Revocan el procesamiento contra Julio De Vido en la causa por subsidios al gasoil a empresas de colectivos
LA NACION
La Cámara Federal porteña revocó hoy el procesamiento contra el detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido en el marco de la causa que investiga millonarios pagos de subsidios al gasoil a empresas de colectivos entre 2003 y 2014.
El juez federal Claudio Bonadio procesó en julio pasado al ex ministro de Planificación, cuando aún era diputado nacional, en la causa por falta de controles e irregularidades en la entrega de subsidios al gasoil a empresas de colectivos.
Es una de las dos causas por las que fue De Vido desaforado y detenido. La otra causa por la que la Justicia Federal le dictó prisión preventiva es la que lo investiga por irregularidades en las obras de la mina Río Turbio. El ex ministro de Planificación está detenido en la cárcel federal de Marcos Paz.
La sala II del tribunal de apelaciones dispuso la falta de mérito para el ex ministro y para varios ex secretarios de transporte y le ordenó al juez federal Claudio Bonadio continuar con la investigación y realizar un nuevo peritaje.
La decisión adoptada por la Cámara Federal no tendrá efectos sobre la detención de De Vido puesto que el ex ministro no tenía prisión preventiva en esta causa sino en otras dos en las que se investigan supuestas maniobras de corrupción.
En este expediente se investiga el millonario pago de subsidios al gasoil para empresas de colectivos calculados en base a informes sobre kilometraje de las unidades que, para Bonadio, fue adulterado.
La Cámara Federal también dictó la falta de mérito para los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime,Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos y para los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Antonio Sícaro, Pedro Romero y Roque Lapadula.
La decisión fue tomada por mayoría con los votos de los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, mientras que el juez Martín Irurzun votó en disidencia, según consta en el fallo al que accedió Télam.
"Omisión"
"El juez (Bonadio) se ha servido de las conclusiones de un estudio comparativo que, como bien lo señalaron algunas de las defensas en sus respectivos recursos, omitió incluir una serie de variables que necesariamente debieron ser consideradas teniendo en cuenta las características del hecho investigado", sostuvo Ballestero al votar por revocar el fallo de primera instancia.
"Más allá de los datos que han sido recabados hasta el momento durante la exploración, el a quo deberá arbitrar los medios necesarios para disponer, con la debida intervención de las partes interesadas, la realización de un peritaje con el suficiente rigor técnico como para abarcar ese tipo de factores y detalles, y recabar la prueba informativa complementaria que permita precisar en definitiva los contornos fácticos del caso", remarcó el camarista.
La maniobra investigada habría consistido en el diseño, puesta en funcionamiento y sostenimiento entre julio de 2003 y marzo de 2014 de un sistema de entrega de subsidios al transporte público automotor de pasajeros superiores a los que correspondían a partir de que se permitió que aquellos se calcularan en base a los informes del kilometraje recorrido que efectuaban las propias empresas beneficiarias.
En su voto, el juez Irurzun sostuvo que había sido demostrado que "las tareas de control (del otorgamiento de subsidios), seguimiento y ajuste se presentaron tardías o, en la mayoría de los casos, inexistentes" y que "dicho mecanismo habría funcionado hasta la instalación y puesta en funcionamiento del Sistema de Posicionamiento Global -GPS- en las unidades".
Bonadio había procesado a De Vido como coautor de "defraudación contra la administración pública" y por "administración fraudulenta".
"Es innegable que el entonces ministro pudo detener la entrega ilegal de subsidios en cualquier momento de esos casi diez años que duró la actividad ilegal bajo su mandato, ya que era él la autoridad superior que debía velar por esos bienes", había sostenido Bonadio en su fallo.
En la investigación Bonadio calculó que hubo un perjuicio al Estado Nacional por 609.326.186,25 pesos pagados de más a las empresas de transporte público automotor que habrían adulterado el kilometraje de sus unidades, entre otras maniobras.
Télam
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