Río Tercero: el Estado paga una multa diaria de $400.000 por demoras en las indemnizaciones a las víctimas
La decisión judicial es para 400 casos y la deuda acumulada es de $9,6 millones; a 27 años de la tragedia se cancelaron unos 500 pagos sobre unos 10.000 demandantes
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PARA LA NACION
CÓRDOBA.- Desde el 12 de abril pasado, por resolución de la Justicia Federal de Río Cuarto, el Ministerio de Defensa de la Nación debe pagar $400.000 diarios de multa -$9,6 millones acumulados hasta ahora- por no cumplir con el pago de indemnizaciones a damnificados por la explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en noviembre de 1995. La sanción corresponde a 400 casos y se fijó en $1000 por cada uno.
El pago de indemnizaciones está contemplado en la ley 27.179 sancionada por el Congreso en 2015, la que recién fue reglamentada tres años después. La Justicia determinó que el hecho fue intencional para encubrir un faltante de armas para venderlas a Ecuador y Croacia, durante el gobierno de Carlos Menem (el juicio al expresidente estaba previsto para días después de su muerte). Las condenas cayeron sobre mandos medios.
Hay unas 10.000 causas judiciales iniciadas que pidieron resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por la explosión de la Fábrica Militar que dejó siete muertos, unos 300 heridos y decenas de casas destruidas. En 2019, una resolución ordenó el pago para 124 casos y estableció un monto de $26 millones. Hasta ahora se pagaron unas 360 indemnizaciones.
En agosto del año pasado el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, emplazó al Estado nacional para que en un plazo de 30 días pagara las indemnizaciones pendientes en 400 casos representados por el abogado Mario Ponce, que patrocina a unas 8.000 personas.
El letrado explicó a LA NACION que la resolución judicial de ese momento respondió a un escrito que presentó él pidiendo que se avanzara en el pago. En el medio, admitió, hubo una serie de idas y vueltas, por presentaciones cruzadas entre las partes.
En febrero se libraron los primeros pagos correspondientes a demandantes representados por los abogados Rosela Mengo y Elvio Vissani; Defensa planteó que saldrían unos 200 por mes, pero esa cifra no se alcanzó. Hay una Comisión de Pagos de las Indemnizaciones que es la que aprueba los expedientes.
Los pagos se hacen con bonos de consolidación de deuda del Estado a 10 años. Ponce estima que al valor actual son unos $77.000 pero a la fecha de pago, por los intereses, serían unos $420.00 (obviamente, sino se cambian antes).
Después de la intimación de agosto, el juez Ochoa dictó un decreto el 3 de febrero pasado donde le dio diez días al Estado para cumplir los pagos; salieron algunos pero como la demora sigue Ponce insistió y allí surgió la decisión judicial que fija la multa.
A fin de abril ingresó a Diputados un proyecto de la UCR pidiendo al Ejecutivo que haga efectivo el cumplimiento del pago de las indemnizaciones. Sostiene que se viene dilatando el cumplimiento de la ley, “exigiendo documentación que no se encuentra prevista en los formularios de presentación de los certificados y objetando la validez de los poderes otorgados a los letrados apoderados, a los que el Tribunal les ha dado plena autoridad”.
Desde Defensa indicaron a LA NACION que la ley indemnizatoria a la que se refieren es de fines del año 2015 y las demoras se deben a “la inacción de la gestión que gobernó en esos años. Es nuestra gestión la que inició el pago de las mismas y asumió el compromiso de llevar adelante el proceso de regularización administrativa”.
En tal sentido, plantearon e indicaron que se creó la Comisión de Trabajo Río Tercero en la jurisdicción del Ministerio de Defensa. “Al inicio de nuestra gestión, había 10.000 presentaciones sin trámite. Nos ocupamos de cada una de ellas y actualmente, se liquidan indemnizaciones todas las semanas. En dos años, hemos tramitado 6.000 expedientes, sobre los cuales 500 ya pose liquidación”, agregaron.
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