Rosario. La pelea política y sindical que amenaza con paralizar la salida de la soja argentina al mundo
Herme Juárez, que manejó durante 50 años el gremio portuario y la cooperativa de estibadores, quiere volver después de haber estado preso, pero la disputa es feroz
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PARA LA NACION
Un bowl de vidrio con más de un kilo de caviar rojo lucía en el centro de la mesa. Las luces apuntaban al cuenco transparente con la idea de destacarlo, como si fuera algo inalcanzable, en medio de la carpa gigantesca montada por Herme Juárez para su fiesta.
Muy pocos se animaron esa tarde a probar, a orillas del río Paraná, las huevas de esturión del mar Caspio, que quedaron casi intactas cuando finalizó la celebración que encabezó Juárez, “Vino Caliente”, para recibir al entonces jefe de Gabinete Jorge Capitanich. Fue en mayo de 2014. Con “Coqui” inauguraron un centro de contratación de estibadores y acordaron la construcción de 130 viviendas para los trabajadores.
En ese momento, Juárez podía darse esos lujos de magnate. Este hombre, que parece salido de un film de Martin Scorcese, llevaba ya 50 años como líder del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y la Cooperativa de Estibadores. Movía inversiones financieras por el mundo y había consolidado un poder supremo: tenía el monopolio de un negocio millonario, que llegó a ofrecer una rentabilidad de más de 100 millones de dólares, según calculó un dirigente que era del entorno de Juárez, con la carga de los barcos que exportan soja. Su fuerza estuvo siempre anclada en una amenaza: paralizar los puertos. Bloquear la exportación de granos.
El imperio se desmoronó el 1° de noviembre de 2019, cuando el juez de Campana Adrián González Charvay detuvo a Juárez en su mansión en San Lorenzo. Lo procesó por administración fraudulenta y lavado de activos. El gremio y la cooperativa fueron intervenidos.
Hoy, la caja millonaria que él controlaba está en disputa. El propio Juarez, de 79 años, pretende volver, pero tiene una feroz interna gremial y entraron en el juego nuevos protagonistas, incluidos actores cercanos al kirchnerismo que impulsaron el control estatal de la hidrovía, interesados en manejar el combo que incluye el gremio y la cooperativa de estibadores. Y la inestabilidad del sector preocupa a los exportadores. Cada engranaje que mueve el polo agroexportador del Gran Rosario es clave. Si uno de ellos se cae o se resiente, lo sufre todo el sistema y el riesgo latente es que se paralice la salida de granos, aceite y harina.
En esa lonja de 70 kilómetros de ribera del río Paraná están asentadas 31 terminales portuarias; 21 de ellas exportan productos agropecuarios. Es el corazón de esa autopista fluvial, como se denomina a la hidrovía, por donde el año pasado, en plena pandemia, cuando el mundo parecía paralizado, amarraron para cargar cereal y oleaginosas 2.458 buques. De estos puertos salió, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, el 78 por ciento de las exportaciones agropecuarias de la Argentina.
“Se generaron 15.000 millones de dólares en inversión portuaria y logística. Hoy Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja, el segundo de biodiesel, y muy fuerte en maíz, trigo y demás cultivos”, describió en diálogo con LA NACION Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara).
Dos años antes de la caída de Vino Caliente, el imperio de Juárez ya había sufrido un golpe, cuando la cooperativa perdió el monopolio de la estiba mecánica y manual. Desde 2018 comenzaron a operar cinco empresas que competían con la cooperativa: Murchinson, Brayco, Milisenda, Servicios y Asesoramiento Protuario y Portside Maritine. Pero la apertura no funcionó como se esperaba. Firmas como Murchinson y Brayco dejaron de operar en su momento por las presiones del gremio que manejaba Juárez.
Los principales actores de la exportación de granos miran con preocupación la situación, pero desde lejos. Fuentes del sector advirtieron a LA NACION que no se quieren inmiscuir en la lucha interna del gremio de estibadores, pero pretenden que no estallen nuevos conflictos que hagan peligrar el flujo de trabajo en las terminales, que es lo que les interesa. La semana pasada volvió a sobrevolar el fantasma de un nuevo paro en los puertos del Gran Rosario.
La amenaza está relacionada con el planteo que le llevaron al ministro de Trabajo Claudio Moroni, hace tres meses, los opositores internos a Juárez, que reclamaron elecciones en el gremio, luego de que la justicia federal autorizó el regreso de Vino Caliente al sindicato, tras ser excarcelado. El peligro, según señalan fuentes ligadas al sector portuario, es que todo se vaya de las manos. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) prometió el jueves pasado a los socios de la cooperativa, que pertenecen todos al sindicato, que se llamará a elecciones lo antes posible, luego de que el juez federal Marcelo Bailque suspendiera los comicios.
La semana próxima está previsto que se realice una asamblea en la cooperativa, donde la intervención, en manos de Daniel Sorrequieta, exintendente de Puerto General San Martín y cercano al Movimiento Evita, garantizó la presentación del balance de gestión. Los números esta vez dieron resultados negativos, con un rojo de 1.400 millones, según dirigentes opositores a Juárez.
