Horacio Rosatti destacó el valor del acceso a la información y la libertad de expresión

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, reclamó que la “calidad institucional”, que implica “la independencia del Poder Judicial, la división de poderes, la libertad de expresión y el acceso a la información pública”, sea tan relevante como la economía, la salud y la educación en el “desarrollo humano” de la Argentina.

Las palabras del juez abrieron la cena anual de la ONG Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, donde su presidente, el politólogo Martín D’Alessandro, pronunció un fuerte discurso en el que reclamó transparencia y la autolimitación en el ejercicio el poder de los gobernantes, como un antídoto contra la polarización discursiva y la autoprotección política.

En la misma línea, el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, fue ovacionado por los más de 500 invitados que colmaron el salón Libertador del Hotel Sheraton. “¡Con el derecho a la información no!”, reclamó, para oponerse al decreto reglamentario de Javier Milei que limita el ejercicio de ese derecho.

Secchi se llevó la segunda ovación de la noche, y la más prolongada, cuando pidió que haya jueces probos y mujeres en la Corte. No fue necesario que identificara a quién estaba dirigiendo sus críticas.

Rosatti, en su discurso, hizo un recorrido desde que llegó a la Corte Suprema, hace ocho años y medio, donde dijo que se pasó de un modelo personalista, concentrado, a un modelo colegiado, tanto en lo administrativo como en las deliberaciones para dictar sentencias. Dijo que el nuevo modelo contribuyó a la transparencia que impera hoy en el máximo tribunal.

Sin mencionarlo, Rosatti aludió a la gestión de Ricardo Lorenzetti, que fue presidente de la Corte durante 10 años y que ahora tiene grandes diferencias con sus colegas Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Las palabras de Rosatti se conocen a dos semanas de que en la Corte debe realizarse una elección crucial para elegir al próximo presidente, donde Lorenzetti –que promueve la juez Ariel Lijo para el máximo tribunal– no tiene chances con la actual integración.

Rosatti dijo que había una concentración en la autoridad administrativa y que “no se cumplían las reglas de una buena administración”. En la práctica, la Corte desplazó al administrador de Lorenzetti, Héctor Marchi, lo que motivó otra fuerte pelea entre los jueces. Rosatti sostuvo que ahora hay control de legalidad y de la gestión.

“Hay una demanda social de transparencia”, dijo Rosatti y consideró que el juez es un funcionario público bajo el escrutinio social (”y con razón”, añadió), lo que generó una transformación en la gestión del tribunal, que se complementó con el trabajo mancomunado con el Consejo de la Magistratura.

“La calidad institucional implica la independencia del Poder Judicial, la división de poderes, la libertad de expresión y el acceso a la información pública”, sostuvo el juez y dijo que tienen que ser tan relevantes al considerar el “desarrollo humano” como la economía la salud o la educación. La frase resonó en medio del decreto del presidente Javier Milei que restringió los pedidos de acceso a la información pública.

El juez, que integró la Convención Constituyente de 1994, dijo que en ese momento el país pudo reunir durante tres meses en un mismo ámbito de discusión a políticos tan enfrentados como Raúl Alfonsín y Aldo Rico. “Nos reunimos, más allá de las ideologías, en concordia. ¿Si pudimos hacer algo así entonces, como no podemos hacerlo ahora mismo en este mismo país”, se preguntó el magistrado.

El juez admitió los problemas de la lentitud de la Justicia, pero los adjudicó a la judicialización excesiva de los conflictos, donde el Estado dijo es el principal proveedor de sentencias, cerca del 65 por ciento, de las que tramitan en el tribunal, que se refieren a apelaciones de causas por ajustes de jubilaciones, que la autoridad prefiere apelar para no pagarle a los jubilados. “SI lo que pasa a la mañana se judicializa a la tarde, perdemos todos”, dijo el juez.

El presidente de Poder Ciudadano, en la misma tónica, dijo que la judicialización de la política se profundiza como una amenaza de autoprotección de la política y que este fenómeno va en paralelo a la negativa de los líderes a limitarse en su propio poder.

“Esa radicalización se contagia a los adversarios, el discurso se enardece y los adversarios dejan de ser considerados pares legítimos”, dijo el politólogo, al describir este mecanismo de degradación institucional. “La salida solo es posible con la autolimitación en el ejercicio del poder, ello aumenta la confianza y hasta ayuda a resolver los problemas económicos”, sentenció.

A la vez, sostuvo que Poder Ciudadano seguiría siendo un “tábano que moleste al que detenta el poder para recordarle sus límites y reclamarle transparencia”.

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