Rosario: la justicia federal concentra críticas, mientras jueces y fiscales provinciales enfrentan amenazas
La visita de la Corte puso el foco en el accionar dispar de los tribunales provinciales, que impulsaron la mayoría de las investigaciones y condenas, y los federales, que produjeron solo una condena en 2011
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
En Rosario hay fiscales amenazados, residencias de jueces y funcionarios que fueron baleadas por los narcos y edificios judiciales agujereados por los disparos. El Centro de Justicia Penal de Rosario, donde se realizan las audiencias orales, se encuentra vallado desde el año pasado y nadie puede circular por esa zona, que está custodiada de forma permanente por Gendarmería. Las audiencias en el fuero provincial contra engranajes del crimen organizado se hacen por videoconferencia porque el Servicio Penitenciario provincial no puede garantizar la seguridad en el traslado de los presos. La compleja situación que atraviesa Rosario no parece poner límites.
Por eso a los jueces y fiscales provinciales, que argumentan que ponen el cuerpo al investigar y detener a los eslabones más importantes del crimen organizado, les hizo ruido que el viernes próximo cuatro miembros la Corte Suprema de la Nación arriben a Rosario para respaldar el trabajo de la justicia federal, que desde hace tiempo está en el centro de los cuestionamientos por la falta de acción frente al fenómeno del narcotráfico y la violencia.
La Corte Suprema de Justicia y jueces federales de todo el país se instalarán el viernes en Rosario para dar una señal de apoyo a los magistrados, enviar un mensaje al gobierno nacional y exhibir un gesto de unidad interno del máximo tribunal. La reunión, organizada por la Asociación de Jueces Federales (Ajufe), se realizará en la Universidad Nacional de Rosario, donde hablará el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, que estará acompañado por sus colegas Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, así como por el procurador Eduardo Casal. Está previsto que el cierre de la reunión esté a cargo de otro santafesino, como el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Los jueces y fiscales de Santa Fe esperan un respaldo del máximo tribunal, que hasta ahora no se ha hecho público.
Un miembro de la Corte Suprema de Santa Fe llamó la semana pasada a Rosatti para contarle la situación de la justicia provincial, donde se inician la mayoría de las causas de narcocriminalidad. Le transmitió el resquemor que surgió entre los magistrados provinciales y sobre todo los fiscales, que tienen un rol preponderante en el sistema procesal penal santafesino.
El foco del terror y el miedo que generan las organizaciones narco está puesto en los fiscales provinciales de Rosario. El jueves pasado fueron amenazados los fiscales Valeria Haurigot, Franco Carbone y Gastón Ávila, que la semana pasada acusaron a miembros de la banda de Los Monos.
“Si el Viejo Cantero no sale en libertad, habrá plomos para todos. Fierros y balas nos sobran”, advirtió una mujer, desde un teléfono con característica de Buenos Aires con el que llamó a la central de emergencias policiales 911. Los fiscales de la Unidad de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra y Matías Edery no sólo enfrentan causas de peso, como el juicio al narco Esteban Alvarado, rival de Los Monos, sino una causa por pago de sobornos en la trama de juego clandestino contra el senador peronista Armando Traferri, que presiona en la Legislatura de Santa Fe para sancionar a los funcionarios del Ministerio Público que lo investigan.
En el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, que pertenece al fuero provincial y es un sistema acusatorio y oral, se inician y se investigan las causas contra estos engranajes del crimen organizado por delitos vinculados a la violencia, bajo la amplia figura de la asociación ilícita, como ocurrió el viernes pasado con Máximo Cantero, el fundador de la banda de Los Monos, cuyo perfil encarna un récord: nunca fue procesado ni detenido por delitos federales en Rosario. La única condena a seis años de prisión que carga sobre sus espaldas a nivel federal se produjo en 2001, dos años después de ser detenido en Itatí, Corrientes, con 91 kilos de marihuana. En Rosario jamás piso los tribunales federales.
Ariel Cantero, conocido como Guille, y el resto de la mayoría de los jefes de la banda de Los Monos, fue condenado por primera vez por narcotráfico a 15 años de prisión en diciembre de 2019, en una causa cuyo nudo de pruebas provenía del expediente 913/12 que se investigó en el fuero provincial, una investigación protagonizada por policías de la División Judiciales de la provincia, varios de ellos condenados después por formar parte de la banda contraria, encabezada por Alvarado, quien actualmente está siendo juzgado en el fuero provincial.
Ante este escenario, las críticas contra la justicia federal de Rosario arrecian desde hace tiempo, por la falta de reacción ante una realidad que está resquebrajada por la violencia narco: se produjeron 100 homicidios en lo que va del año. Los sicarios ejecutan a una persona cada 33 horas en esta ciudad.
A la par de las críticas, la situación de la justicia federal en Rosario es extrema. Tiene una pésima infraestructura, con un edificio como el de Oroño y Rioja, más cercano a la demolición, sumado a la falta de personal, y con dos juzgados de instrucción para causas penales y tres fiscalías –una vacante- desde hace 40 años para abarcar un problema como la narcocriminalidad que crece desde una más de una década.
Según el último informe sobre “narcocrominalidad 2020″, Santa Fe es el distrito con mayor cantidad de causas por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes. Allí se iniciaron, según datos oficiales, 2863 causas en 2020, que representa el 21% del total del país.
Desde diciembre pasado el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, mantuvo varias reuniones con el Procurador General de la Nación, Ricardo Casal, que le retrucó que en medio de la urgencia no se necesitan más juzgados sino fiscalías para que las causas puedan avanzar con mayor premura. La semana pasada, Perotti y el intendente Pablo Javkin le plantearon al presidente Alberto Fernández que se trate una ley específica para Santa Fe de reforma judicial.
Desde el año pasado, el titular de la Cámara de Apelaciones Federal de Rosario, Aníbal Pineda, empezó a romper el cerco de bajo perfil de los magistrados federales. Le pidió a Perotti y a todos los legisladores que ejerzan presión para que esta situación cambie. Por primera vez desde la justicia federal se expone un cambio de actitud, de mayor apertura a los problemas terrenales de funcionarios, fiscales y jueces que trabajan en medio de una precariedad total.
En la Asamblea Legislativa del 1º de marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández anunció la creación de un nuevo juzgado federal en San Lorenzo, localidad portuaria vecina a Rosario, pero esto no se concretó.
A pesar de las limitaciones desde los últimos meses, la coordinación entre fiscales federales y provinciales empezó a funcionar de manera mucho más aceitada. A veces no es necesario crear nuevas estructuras estatales sino hacer más efectivas las que hay. Eso pasó, por ejemplo, con las investigaciones que llevaron adelante de manera conjunta la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias, con los fiscales de la Unidad de Crimen Organizado del MPA Schiappa Pietra y Edery.
“Esa es la clave de un trabajo que puede ser mucho más efectivo. Dividir los focos de las investigaciones, que tienen una base en delitos de venta de estupefacientes. Los fiscales del MPA centran sus energías en las acciones violentas de las organizaciones y los fiscales federales abordan el delito de narcotráfico. Se trabaja con fuerzas federales y provinciales. Se empezó a dar este año este tipo abordaje coordinado, que está dando buenos resultados”, afirmó a LA NACION una alta fuente de la justicia federal.
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