Responsabilizan al Estado por la impunidad del atentado a la AMIA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló al Estado argentino como el responsable de la impunidad sobre el atentado a la AMIA y el encubrimiento del ataque terrorista. Le dio plazo a que en dos meses cumpla con una serie de recomendaciones en la instancia final de un proceso que coloca a la Argentina ante la posibilidad cierta de que el caso paso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se expone a una condena internacional.

El caso es impulsado en los tribunales internacionales por la agrupación Memoria Activa patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El proceso tramita por ahora en la instancia de la Comisión Interamericana, es una instancia anterior a una corte. En esta instancia previa se analizan las acciones que llevó adelante la Argentina y hay una etapa en las que el Estado y quienes reclaman pueden llegar a una solución amistosa.

Ahora cuando se incumplieron las recomendaciones, como en este caso, queda abierta la puerta para ir a la Corte Internacional. El caso fue promovido por Memoria Activa en 1999. En 2005 se llegó a un acuerdo de entendimiento y mediante un decreto de Néstor Kirchner la Argentina reconoció que había incumplido con las víctimas de la AMIA.

Allí, se comprometió a realizar una serie de medidas para encauzar la investigación, satisfacer los derechos de las víctimas, castigar a los culpables y encubridores.

Pero en estos 15 años, la comisión comprobó que la Argentina incumplió estas recomendaciones. El CELS denunció el proceso de solución amistosa y tras este informe final que señala que hay razones para creer que el Estado violó la convención interamericana de derechos humanos el caso pasará a la Corte.

Si bien desde 2005 a la fecha hubo cambios, avanzaron los juicios, se creo la Unidad Fiscal AMIA, hubo desclasificación de documentos secretos, aún las condenas por el cubrimiento no están firmes. Además, las conclusiones de los últimos dictámenes de la UFI AMIA se basaron en parte sobreinformes de inteligencia y no hay respuesta ni ante la muerte del fiscal Alberto Nisman ni ante la denuncia que presentó por encubrimiento.

La resolución de la CIDH, que fue notificada el pasado 25 de septiembre al Gobierno, también afirma que "el Estado violó el derecho a la vida, a la integridad personal de las víctimas y sus familiares, su derecho a una protección judicial adecuada, y el derecho de la sociedad toda a conocer la verdad".

El CELS sostuvo al informar sobre el documento de la Comisión que aún "no se ha desarmado del todo el entramado de relaciones entre sectores del poder político, los servicios de inteligencia y miembros del poder judicial que impide y resiste que avancen las causas judiciales por las que seguimos reclamando".

La Comisión Interamericana le envió una nota al canciller Felipe Solá en el que señala que la Argentina tiene dos meses para responder ante las seis recomendaciones efectuadas en el documento de 73 páginas. Esas observaciones pasan por conducir la investigación sobre los autores y encubridores, reparar las violaciones de los derechos humanos de las víctimas, transparentar las cuentas de los organismos de inteligencia del Estado, formar jueces y policías en el combate del terrorismo y liberar la información secreta para que jueces y fiscales avancen con la investigación del caso que atravesó todos los Gobiernos con la misma impunidad.

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