Internas y un contacto con Los Monos
Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe manejan información de que uno de los sectores en pugna abrió una línea de contacto con la banda de Los Monos, que, para brindar el servicio violento, buscó apoyo en un grupo del partido de Moreno, en el conurbano bonaerense. Los Monos ya “intervinieron” en varias internas gremiales que terminaron a los tiros. Una de ellas fue en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de Rosario, cuando atacaron en enero del año pasado a balazos la sede gremial e incendiaron una camioneta del secretario general Pablo Ghietti.
El gremio de Dragado y Balizamiento, que encabeza Juan Carlos Schmid, busca terciar para una normalización del gremio. Los opositores a Juárez señalan que este dirigente, que fue cercano a Moyano, respalda a Vino Caliente. “No nos metemos en problemas de otras entidades. Lo único que planteamos es que haya elecciones y que se normalice la situación”, advirtió Edgardo Arrieta, secretario general de Dragado y Balizamiento de Rosario. Creen que quien logre el control del gremio tendrá las riendas de la cooperativa, como ocurrió históricamente, pero en el presente cambió: el 60 por ciento de la estiba hoy la acapara la empresa Milisenda, que en el río revuelto ganó espacio en ese mercado.
Un grupo de estibadores de la cooperativa, opositor a Juárez, denunció ante la Cámara Federal de Rosario que la intervención transfirió 1000 millones de pesos a la mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, una financiera que pertenece al Grupo Unión, que está controlada por los hermanos Fernando y Guillermo Wphei. El nombre de los Wphei figura en el expediente de la causa Los Sauces. Según publicó LA NACION, la investigación judicial determinó que entre 2007 y 2011 la sociedad de los Kirchner recibió más de 700.000 pesos de Siempre Joven, una mutual que otorga créditos “a sola firma”. Y que a partir de 2009, también se nutrió con fondos de Solvencia Crediticia SA, una financiera que giró cheques por $2,3 millones. Según los registros oficiales, Siempre Joven opera gracias a la ayuda del Grupo Unión, otra financiera con casa central en Rosario que brinda asistencia crediticia a mutuales mediante “acuerdos de colaboración”.
El escrito de denuncia, al que tuvo acceso LA NACION, señala que en la reunión de gerentes de la cooperativa de estibadores que se realizó el 26 de abril pasado se puso en conocimiento que el 19 de abril “se realizaron operaciones de transferencias de fondos” cuyos “certificados de depósitos presentan sospechosas irregularidades”. Esas transferencias, según la denuncia, “representan el 26,5 por ciento de las inversiones de la cooperativa y el 15,7 por ciento de su patrimonio”.
“Lo más inquietante del caso es, además de las irregularidades que presenta la operación, la concentración de semejante cifra en esa sola entidad mutual. Constituye más del 40 por ciento del activo corriente de la entidad mutual”, advierte la denuncia presentada por el abogado Federico Jolly.
El fiscal federal Fernando Arrigo planteó en un escrito firmado el 14 de junio pasado que esas maniobras podrían encuadrar en la figura de administración fraudulenta.
Sorrequieta, el nuevo interventor, asumió el cargo el 12 de febrero pasado. Su designación trajo tranquilidad en un principio, luego de la pasividad que mostró durante la pandemia el interventor anterior. Sorrequieta dijo que pretendía “empezar el camino de normalización” de la cooperativa y de la “devolución” a sus socios “a través de elecciones libres y democráticas para que se elija un consejo de administración”. La misión de la intervención, según señalaron fuentes cercanas a LA NACION, es que se normalice la cooperativa con el llamado a elecciones, que todavía no tienen fecha.
En interventor anterior fue Roberto Pascualino, un hombre de perfil técnico de la Universidad de Buenos Aires, que a causa de la pandemia, según señalaron fuentes del gremio, viajó muy pocas veces a Puerto General San Martín, donde está la sede de la cooperativa. Le endilgan que la cooperativa perdió presencia en el mercado al no presentarse a varias licitaciones por sumas millonarias.
El regreso de Juárez
En octubre pasado, Juárez fue habilitado por la justicia a retornar al SUPA, también intervenido. Un mes antes, el juez Charvay mandó la causa al juzgado federal de Balaque, que no delegó, como es frecuente, la investigación en un fiscal, sino que quedó a cargo de una instrucción que, por lo que señalaron fuentes del gremio, no tuvo movimientos.
El regreso de Juárez, a quien ni la Justicia ni la pandemia pudieron domar a sus 79 años, comenzó a tomar más fuerza luego de que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó “sin efecto” la medida cautelar que derivó en la intervención del sindicato, después de que el dirigente fue detenido.
El sector opositor a Vino Caliente, encarnado en Marcelo Vergara, uno de sus sobrinos, amenazó con hacer estallar un nuevo conflicto. Vergara es pastor evangélico y contó que su tío mandó a vandalizar los templos que posee la congregación cerca de los puertos, como forma de apriete. Vergara mantiene una estrecha relación con el diputado Nicolás Mayoraz, presidente del bloque Somos Vida y Familia, un espacio político en permanente crecimiento del sector evangélico. Desde la intervención señalan que también participan en este esquema empresarios relacionados con los medios de comunicación de Rosario.
