “una empresa fiduciaria suiza cuyos servicios consistían en reemplazar a sus mandantes en la posición de accionistas de las empresas”.

“Néstor Ramos fue uno de los que figuró como autoridad de las firmas, con el fin de ocultar a los verdaderos propietarios de los fondos”, refrendaron los camaristas. “Con esa estructura societaria como ‘pantalla’ se operaron cuentas en el Safra J. Sarasin Bank de Ginebra y el Privatbank de Lugano, entre otros bancos”.

Por ese motivo, concluyeron Llorens y Farah, “hay pruebas suficientes para concluir que Ramos intervino activamente en el montaje de una estructura jurídica, bancaria y financiera en la Argentina y en el extranjero en la que se canalizaron fondos ilegales provenientes de actividades ligadas a delitos precedentes”.

Tras confirmar su procesamiento y embargo por $36.587 millones, sin embargo, los camaristas morigeraron la orden que afrontaba Ramos de presentarse ante el consulado argentino más cercano a su domicilio en Suiza, ya que afronta una enfermedad terminal. Dispusieron que lo haga cada tres meses, presentando “los certificados médicos”.

En la resolución, de apenas siete carillas, los camaristas evaluaron también cuál es el grado de avance del expediente que se inició en 2013 y que, por un lado, ya registró la condena de Báez y otros acusados, pero que, al mismo tiempo, tiene ahora a Ramos con procesamiento confirmado –y por tanto, en situación de ser enviado a juicio oral- y a Cristina Kirchner sin una definición procesal.

Por ese motivo, coincidieron Llorens y Farah, “conviene hacerle saber al a quo [por Casanello] que deberá […] resolver las situaciones procesales pendientes y concluir definitivamente la instrucción de la presente causa”. Es decir, el de la actual vicepresidenta y otro imputado en el expediente.

En noviembre de 2018, Casanello resolvió que no había méritos suficientes para procesar o sobreseer a Cristina Kirchner y dispuso una decena de nuevas medidas de prueba para seguir investigándola.

Para Casanello, sí está acreditado en el expediente el vínculo de la actual vicepresidenta Cristina Kirchner con la génesis del delito. Es decir, haberle dado a Báez negocios espurios que le permitieron acumular la fortuna que después lavó a través de Elaskar, Fariña, “La Rosadita”, cuevas porteñas, sociedades nunca declaradas y cuentas en el exterior. Pero en “las puntuales maniobras de lavado”, estimó, no había pruebas de que hubiera participado.

“Debe continuarse la investigación -sostuvo entonces Casanello- para determinar la concreta intervención que ha tenido Cristina Fernández en la conformación de la estructura cuyo grueso se ha elevado a juicio, pues la atribución de responsabilidad penal como consecuencia de un proceso respetuoso de la Constitución y las leyes se basa en la evidencia.” El juez destacó en negrita en su fallo la palabra “evidencia”.

Transcurridos casi tres años desde aquella resolución, la Cámara Federal urgió ahora a Casanello que defina la situación procesal de la referente del Frente de Todos (FdT), lo que podría conllevar una nueva citación a declarar en indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py.

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