Respuesta a Maduro: el Gobierno promovió un habeas corpus para garantizar la libertad de Milei y Bullrich
La presentación fue realizada por el ministro Cuneo Libarona y el secretario del Tesoro, Rodolfo Barra y avalada por el juez federal Julián Ercolini; también alcanza a varios funcionarios del Poder Judicial
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El Gobierno promovió una habeas corpus para garantizar la libertad física del presidente Javier Milei y la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en respuesta al pedido de la Justicia argentina para detenerlo, hiciera caer sobre ellos una orden de captura. El recurso también alcanza a jueces y fiscales que intervinieron en distintas causas vinculadas al país caribeño, como el proceso por el cual se solicitó la detención del jefe de Estado venezolano, cuya legitimidad es ampliamente cuestionada por la comunidad internacional desde las elecciones de fines de julio.
La presentación fue realizada en los tribunales de Comodoro Py por el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y el secretario del Tesoro, Rodolfo Barra, jefe de todos los abogados del Estado. El magistrado Julián Ercolini, en cuyo juzgado recayó la acción del Gobierno, concedió liminarmente la garantía, informó a la Interpol y a la Corte Suprema de su resolución, además de solicitarle a Cancillería que arbitre los “medios necesarios para obtener copia del proceso en que se libraran las órdenes de detención internacional”.
“Como representantes del Estado Nacional -se lee en el escrito presentado por Barra y Cuneo Libarona- venimos a interponer una acción de habeas corpus preventivo frente a la amenaza actual e inminente a la libertad personal de diversos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y otras personas, con motivo de la orden de captura internacional que emitió su contra el Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela”.
El documento enumera a las personas sobre las cuales, según comunicados y declaraciones del procurador general venezolano, Tarek William Saab, habría caído un pedido de captura.
Además de Milei y la ministra Bullrich, estarían alcanzados la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; los jueces Federico Villena, Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias; los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens; los fiscales Carlos Stornelli, Diego Iglesias, José Luis Agüero Iturbe y Cecilia Incardona; los diputados Ricardo López Murphy y Gerardo Milman; el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff y el diputado porteño Yamil Santoro; la exvicepresidenta de la UIF María Eugenia Talerico; y los particulares Franco Rinaldi y Leonardo Camicher.
“Este ataque arbitrario, motivado por razones exclusivamente políticas, constituye una amenaza directa a la libertad personal de los funcionarios argentinos, violando gravemente los derechos protegidos por la Constitución Nacional y los acuerdos internacionales de derechos humanos a los que Argentina está suscripta”, sostuvo más tarde el ministerio de Justicia en un comunicado.
“Se trata, claramente, de un peligro al derecho constitucional fundado en fines exclusivamente políticos, emanada de un Estado que no respeta la imparcialidad judicial, y por tanto resulta arbitraria y contraria a los principios legales que rigen en un sistema democrático de derecho”, indicaron los funcionarios en el documento.
El habeas corpus es una garantía constitucional que posibilita, de manera ágil, poner a resguardo de actos arbitrarios el derecho a la libertad personal.
“Si bien la ley 23.098 establece la competencia de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional para la tramitación de una denuncia de Habeas Corpus (art. 8 inc. 1), tratándose de un pedido en beneficio de funcionarios federales, a los que se pretende encarcelar arbitrariamente con motivo o ejercicio de su cargo en el Estado Nacional, consideramos que corresponde entender en su sustanciación a la justicia en lo criminal y correccional federal de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, explicaron los funcionarios en el documento.
Una de las causas que activó el pedido de captura sobre los funcionarios argentinos fue la instrucción de los camaristas Llorrens, Bertuzzi y Bruglia al juez federal Sebastián Ramos para que solicitara la captura internacional de Maduro, luego de escuchar en una audiencia a presuntas víctimas del régimen venezolano.
La otra causa detrás del pedido de Maduro es el decomiso del avión venezolano-iraní realizado por el juez Villena tras el dictamen de la fiscal Incardona. El avión quedó retenido en suelo argentino en junio de 2022, luego de que le fuera negado el aterrizaje en Uruguay. Sobre sus tripulantes, quince venezolanos y cuatro iraníes, caía la sospecha de estar realizando tareas de espionaje.
“Para ser claros, ni el titular del Poder Ejecutivo Dr. Javier Milei, la Ministra de Seguridad Lic. Patricia Bullrich, ni la Secretaria General de la Presidencia Lic. Karina Milei tomaron intervención funcional alguna en el trámite del expediente judicial. Fueron completamente ajenos al tema”, se remarca en el texto. “Es claro que la orden de detención se vincula exclusivamente con fines políticos”, se agrega.
“Nos resulta oportuno aclarar que si bien ignoramos el trámite de los pedidos de captura internacional, y dudamos que un Estado democrático les de curso, la existencia de esas medidas restrictivas de la libertad en el ámbito internacional comportan el riesgo de que si, sea por motivos funcionales, ocasionales o incluso accidentales, algún funcionario se ve obligado a ingresar al territorio de un Estado afín al régimen dictatorial de Venezuela (ejemplo Cuba, Nicaragua, etc.) el riesgo de ser objeto de un ataque a su libertad resulta cierto y concreto”, se lee en la presentación.
LA NACION
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