Repliegue piquetero: las herramientas que el Gobierno le quitó a las organizaciones sociales

“La verdad que hacer una acción en la 9 de julio, donde tengamos un cuarto de la capacidad que solemos mover, que es lo que estamos moviendo, es mostrar mucha debilidad”. El temor a quedar expuesto pertenece a un dirigente social y quedó plasmado en el mensaje de texto que le envió a uno de los suyos en mayo de este año. “Lo que hay que asumir es que tenemos menos capacidad de movilización”, continuaba el mensaje.

La conversación forma parte de la prueba recolectada por la Justicia en la causa que avanza a paso firme y tiene contra las cuerdas a varios dirigentes de los movimientos sociales más combativos –entre ellos el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni– por gestionar la asistencia social a su cargo de una manera extorsiva y con fines partidarios.

La instrucción de la causa –armada a partir de una línea telefónica que el ministerio de Seguridad habilitó para recibir denuncias anónimas sobre abusos– fue creciendo en silencio hasta que la Justicia ordenó una serie de allanamientos y el ojo público se posó sobre el caso.

Como parte de las medidas de prueba, se dictaron intervenciones en los teléfonos de más de 30 dirigentes y delegados de las agrupaciones sociales de las cuales surgieron las conversaciones que revelaron, además de la preocupación por la poca convocatoria en las marchas, el modo en que algunos dirigentes utilizaban las distintos elementos que componían la asistencia social como herramientas de un sistema de premios y castigos.

Todas piezas que el Gobierno, como parte de su lucha contra la “intermediación”, fue desarmando progresivamente desde el comienzo de gestión, sin distinciones. El reparto de alimentos en los comedores comunitarios fue una de ellas.

“Hola yo fui y me anoté en la marcha ¿Puedo ir a retirar o no?”, preguntaba un miembro de una agrupación en un grupo de Whatsapp ante el anuncio de un delegado de que había llegado el alimento para repartir. Es que Nación era solo una de las terminales desde la cual las agrupaciones recibían la mercadería. “La repartición es como siempre. Solo los que tienen movilización”, contestaba el referente en un diálogo que data de fines de diciembre.

La merma en el poder de fuego de las organizaciones ya se sentía para esa fecha, cuando el Gobierno, a pocos días de haber asumido, ya había lanzado los primeros golpes contra las organizaciones sociales.

“Miren, como son muy pocos los que movilizan por conciencia vamos a anotarlo como movilización. Pero de ahora en más yo dejo de ser permisivo”, advertía un delegado en un grupo de Whattapp. “Si tenemos que avanzar con una reivincidación o una recategorización lo voy a hacer”, completaba.

En este caso, la amenaza consistía en hacer descender a los beneficiarios en la pirámide de asistencia hasta la expulsión definitiva, con la “baja” del plan.

“Los tres programas que se cobraban eran potenciar, esencial y nexo, y cada uno tenía diferente monto”, explicó una de las beneficiarias en una de las denuncia anónimas. Según afirmó, se encontraba en lo más alto aquella pirámide por asistir a “muchas movilizaciones” y “tener las banderas” de la organización.

Su explicación hizo juego con uno mensaje de agosto de 2023 con el que un referente ponía a su grupo al corriente de una de las última resoluciones tomadas en asamblea: “Se trató varios puntos (…) 4.- potenciar tiene que tener 50% de las movilizaciones; 5.- esencial tiene que tener 60%; 6.- cuadrilla nación 80%.”, rezaba le mensaje, que explicaba el sistema de recompensas”, explicaba.

Como parte de la ofensiva, el Gobierno anunció en marzo la eliminación del plan “nexo”, un complemento adicional que recibían aquellos cuya contraprestación laboral superaba las cuatro horas diarias.

Quita y congelamiento

Pero el primer golpe al Potenciar Trabajo, la principal herramienta que las organizaciones tenían entre sus manos, lo dio la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello en diciembre, cuando ido a conocer que suspendería el control de los certificados de presencialidad a las organizaciones. “Ya no van a poder dar de baja tu plan”, anunciaba la ministra como parte de la campaña con la que se buscaba desinflar las protestas callejeras. “Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle”, añadió.

Como parte de la “matriz de corrupción” que investiga la Justicia, también forma parte una parte del sistema recaudatorio del Polo Obrero, el movimiento más golpeado por la investigación. “Mañana estaré recibiendo sus aportes de Potenciar Trabajo a partir de las 10:00 am”, decía un referente a mediados de 2023.

Otros mensajes, de la misma naturaleza, pusieron en duda el carácter “voluntario” de esos aportes, que fue la defensa común que ensayaron los distintos referentes. “Buenas noches compañeras. Mañana estaré cobrando las capitas, [por] favor ponerse al día”, anunciaba otro dirigente por la misma fecha.

“A todos los integrantes del comedor nos cobran un 2% del dinero que obtenemos del Plan Potenciar Trabajo”, traducía un beneficiario en una de las denuncias.

Además de quitarle el de control de la presencialidad en la contraprestación laboral, el Gobierno congeló el monto del programa, que hasta el día de hoy continúa siendo de 78 mil pesos, exactamente igual que hace un año.

En respuesta a la avanzada, que incluyó la puesta en marcha del protocolo “antipiquetes”, las organizaciones sociales dejaron de lado sus diferencias de forma y estilo y, en febrero, se nuclearon en un bloque de protesta detrás de la consigna alimentaria.

El expediente, sin embargo, fue la bola blanca que rompió el ensamble.

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