Revisarán si vuelven a inhibir los bienes de Alberto Fernández y los acusados en el caso de los seguros
La Casación hizo lugar a un planteo del fiscal y analizará si corresponde volver a congelar el patrimono de todos; el juez Ercolini había dispuesto la medida, que fue revocada por la Cámara Federal
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LA NACION
La Cámara Federal de Casación Penal revisará la decisión levantar la inhibición general de bienes del expresidente Alberto Fernández, del broker Héctor Martínez Sosa y de la treintena de empresarios acusados en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento en la contratación de las pólizas de seguros por parte de organismos del Estado.
La Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Diego Barroetaveña, hizo lugar a la queja interpuesta por el fiscal José Luis Agüero Iturbe y ahora revisará si corresponde, o no, el levantamiento de la inhibición general de bienes que había dispuesto la Cámara Federal porteña.
El juez federal Julián Ercolini había ordenado la inhibición general de bienes del expresidente, de su amigo Martínez Sosa, de su esposa, la exsecretaria de Fernández María Cantero y del broker Pablo Torres García, entre otra decena de empresarios y empresas vinculadas a diversas aseguradoras.
En el caso se investiga la posible existencia de una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante la presidencia de Alberto Fernández, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros SA, como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras.
Se investigan las presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, a través del cual Alberto Fernández impuso la obligación al sector público estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa Nación Seguros SA.
La denuncia se presentó por supuesta violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Pero en esta etapa procesal las calificaciones son provisorias.
Al comenzar la investigación, el juez federal Ercolini decretó la inhibición general de bienes de las personas físicas y jurídicas involucradas. Con esta medida, se buscó impedir que los acusados dispongan de su patrimonio y que, eventualmente, puedan responder económicamente si son encontrados culpables.
Las defensas apelaron y la Cámara Federal porteña, con los votos de los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, dispuso el levantamiento de la inhibición general de bienes. El juez Martín Irurzun se había pronunciado en disidencia por mantenerlas.
El fiscal de Cámara Agüero Iturbe presentó un recurso de casación y, ante su denegación, acudió en queja a la Cámara Federal de Casación. La decisión de la Casación de hacer lugar a la queja del fiscal implica que admite el caso y que analizará si fue correcto, o no, el levantamiento de las inhibiciones generales de bienes.
Antes de resolver sobre el fondo, la Cámara de Casación deberá fijar una audiencia en la que escuchará tanto la pretensión del fiscal como las de defensas de los acusados.
Fernández está siendo investigado a partir de una denuncia del Gobierno porque firmó el decreto 823/2021, que obligaba a los organismos públicos a contratar sus pólizas mediante Nación Seguros. Pero en la contratación de esas coberturas intervinieron diversos productores y asesores de seguros. Un sector que Fernández conocía largamente desde que ocupó la Superintendencia de Seguros de la Nación, entre 1989 y 1995.
En particular, los brokers que intervinieron mayoritariamente son Bachellier, que cobró comisiones por $1665 millones entre 2020 y 2023; la empresa Martínez Sosa y Cia, con más de $366 millones, y Castello Mercuri SA, uno de los principales aportantes a la campaña presidencial del Frente de Todos en 2019, que llevó como candidatos a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
La Justicia ahondó sus averiguaciones sobre Martínez Sosa y Cia y su entorno porque su titular, Héctor Martínez Sosa, fue allegado al expresidente: el broker le prestó 20.000 dólares, que nunca le devolvió, y la esposa de Martínez Sosa, María Cantero, fue durante años la secretaria privada de Fernández. El broker, además, visitó al expresidente en Olivos y era dueño de las oficinas que Fernández usó como búnker durante la campaña de 2019.
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