Revocan el sobreseimiento de un extitular de la AFIP en una denuncia de Cristóbal López contra Macri por extorsión
La Cámara Federal dejó sin efecto el sobreseimiento de Leandro Cuccioli y el procesamiento de Orly Terranova; es en la acusación motorizada por el dueño de C5N y de su socio De Sousa;
- 6 minutos de lectura'
LA NACION
La denuncia de extorsión de los dueños de C5N Cristóbal López y Fabián de Sousa contra Mauricio Macri tuvo ayer un fallo en favor y otro en contra. La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento por extorsión de Orlando Terranova, a quien le dictó la falta de mérito, aunque el mismo tribunal revocó el sobreseimiento que beneficiaba a Leandro Cuccioli, ex titular de la AFIP durante la gestión de Cambiemos.
El fallo también revocó el procesamiento y dicta la falta de mérito de Gustavo Casir y Gerardo Molinario. La decisión fue de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, contra las decisiones que había tomado en primera instancia la jueza María Servini. Esta causa es la misma en la que se encuentra con pedido de captura Fabián Pepín Rodríguez Simón, que está en Uruguay.
En este expediente Macri y funcionarios de su gobierno están acusados de haber presionado a López y de Sousa con amenazas de meterlos presos si no pagaban mayores impuestos por sus negocios y si no apoyaban al gobierno de Cambiemos con sus medios.
Los camaristas sostuvieron que no está probada la hipótesis en cuanto a Terranova, defendido por Andrés Gramajo. Lo mismo ocurre con respecto a Casir y Molinario. Dijeron que no se corroboró “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional”
Cristóbal López había asegurado que estas acciones estuvieron motivadas en que se negó “al pedido expreso del entonces candidato a Presidente, Mauricio Macri, para que las empresas de medios del Grupo Indalo estuviesen a su disposición para encarcelar a la ex Presidenta Cristina Kirchner.” Servini entendió que los acusados habían participado de la operación.
Pero la Cámara Federal lo descartó. Entendió que hubo contactos entre los empresarios y el gobierno por “una negociación de corte comercial o financiero”, procesos concursales, pero los acusados negaron cualquier conocimiento o participación de las supuestas amenazas o procederes de origen delictivo alegados por las querellas. “No significa ello que pueda descartarse, en determinadas situaciones puntuales, la eventual concurrencia de intimidaciones o hechos de los reputados como delictivos. Pero sí implica, necesariamente y amén de lo que quepa tratar en cada caso, que para tenerlos por acreditados se requiere de demostraciones objetivas, que excedan de los dichos de una parte, negados por la contraria”, escribieron los jueces.
Explicaron que se cuentan con “versiones enfrentadas sobre cómo sucedieron casi todas las cosas relevantes” aunque hay coincidencia en un punto: “fue el querellante López el que en su momento y por iniciativa propia, mediando agosto de 2017, acudió al procesado Terranova para involucrarlo en las negociaciones –cuyos pormenores desconocía antes de ello-, ofreciéndole inmiscuirse en la posibilidad de una operación de traspaso accionario”.
Cristóbal López había dicho que había verificado a través de su amigo Daniel Mautone, una supuesta intención del macrismo de detenerlo. Pero, cuando declaró como testigo, Mautone dijo no recordar haber hecho esa averiguación y relacionó sus contactos con personas ligadas a las autoridades de entonces, a su actividad propia.
En cuanto a Juan Manuel Sánchez Córdova, del Banco Finansur, no habló de intimidaciones o amenazas. Por su lado, Federico De Achával y Joaquín Lagouble se manifestaron sobre cuestiones “ajenas a las operaciones del “Grupo Indalo” y vinculadas a los “juegos de azar”, producidas en reuniones de principios de 2016 y protagonizadas por Rodríguez Simón, actualmente rebelde en esta causa. ”Las restantes evidencias consignadas por la jueza no alcanzan a corroborar la versión que tuvo por acreditada”.
Parte de la prueba son cruces de llamadas entre Terranova, Casir o Molinario con funcionarios del Gobierno, del Poder Legislativo y de Juntos por el Cambio. Pero “no se conoce lo dicho en esas conversaciones o encuentros”, dijeron los camaristas. También se aludió al contenido de mails y mensajes telefónicos entre quienes participaban de las negociaciones. “Por sí solas, las referencias que de allí surgen no reflejan algo concluyentemente ajeno a las contingencias propias de un intercambio de posiciones y propuestas que tenía particularidades propias, por los actores que involucraban, el contexto de conflicto político y judicial en derredor de ello y la magnitud económica de los bienes”.
Los jueces asimismo revocaron el sobreseimiento de Cuccioli. Dijeron que si bien “no está probado en la causa” que funcionarios hubieran extorsionado a López ”se considera prudente que la directora del proceso [la jueza Servini] agote la pesquisa de los aspectos que receptó investigar para que, una vez satisfecha esa exigencia legal adopte un pronunciamiento que cuente, de sostén, con un panorama completo”
Cucciolli está acusado haber impedido –según De Sousa y López- a las empresas South Media Ivestments , “DH COM SA, “Ideas del Sur SA, Telepiú SA y Votionis SA acceder al régimen de facilidades de pago de carácter general que ofrecía la AFIP pata micro, pequeñas y medianas Empresas.
Los magistrados confirmaron el sobreseimiento de Pablo Casas , miembro de la Policía de la Ciudad, que fue indagado por haber detenido la marcha el 9 de agosto de 2019 de una camioneta en la que circulaban familiares y allegados de Fabián de Sousa. pero los jueces entendieron que el policía “actuó con arreglo a sus deberes funcionales y sin ninguna intención de intimidar a personas”.
Casas detuvo la camioneta usada por familiares y allegados a De Sousa porque circulaba pasando autos por la derecha en uso de los carriles del medio. Por ello, inicialmente, la siguieron , mientras consultaba si el vehículo poseía restricciones. Del sistema surgió que el titular del rodado tenía una orden de captura vigente. Por eso detuvieron la camioneta con balizas y vestidos de uniforme. Luego de constatar que los ocupantes del vehículo no tenían ningún impedimento, se permitió que siguieran transitando, después del tiempo que demandó el chequeo.
El 10 de mayo pasado, la jueza Servini falló en favor del extitular de la AFIP Alberto Abad, a quien le declaró la falta de mérito para procesarlo, en esta causa. La decisión de la jueza Servini debilita uno de los argumentos de los denunciantes, que además señalaron que fueron presionados para que paguen deudas por la explotación del juego por el exasesor Rodríguez Simón. El fallo de la jueza Servini dispone que no hay evidencias suficientes ni para procesar ni para sobreseer al extitular de la AFIP Abad y determina el sobreseimiento de Eliseo Devoto y Marina Claudia Lamagrande.
Conforme a los criterios de
Conocé The Trust Project
Más leídas de Política
"Tienen beneficios enormes". Aerolíneas apuntó a los gremios por el paro, reveló cuánto ganan los pilotos e insistió con la privatización
"Saludos, esto va para vos". Milei le respondió a Cristina y habló sobre el dólar y el cepo
El veto a las jubilaciones. La irresponsabilidad fiscal de la vieja política
El negocio de ser senador. Un sueldo de casi $8.000.000 y una caja mínima para contratar personal de $15.000.000 por mes
