Restricciones: el oficialismo aprobará con cambios el proyecto en el Senado
Con la definición de nuevas medidas sobre la mesa, el oficialismo negocia modificaciones con la Casa Rosada
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Con cambios que el Frente de Todos negociará con la Casa Rosada hasta poco antes de iniciarse la sesión, la mayoría oficialista del Senado se dispone a aprobar hoy el proyecto con el que el Gobierno pretende establecer por ley los parámetros para restringir actividades como consecuencia de la segunda ola de la pandemia de coronavirus.
Hasta ahora, la única certeza que imperaba en el oficialismo era que el texto sufrirá las modificaciones necesarias que le permitan conseguir el apoyo de los bloques menores de la Cámara de Diputados y así llegar al número suficiente de votos para sancionarlo. “Va a haber cambios, pero no puedo adelantar nada porque todavía estamos chequeando y rechequeando con la Casa Rosada”, le contó a LA NACION un senador del Frente de Todos.
La negociación no es sencilla, ya que tiene que congeniar los reclamos y necesidades de tres actores principales: el Gobierno y los bloques oficialistas de la Cámara alta y de Diputados.
En uno de los vértices se ubica la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, encargada de recibir los planteos de los legisladores y de sostener el núcleo duro de la propuesta, convertida en una pulseada política entre Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la continuidad de las clases presenciales.
En otro, están los senadores oficialistas María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y el jefe de la bancada, José Mayans (Formosa), que trabajan en la consolidación del texto definitivo que llegará al recinto.
El tercer protagonista de esta obra es el bloque de diputados oficialistas, que conduce Máximo Kirchner (Buenos Aires), que viene negociando con los bloques menores de la Cámara baja los cambios que le permitan sancionar la ley, ya que no podrá contar con Juntos por el Cambio, que rechaza de plano la iniciativa.
La negociación ha demostrado ser compleja, al extremo que Mayans estuvo en Casa Rosada. Fue a trasladarle a Ibarra la necesidad de que el Gobierno ceda en su postura porque, de lo contrario, el proyecto difícilmente pueda superar la barrera de la Cámara de Diputados.
Según confiaron a LA NACION voceros de la Cámara baja, el kirchnerismo ya contaría con el interbloque que preside el mendocino José Luis Ramón, siempre bien dispuesto a ayudar al oficialismo y, sobre todo, a escuchar los pedidos del presidente de Diputados, Sergio Massa. Pero ese respaldo es, todavía, insuficiente.
El panorama se complejizó, además, por el inminente vencimiento del decreto de necesidad y urgencia vigente (el 287/21) y emisión de uno nuevo que endurecería algunas de las restricciones adoptadas hace ya cinco semanas.
La oposición en el Senado se prepara para rechazar la iniciativa. Para Juntos por el Cambio el texto es inconstitucional porque avasalla las jurisdicciones provinciales. Sostienen, además, que le garantizaría a Alberto Fernández “superpoderes sanitarios”, como consecuencia de la fuerte delegación de facultades que dispone la iniciativa.
Esta postura tiene como telón de fondo la nueva pelea entre Fernández y el jefe de Gobierno porteño, en este caso por la presencialidad en las escuelas.
De hecho, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo es casi un calco del decreto 235/21 y sus sucesores (241 y 287). En ese sentido, tiene un artículo en el que, de manera específica, se establecen los parámetros que dispararían el cierre de las escuelas.
Sin embargo, la Corte Suprema ya dictaminó que el decreto avasalla la jurisdicción porteña, ya que la educación es una facultad inherente a las provincias y, por lo tanto, la apertura o cierre de escuelas no es un resorte que pueda accionar el Gobierno nacional aún cuando lo haga por ley. El oficialismo del Senado, bajo la batuta de Cristina Kirchner, hará oídos sordos a esta advertencia y avanzará, otra vez, a contramano del máximo tribunal.
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