En medio de una crisis interna, renunciaron las autoridades de la UIF, el organismo antilavado

El director de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, y la subdirectora del organismo, Mariana Quevedo, renunciaron a sus cargos y, mediante los decretos 752 y 751 sus dimisiones fueron aceptadas por Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Los decretos establecen, sin embargo, que la salida de Cruz se hará efectiva cuando se concreten las nuevas designaciones para cubrir los cargos.

“Hace unas semanas acordamos con el señor Presidente, en el tono cordial de siempre, que renunciaba a la presidencia de la UIF, cargo que mantendré hasta que se designe al nuevo titular. Así que retornaré a la actividad académica y profesional, recorriendo, como siempre, los mismos senderos para contribuir a conformar un país mejor”, respondió Cruz ante la consulta de LA NACION.

La UIF atraviesa una crisis mientras el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debe evaluar el nivel de efectividad del régimen argentino contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esa evaluación debió haber ocurrido el año pasado, pero fue prorrogada por la pandemia.

En los últimos meses, el accionar de la UIF fue cuestionado por algunos funcionarios del oficialismo, especialmente cuando el área de litigios penales del organismo no apeló a tiempo los sobreseimientos de los directivos de la empresa Techint en el caso de los cuadernos. “Eso fue un detonante”, dijo una fuente del organismo a este medio.

Cuando el juez Julián Ercolini firmó ese fallo, que no fue apelado por Stornelli y tampoco fue apelado a tiempo por la UIF, los abogados que representaban a la querella del organismo antilavado fueron sumariados. Pero no bastó con esa sanción para que las autoridades de la UIF siguieran al frente de sus cargos. Según reconstruyó LA NACION, Alberto Fernández primero le pidió la renuncia a Quevedo y después a Carlos Cruz.

La gestión de Cruz y Quevedo estuvo signada por internas, en su mayoría relacionadas con el grado de intervención que debía tener el organismo en las causas por corrupción y en otros expedientes penales. Cuando asumieron como autoridades de la unidad antilavado ambos buscaron diferenciarse de la gestión anterior, encabezada por Mariano Federici y María Eugenia Talerico, que había sido caracterizada por su participación en las causas de corrupción como querellante.

Cruz había dicho que la evasión y el contrabando causan un perjuicio mayor a la sociedad que los delitos de corrupción. Las querellas de la UIF en casos de corrupción redujeron su actividad y el organismo cambió definidamente el rumbo que había adquirido durante el gobierno de Mauricio Macri.

Como querellante la UIF no apeló la decisión judicial que le concedió la prisión domiciliaria a Amado Boudou, así como tampoco el archivo de una causa por lavado de dinero contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y decenas de empresarios involucrados en el caso de los cuadernos.

En cambio, las autoridades pusieron el foco sobre las empresas agroexportadoras y el organismo se constituyó como querellante en expedientes en causas que investigaban las actividades de las empresas Vicentin y Bunge, entre otras, por presuntos delitos contra la administración pública, como evasión agravada y lavado de activos.

Durante el año pasado, en el que estaba previsto que el GAFI evaluara a la UIF y a la Argentina en su nivel de efectividad del régimen para prevenir el lavado de activos, algunos directivos del organismo fueron desplazados, lo que provocó que dirigentes opositores denunciaran un “desmantelamiento”.

Los nexos de Cruz

Antes de que Cruz fuera designado al frente de la UIF, su nombre fue impugnado por dirigentes de la Coalición Cívica. Además de cuestionar la falta de antecedentes relacionados con la lucha contra el lavado de activos, el motivo principal había sido, tal como informó LA NACION en ese entonces, que trabajó como abogado del dirigente gremial y empresario Víctor Santa María, quien por ese entonces tenía una causa iniciada por la propia UIF por presunto lavado de dinero. El caso se encontraba en manos del fallecido juez Claudio Bonadio, que pese a la información aportada por la UIF nunca citó a indagatoria a Santa María.

La mayoría de los clientes informados por Cruz en ese entonces eran compañías de seguros y empresas dedicadas al desarrollo inmobiliario.

Abogada especializada en derecho tributario, cristinista, Mariana Quevedo también había sido impugnada por “falta de idoneidad” e “inhabilidad moral”. Fue la mano derecha de José Sbattella entre 2010 y 2016, a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

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