Río Turbio, la mina que dejó Aníbal Fernández, envuelta en conflictos sindicales que amenazan su futuro
El exinterventor habló con LA NACION sobre el estado de la empresa; este martes habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria luego de más de 50 días de protestas; hoy se oficializó en el Boletín Oficial la designación del nuevo interventor
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La empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), que Aníbal Fernández dejó la semana pasada, está lejos de tener un presente sereno. La firma está envuelta en un conflicto sindical que repercute en las tareas de expansión de la usina de 240 MV, cuyo primer módulo el Gobierno busca inaugurar antes de fin de año en la ciudad santacruceña.
El 22 de septiembre, dos días después de que Fernández jurara como nuevo ministro de Seguridad, la cartera de Trabajo de la Nación logró un acercamiento en el conflicto entre los trabajadores de la mina de Río Turbio y el directorio de esa empresa estatal, que él mismo encabezaba. Dictó una conciliación obligatoria por 15 días. Ocurrió después de casi tres meses de protestas, que incluyeron quites de colaboraciones y jornadas de paro.
La situación se centra en los reclamos de promesas incumplidas. Incluso fueron los propios trabajadores los que reclamaron ir hasta la instancia nacional, después de que interviniera el Ministerio de Trabajo del gobierno de Alicia Kirchner, que no tuvo éxito en la mediación. Yacimientos Carboníferos de Río Turbio es una firma bajo la órbita de la Secretaría de Energía.
Con ese escenario, el Ministerio de Trabajo llevará adelante este martes al mediodía la primera audiencia en el marco de la conciliación obligatoria dictada la semana pasada. Justo hoy, se publicó en el Boletín Oficial el nombramiento del nuevo interventor: se trata de Germán Arribas, una figura del equipo en YCRT, de la línea de Fernández.
Según pudo saber LA NACION, ATE llevará a la audiencia un listado de reclamos que incluye el pago de aumentos otorgados a trabajadores del Estado durante el gobierno de Mauricio Macri, y que ellos no percibieron, además de deudas en distintas bonificaciones. En este sentido, piden que ningún trabajador perciba un sueldo menor a los $100.000.
Aníbal Fernández dio su propia versión del desacuerdo ante LA NACION. “Es un conflicto que nada tiene que ver con la administración nuestra”, remarcó y agregó: “Nosotros no debemos absolutamente nada. En todo caso, la discusión es de otro orden. Es vieja”.
El nuevo ministro de Seguridad y exinterventor de YCRT defendió su gestión en la empresa y las inversiones encaradas, pese a las críticas por la desatención en otros sectores. Fernández sostuvo que el primer módulo de la usina, la mayor apuesta del Gobierno, puede tener la capacidad de producir a fin de año 120 MV. “En el peor de los casos, será enero del año que viene, pero estamos muy cerquita”, expresó.
YCRT tiene una importancia estratégica. El objetivo principal de la firma estatal es extraer carbón para generar energía, abastecer a la provincia y vender al Sistema Interconectado Nacional. La firma se erige a partir de la única mina de carbón del país. En la actualidad hay trabajos para la puesta a punto del proceso productivo. Se prevé que cuando funcione completamente, la central termoeléctrica tendrá un peso decisivo en Santa Cruz.
Protestas
El conflicto se originó el 23 de julio cuando una asamblea de la seccional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Río Turbio votó la retención de servicios, disconformes con la falta de respuestas a los reclamos elevados en distintas oportunidades. Más tarde, la manifestación mutó a un paro de actividades.
Mientras Aníbal Fernández desarrolló gran parte de sus funciones en la sede que la firma tiene en la Ciudad de Buenos Aires (solo viajó en dos oportunidades), quien recepcionó los reclamos de los empleados en Río Turbio fue el coordinador general, Lucas Gaincerain. Es, también, el hombre cuestionado por los sindicalistas.
Entre los principales reclamos, ATE plantea la falta de actualización de sus salarios que se arrastra, remarcan, desde la gestión de Omar Zeidan, el responsable de la firma durante el gobierno de Cambiemos. Sostienen que no recibieron las subas otorgadas a los trabajadores del Estado esos años: 25% en 2017, 25% en 2018, y 28% en 2019.
La decisión de abrir sumarios y la posibilidad de descontar los días de paro son algunos de los puntos que más fricción generan. Reclaman un compromiso para que no haya descuentos y que no se aplique ningún tipo de sanción a quienes adhirieron a las manifestaciones. ATE insiste en la legalidad de la protesta y en la legitimidad del reclamo.
En tanto, Fernández criticó al sindicato y mencionó que hubo potenciales salidas que no se concretaron. “Un día la conducción del gremio vino a Buenos aires. Estuvieron como cuatro horas, discutimos y acordamos un montón de cosas” indicó y añadió: “Pero, cuando se estaba firmando el acta de acuerdo, comenzó un paro en Santa Cruz. Eso no tiene ningún criterio. Es imposible así”. LA NACION intentó sin éxito comunicarse con la conducción del gremio para este artículo.
La situación se vincula a la decisión de algunos delegados de la mina y de distintos sectores de YCRT de no alinearse orgánicamente a la conducción de ATE. La falta de acuerdo entre distintos sectores se expuso a mediados de septiembre cuando un grupo de delegados lanzó un comunicado en el que pidió la renuncia de Aníbal Fernández como titular de la empresa. El documento fue rápidamente desautorizado por ATE que desconoció que se haya tratado de una declaración institucional.
El ritmo de inversiones es uno de los puntos que genera bronca entre los trabajadores. De hecho, se trata de uno de los puntos a discutir en la audiencia ante el Ministerio de Trabajo. La organización gremial pide “garantizar las inversiones en todo el complejo minero y ferroportuario”, y exige, además una “copia de la planificación integral”.
El secretario adjunto de ATE Río Turbio, Matías Delgado, manifestó a fines de agosto a Radio Nacional Río Turbio que “la falta de inversión” es notoria. “Vemos con buenos ojos que la usina avance, ya que es un pedido histórico. Vemos que las inversiones se están haciendo en la media usina, y no así en la mina, en Punta Loyola, en talleres, en planta. Lo que pedimos es que la inversión sea para todos los sectores”, recalcó.
Aníbal Fernández rechazó las críticas. “Las obras no son imaginarias. Hay que ir y verlas. Eso es superlativo”, sostuvo. Por caso, indicó que se está llevando adelante la construcción de un galpón de 160 por 100 metros, y 45 metros de alto para el carbón que se va a necesitar en la usina.
La oficialización del nuevo interventor
Por Diego Sánchez
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