La intención de Juárez de retomar el control de esa caja millonaria y estratégica se moldeó luego de que en septiembre pasado la Cámara Federal de San Martín confirmó su procesamiento por los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos en perjuicio de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín, pero retiró las imputaciones por asociación ilícita y coacción agravada. Acotó así los posibles delitos solo al manejo de la cooperativa.
Tras ese fallo, el fiscal general Juan Manuel Domínguez pidió que se levantara la medida cautelar que ordenó la intervención del gremio. Dijo que no había pruebas de que “las personas humanas se hayan valido de su condición sindical para intimidar a las empresas competidoras a través de la utilización de su estructura para fines ajenos a los meramente gremiales”.
Las inversiones de Vino Caliente
En la investigación, el juez federal de Campana encontró indicios de delitos relacionados con el manejo oscuro de los fondos de la cooperativa, que -afirmó- “se manejaba como una verdadera sociedad comercial”. Además de a Juárez, procesó a su hijo Oscar y a una decena de dirigentes más.
En 2017, el patrimonio de la cooperativa ascendía a 2100 millones de pesos. De acuerdo con el informe que consta en la causa, ese año la cooperativa tuvo un excedente de 439 millones de pesos. “La estructura del activo está compuesta por inversiones financieras que totalizaron 1156 millones de pesos en el ejercicio 2017, y se incrementaron aproximadamente en un 38% respecto de las del año anterior”, señala un informe oficial.
Ese excedente, según sospechan los investigadores, estaban en “fondos comunes de inversión, inversiones en plazo fijo, y acciones en la sociedad Bunge Limited, radicada en el Reino Unido”.
A la par de estos registros contables, hay escuchas telefónicas en la causa que aportan más indicios que Juárez habría usado los fondos de la cooperativa para su beneficio personal. Se montaron una red de empresas a nombre de los hijos del gremialista y firmas, que al parecer operaban como financieras, para manejar y multiplicar los dividendos de la cooperativa.
“Llama la atención el extraordinario patrimonio que posee la Cooperativa de Trabajos Portuarios, el cual se compone de bienes que no guardarían relación con el objeto y los servicios prestados por la misma, tales como aeronaves valuadas en 15 millones de pesos, que habrían sido utilizadas por Juárez y su familia para viajar a Uruguay”, sostuvo el juez. Los viajes recurrentes a Punta del Este tenían que ver, según se desprende de la causa, con propiedades en esa ciudad, en el complejo inmobiliario “Imperiale Luxury Condominiums”.
Con el amplio margen de rentabilidad de la cooperativa Juárez hizo compras millonarias. Adquirió en Estados Unidos dos helicópteros Enstrom 480 B, dos remolcadores y una draga a la firma holandesa Damen Shipyards Gorichem.
También hizo inversiones en el mercado financiero, como si fuera una corporación multinacional, según detectó la investigación judicial. El 31 de enero 2018 -según el expediente-, Juárez llamó a un agente financiero de un banco con el objetivo de replantear las inversiones. El broker “lo puso al corriente de las inversiones existentes bajo su titularidad, indicando que tenía casi dos millones de pesos en letes que se vencerían el 28 de junio, junto con otros 16 millones de pesos en un fondo de inversión”.
De acuerdo con las pruebas en poder de la Justicia, Juárez también aportaba a la política. En una escucha telefónica del 29 de abril de 2019 –cuatro meses antes de su detención-, en plena campaña electoral en Santa Fe, Juárez le preguntó a Daniel Badía, gerente de la cooperativa, cuánto aportaban a “Pipi” y la “la chica de Victoria”. El primero sería el senador de San Lorenzo Armando Traferri, quien tras la detención de Juárez salió a defender al sindicalista, y la segunda sería Isabel Castagnino, candidata a intendente por el Frente Creer Entre Ríos de la ciudad de Victoria, en Entre Ríos. Traferri está ahora en el centro de las miradas tras ser acusado de formar parte de una red de juego clandestino. No está imputado porque cuando los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pidieron acusarlo, el Senado se negó a retirarle los fueros que lo protegen.
A cada uno le habría “aportado” 250.000 pesos, según el expediente. “Sin factura no pagamos nada”, le respondió Badía a Vino Caliente cuando le preguntó si estaban hechos los pagos a los candidatos. “Lo pasamos como que nos habían hecho un trabajo de gigantografía para la cooperativa”, explicó la mano derecha de Juárez en ese momento.
Juárez no se resigna a retirarse a pesar de los problemas que enfrenta en la justicia federal. Anunció que peleará por volver a manejar el sindicato con la lista Verde, cuando se hagan finalmente las elecciones. El problema es que, al margen de sus asuntos pendientes con la Justicia, deberá enfrentar una competencia cada vez más feroz.
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