Rosario aprobó sancionar con multas a los piquetes pero ahora dudan en aplicarlas
Un artículo del Código de convivencia urbana prevé el pago de 1200 a 24.000 pesos a quienes corten calles; fue sancionado en noviembre, pero aún no fue reglamentado
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
En noviembre pasado se sancionó por unanimidad en Rosario el llamado “Código de convivencia urbana”. Uno de los artículos de esta ordenanza, aprobada en el Concejo Municipal, establece el cobro de una multa para aquellos que corten una calle. Pero en el Municipio existen ahora dudas sobre la aplicación de estas sanciones, y recién esperan ponerlo en marcha en agosto próximo, porque aún no está reglamentado.
Con el reverdecer de los piquetes, tanto en la ciudad de Buenos Aires, como en otros puntos del país, entre ellos Rosario, la posibilidad de que se apliquen sanciones a aquellos que interrumpan el tránsito para protestar empezó a generar polémica en esta ciudad, luego de que sectores de Juntos por el Cambio en Rosario comenzaron a insistir en que el municipio podría poner en práctica el cobro de multas contra quienes realizan piquetes, como prevé el nuevo código de convivencia urbana, que oscilan entre los 1200 y los 24.000 pesos.
El artículo Nº300 de la ordenanza sancionada en noviembre, impulsada por el intendente Pablo Javkin, que regula las sanciones a los cortes de calles, señala que “la persona que mediante actos determinados obstruya o altere la fluidez o seguridad del tránsito, o que mediante actos extorsivos de cualquier otra manera se arrogue preferencia de uso sobre la calzada sin autorización alguna, será sancionado con una multa de 10 a 200 UF –establecido actualmente entre 1200 y 24.000 pesos- o con la realización de tareas educativas y concientizadoras”.
Este artículo en particular fue aprobado por casi todos los bloques, salvo por la bancada de Ciudad Futura y el edil de Juntos por el Cambio Roy López Molina, que estuvo en desacuerdo porque el artículo –que lo consideró “impracticable”, según admitió a LA NACION– “estaba mal elaborado”. Por ejemplo, quedó incluido en el capítulo de faltas cometidas por peatones. Originalmente ese artículo sólo estaba destinado a sancionar las prácticas extorsivas de los cuidacoches, pero para sumar votos de otros ediles se incluyó el tema de las sanciones a los piquetes.
Carlos Cardozo, edil de Juntos por el Cambio, señaló en diálogo con LA NACION que “mientras en Buenos Aires se empezó a discutir sobre si se permiten o no los piquetes, en Rosario hay una legislación que establece de manera clara el cobro de multas para quien realice un corte de calle sin autorización”.
“La normativa es muy clara y sanciona estas prácticas, en muchos casos, extorsivas, pero todavía no se aplica porque hay que reglamentarla. Queremos que esto avance lo más rápido posible, porque fue votado por todos los sectores políticos”, afirmó.
La discusión se agitó después de las jornadas de protesta de la semana pasada. Más allá del acampe en la avenida 9 de Julio, en Rosario se produjeron 35 cortes. “Si una organización piquetera anuncia que va a realizar piquetes y bloquear el tránsito no hay mucho que identificar para aplicar la sanción, porque son ellos mismos los que lo difunden”, señaló Cardozo.
Del otro lado, desde las organizaciones piqueteras, advierten que la normativa sancionada en Rosario busca “criminalizar la protesta”. Eduardo Delmonte, líder en Rosario de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), afirmó que “en vez de abordar la enfermedad se busca combatir el síntoma sin ningún tipo de análisis. Se busca silenciar al sector de la población que no tiene otra forma de expresarse que salir a la calle”.
Los que están en una situación más incómoda frente al crecimiento de las protestas sociales son los funcionarios del municipio, que ahora tienen que empezar a aplicar una normativa que en este contexto va a generar tensión. Incluso, ahora en la Intendencia señalan que ese artículo fue votado a las 4 de la madrugada y muchos ni siquiera lo habían leído.
El secretario de Gobierno del municipio de Rosario, Gustavo Zignago, afirmó: “Nunca estuvo en el espíritu de esa norma criminalizar la protesta. Este es un gobierno de diálogo que busca que a partir de cierta previsibilidad en las protestas poder generar instancias alternativas sin generar perjuicios a terceros”. “Ahora se viene la instancia de la reglamentación y esperamos subsanar algunas imperfecciones que tiene ese artículo”, apuntó el funcionario.
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