Revocan la condena contra Domingo Cavallo por el pago de sobresueldos durante el menemismo
La Corte Suprema entendió que había pasado el “plazo razonable” para que la Justicia le de una certeza acerca de su culpabilidad o inocencia y declaró que el caso prescribió por el paso del tiempo
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LA NACIONHernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia revocó la condena que pesaba contra el exministro Domingo Cavallo y lo sobreseyó en la causa en la que había recibido una pena de 3 años y medio de prisión por haber autorizado el pago de sobresueldos a los integrantes del gabinete de Carlos Menem durante la década del noventa. La Corte dijo que se había excedido en el plazo razonable para dictar un fallo definitivo y declaró la extinción de la acción penal por prescripción por el paso del tiempo.
En esta causa también había sido condenado el propio Menem a cuatro años de prisión, pero con su muerte, fue declarada extinguida la acción penal.
El fallo de la Corte Suprema lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti no firmó.
“Han transcurrido dieciocho años desde que se ha citado a declarar como imputado a Domingo Cavallo sin que se haya determinado su posición frente a la ley y a la sociedad, y sin haber puesto término a la situación de incertidumbre que comporta el enjuiciamiento penal; ante la ausencia de cualquier otro elemento que torne razonable tal prolongación del proceso por casi dos décadas, esta excede ampliamente lo tolerable”, dijo la Corte y revocó la condena.
Menem ya había sido favorecido en la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia con una solución similar cuando la Cámara de Casación, con el voto de los entonces jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci, revocaron la condena porque se había excedido el plazo razonable del juicio, en una causa que tuvieron paralizadas ellos mismos durante años.
La causa se inició en 2004. Dos años después, Cavallo fue citado a prestar declaración indagatoria. Luego fue sobreseído, vuelto a indagar y procesado en 2008. El recorrido muestra las idas y vueltas de la causa. En 2010, el fiscal pidió elevar el caso a juicio.
Finalmente, el juicio oral se hizo en 2015. La Sala I de la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Eduado Riggi, Liliana Catucci y Angela Ledesma, confirmó el fallo en 2018 y desde allí la causa siguió su camino a la Corte Suprema, hasta que ahora terminó por ser caer.
La Corte Suprema dijo que no puede considerarse la gravedad del hecho ni la condición de funcionario como un argumento para prolongar la tramitación del caso, ni tampoco la complejidad de la maniobra.
Además sostuvo que fue el propio Cavallo quien en su declaración indagatoria reconoció “las sumas percibidas como sobresueldos” por los ministros”, lo que implicó que “las tareas investigativas tendientes a esclarecer los hechos no revistieran complejidad”.
Cavallo, dijo la Corte Suprema, colaboró en el proceso y, por lo tanto, era relativamente sencilla la investigación. El exministro confesó desde el principio los hechos y su defensa fue señalar que no eran ilícitos.
“Más allá de que no se observen grandes períodos de inactividad procesal en la tramitación del caso, teniendo en cuenta su desmesurada extensión, la ausencia de una gran complejidad que justifique tal prolongación de la causa y la clara colaboración del imputado en el proceso penal al reconocer la materialidad de los hechos desde la etapa de instrucción, cabe concluir en que la duración del proceso por casi dos décadas, viola ostensiblemente las garantías de plazo razonable del proceso y del derecho de defensa del imputado”, concluyó la Corte.
Cavallo y los ministros del gabinete menemista “sustrajeron ilícitamente y de manera sistemática caudales públicos a través de un sistema clandestino de pago instrumentado desde la cúpula”, dijeron los fiscales Stella Maris Scandura, Diego Velasco, Juan Patricio García Elorrio y Juan Manuel Gaset en el juicio oral.
Se trataba de un sistema clandestino de pago a través de montos obtenidos de fondos reservados, lo que permitía su disposición en efectivo y “no exigía rendición de cuentas”, especificaron.
Los pagos eran de 100.000 pesos dólares para los ministros de más alto rango y luego 50.000 40.000 y 20.0000 en el caso de secretarios de estado. Iban en un sobre rotulado también con el nombre de la cartera destinataria. Las sumas representaban el cuádruple y hasta el quíntuple de los haberes mensuales reales de los funcionarios sin ningún tipo de registro.
Para ello “se habrían aumentado tanto las partidas como el número de dependencias autorizadas para percibir los fondos reservados, originalmente previstos para cuestiones de seguridad nacional. Una vez conformado el monto, era retirado de Secretaría General de la Presidencia, hasta 1994, y luego de la Jefatura de Gabinete de Ministros o del quinto piso del Ministerio de Economía y entregado a los ministros.
Por Hernán Cappiello
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