Revés para los Moyano en la Justicia laboral en su intento de poner un pie en Mercado Libre

Cuatro años y dos meses después, el peregrinar de un expediente caliente tuvo hoy su sentencia. Se trata de la causa 12568/2020 en la que la Federación Nacional de Camioneros, encabezada por Hugo Moyano, acusó al Ministerio de Trabajo de la gestión de Cambiemos por haber homologado un convenio colectivo a medida de Mercado Libre, el gigante del comercio electrónico que creó Marcos Galperin. En un fallo de 19 páginas, la jueza María Alejandra D´Agnillo rechazó hoy considerar nulo el acuerdo que selló Mercado Libre con la Unión Carga y Descarga. De esta manera, se dificulta cada vez más el intento de los Moyano de poner un pie en la compañía y representar a sus trabajadores.

La causa que enfrenta al sindicalista más poderoso del país con el empresario más exitoso se libró en el juzgado laboral N°63. Camioneros es muy probable que apele la medida adoptada en primera instancia y lleve la pelea a una instancia superior de la Cámara Nacionales del Trabajo, según confirmaron a LA NACION fuentes del gremio que siguieron de cerca el expediente.

Todo comenzó en julio de 2019. Enfrentado con el macrismo, Moyano fue a la Justicia para impugnar el acuerdo que habían sellado Mercado Libre y la Unión Carga y Descarga, homologado por Dante Sica, para aplicar un convenio laboral más flexible en el centro de distribución que se inauguraba en Villa Madero. “Hubo un pacto fraudulento y espurio entre el Ministerio de la Producción y Trabajo, una empresa fantasmática y un sindicato sin representación”, planteó el líder camionero en la denuncia. Los Moyano, Hugo, y sus hijos Pablo y Hugo Antonio, quienes se jactaban de haberle volteado a Mauricio Macri su plan para reformar la legislación laboral, llevaron este caso a la Justicia. Para ellos, se trató de una especie de microreforma laboral en un gremio determinado: la letra chica de aquel acuerdo establecía modificaciones en lo relativo a la jornada laboral, la creación de un banco de horas, la polifuncionalidad de tareas, la eliminación de los delegados por turno, la limitación para ejercer el derecho a huelga y la garantía de guardias mínimas para garantizar el funcionamiento de la planta.

La jueza D’Agnillo realizó en 2022 una inspección en el centro de distribución que Mercado Libre montó en Villa Madero, donde en 2019, cuando abrió sus puertas, trabajaban 70 operarios afiliados a la Unión de Carga y Descarga y hoy lo hacen 2400. Fue la única inspección que hubo, en la que pudo verificar que la empresa no cuenta con una flota de transporte propia. En su fallo, D’Agnillo rechazó hoy la presentación de Camioneros al considerar que “carece de legitimidad activa” para efectuarla ya que, “en orden a los derechos y modalidades establecidas para los contratos de trabajo, sólo los propios interesados, empleados de la citada como tercero [Mercado Libre], podrían requerir la invalidez del convenio de empresa”.

“Aunque no estemos en presencia de un conflicto de Derecho Individual del Trabajo, cabe priorizar el interés de los trabajadores, sujetos de preferente tutela”, afirmó la jueza, y añadió: “No se pierde de vista que los convenios de empresa generalmente flexibilizan algunos aspectos de las modalidades de los contratos, pero también otorgan otros beneficios”.

En el expediente estuvo en juego mucho más que el encuadramiento sindical de los empleados. Por un lado, estuvo la fantasía de Moyano de meter un pie en la compañía más exitosa del país, que está en expansión permanente, con proyectos en desarrollo para abrir nuevos centros de logística en diferentes puntos del país. Pero también se dirime una pelea política de fondo por una reforma laboral encubierta en un contexto fértil para este tipo de cambios.

En el depósito de Villa Madero no hubo reclamos ni quejas por las reglas. Daniel Vila, el jefe de la Unión Carga y Descarga que aceptó flexibilizar su convenio, no se arrepiente hoy de nada. Todo lo contrario. Exhibe con orgullo la planilla salarial de sus operarios, con salarios que van desde 890.000 a 1.550.0000 pesos, con beneficios adicionales por presentismo (un 15% extra) y por determinadas tareas. Vila reconoce que haber negociado un convenio distinto le abrió la posibilidad de ampliar su gremio, que cuenta hoy con 13.000 afiliados en todo el país.

Los Vila conocieron en persona a Galperin hace tres semanas, cuando el empresario, escoltado por el presidente Javier Milei, anunció una inversión de US$ 75 millones para un nuevo centro de almacenamiento, en el que se emplearían a 2300 personas. Hubo un apretón de manos y una reunión reservada. De ninguna de las dos orillas dejaron trascender demasiado, aunque en Carga y Descarga advirtieron que no están de acuerdo para su actividad el proyecto de fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones que promueve el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “No sería beneficioso para nosotros porque no tenemos tanta rotación de personal”, argumentaron.

La estrategia judicial de Moyano fue ejecutada por su hijo Hugo Antonio, quien ya negoció otras veces con Mercado Libre por diferentes bloqueos que hubo en algunos centros de distribución que no pertenecían a la compañía, pero almacenaban mercadería comercializada por la plataforma. Quien llevó adelante las presentaciones judiciales por parte de la empresa fue Juan José Etala, un abogado laboralista muy cercano a Macri que integró una suerte de consejo asesor del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Sica.

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