Rosario | Las razones de Victoria Villarruel para rechazar la participación de los militares en el combate al narcotráfico
La vicepresidenta expuso durante la campaña electoral en las redes sus divergencias con Patricia Bullrich por la intervención de las FF.AA. en operaciones de seguridad interior; los criterios dispares se reactivan hoy
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LA NACIONMariano De Vedia
La participación de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad para frenar el avance del narcotráfico en Rosario –que comprendió hasta ahora el envío de 22 camionetas, cinco helicópteros y tres lanchas fluviales- reactiva un viejo debate, que en plena campaña electoral enfrentó a las entonces candidatas Victoria Villarruel, elegida finalmente vicepresidenta, y Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad en el gobierno del presidente Javier Milei.
Las diferencias se reactivan en medio de los operativos en Rosario y luego de los cruces con el Presidente por la sesión del Senado en la que se rechazó el megadecreto 70/2023, base de la gestión del primer mandatario. Si bien la propia Villarruel negó diferencias con el Presidente y los dos se mostraron juntos y relajados, no hubo pronunciamientos sobre las operaciones de seguridad que involucran a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico.
Consultadas por LA NACION, fuentes castrenses aseguran que quien mejor expresa la posición predominante entre los militares sobre la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior es Villarruel, quien en febrero de 2023 –hace apenas un año- argumentó en una cadena de tuits las razones por las cuales los militares no deben intervenir en esos operativos. Un debate que se mantiene abierto, a 40 años de la recuperación de la democracia.
Ante una consulta de este diario, en el entorno de Villarruel explicaron que “si hay un tuit escrito, escrito está. Ahora, en su rol de Vicepresidenta, no opina sobre decisiones ministeriales”. Los tuits escritos –más de uno- son en respuesta a la propuesta que ya entonces planteaba Bullrich, como candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, para comprometer a los militares en el combate al narcotráfico, lo que según varias interpretaciones colisiona con la ley de seguridad interior.
“Antes de debatir sobre si las FF.AA. deben combatir al narcotráfico hagamos unas menciones previas. @PatoBullrich: Primero hay que repensar el rol de las Fuerzas Armadas. Segundo, el presupuesto en Defensa de la Argentina es el más bajo de toda la región desde hace años. No hay armamento, ni adiestramiento”, escribió entonces Villarruel, en momentos en que el Ministerio de Defensa estaba a cargo del peronista Agustín Rossi.
Las definiciones de la fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) siguieron exhibiendo sus diferencias con la postura de la actual ministra de Seguridad. “Tercero: no hay marco jurídico. No hay Código de Justicia Militar y las cuestiones estrictamente militares se terminan debatiendo en juzgados civiles, en los que nadie entiende ni qué son las reglas de empeñamiento. Ergo, están indefensos ante cualquier acusación o maniobra legal”, escribió Villarruel.
La referencia al marco jurídico es la base de la reforma que anunció el presidente Milei para modificar la ley de seguridad interior, particularmente el artículo 27, y habilitar a las Fuerzas Armadas a “tomar acciones adicionales”.
En tanto, las reglas de empeñamiento para el personal militar en las operaciones de apoyo al sistema de seguridad interior en Rosario están contenidas en la resolución 266, firmada hace unos días por el ministro de Defensa, Luis Petri. La norma menciona el dictado de reglas de empeñamiento, pero se aclara que el contenido de las mismas es confidencial.
El antecedente de los 70
Las razones de Villarruel fueron más explícitas. En aquel hilo de tuit, escribió: “Cuarto. Ningún uniformado en su sano juicio debería combatir a narcos (que para el Derecho son civiles), cuando el antecedente de los 70 tiene a viejos camaradas presos en cárceles comunes, bajo las acusaciones de terroristas impunes como Verbitsky o Firmenich”. La situación de los militares detenidos –muchos de ellos sin procesos terminados- en causas por delitos de lesa humanidad es un antecedente que preocupa a varios militares en actividad.
“Quinto. El ordenamiento legal vigente impide a las Fuerzas Armadas entrometerse en asuntos de seguridad interna sin declaración previa de estado de sitio, por lo que habría que reformar la legislación. Habiendo tantas cuestiones, debemos ser serios y abarcar todo y no solo partes del problema”, apuntó la ahora vicepresidenta de la Nación.
Y concluía la enumeración: “Sexto. Los funcionarios civiles que dan las órdenes deben responder también. Sin un marco legal serio y desprovisto de la influencia de los ‘organismos’ de derechos humanos esto implicará miles de millones de dólares en indemnizaciones a narcos, juicios por lesa y prisión a uniformados”, pronosticó la entonces candidata, basada enuna práctica extendida durante el kirchnerismo.
Para Villarruel, resulta indispensable “debatir y pensar el rol de las Fuerzas Armadas, en un país inmenso, poco poblado y rico en recursos”. Considera que “el sistema legal fue destrozado por los exterroristas y eso nos costó mucho dinero, la indefensión total y la libertad de gente que siguió órdenes de gobiernos constitucionales”, según expresó en las redes.
Y concluía la cadena de tuits diferenciándose claramente de la propuesta de Bullrich: “Formar a un militar preparado para otra cosa para que combata al narcotráfico lleva tiempo. Lo siento, pero no voy a mentir, no hay soluciones mágicas, ni gratuitas. No creo que deban poner el pellejo los uniformados para que el poder de turno y la población luego los denigre”.
Por Mariano De Vedia
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