Renuevan un subsidio en gas que no le llega a la gente

Antonio Pronsato, el interventor en el Enargas, el ente regulador del gas, reunió a una pequeña multitud de empresarios vinculados con el negocio de los tubos y las garrafas hace unos 15 días. Luego de poca deliberación y sin objeciones manifiestas de los asistentes, los conminó a firmar, por quinto año consecutivo, el acuerdo sectorial que mantiene supuestamente congelados los precios de ese insumo en el marco de la "garrafa social", algo que no ocurre en la práctica.

Aunque pesan sobre ese programa múltiples cuestionamientos, la mayoría de los actores firmó la extensión del convenio que, según los actores de la cadena del gas, sostiene uno de los subsidios más ineficientes del kirchnerismo: el Gobierno asiste con $ 1700 millones al año al sector privado para que la garrafa de 10 kilos se consiga a $ 16, pero casi en ningún lado está a menos de 50 o 52 pesos. Y las empresas tienen cada vez menos ganas de producir el insumo por los bajos precios.

Pronsato, hombre de Julio De Vido, fue expeditivo, pero su reclamo encierra una larga historia de desencuentros entre los ministerios de Planificación, de Economía, YPF y las empresas privadas. A principios de año, Emmanuel Agis, número dos de Axel Kicillof, se interesó por el tema y hasta lo discutió con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Su planteo era concreto: en un contexto en que el Gobierno intenta hacer más eficiente el uso de los subsidios (en esa línea dispuso un aumento de tarifas de gas de hasta el 500% en abril) era conveniente revisar también las transferencias a la industria del gas licuado de petróleo (GLP), con el que se llenan tubos y garrafas. Pensaron, por ejemplo, en llevar el precio de la garrafa social de $ 16 a 50 pero, al mismo tiempo, asegurarse de que llegue a ese valor a los usuarios que más lo necesitan.

El propio secretario de Energía, Daniel Cameron, que responde a De Vido, pero en ocasiones muestra su descontento con respecto a ciertas decisiones, prorrogó en diciembre el acuerdo, pero sólo hasta el 30 de abril. Todos esos intentos parecen haber encallado en Planificación.

A desgano, YPF firmó el convenio. Si bien sus ejecutivos, conducidos por Miguel Galuccio, consideran que se trata de un mal negocio para la empresa, consideraron que no tenían espacio para ensayar alternativas. Y Shell, otra de las productoras de GLP, no descarta hacerlo bajo protesta, entre otras cosas porque se trata de un insumo difícil de almacenar. El resto de las compañías las seguirían.

Desde 2008, el Gobierno tejió una telaraña de subsidios para que la garrafa de 10 kilos llegue a $ 16 al consumidor. Hoy, los productores reciben $ 470 por tonelada, mientras que los fraccionadores obtienen $ 1100 y la distribución, $ 900. En un mercado de 700.000 toneladas anuales, suman $ 1700 millones.

Las empresas que participan de la actividad coinciden en que esos recursos se "pierden" en la cadena de comercialización. Pese a que esta semana Capitanich ratificó que sigue vigente el programa Garrafa para todos, con 500 puntos de venta en todo el país, es prácticamente imposible -dicen en el sector- conseguir una garrafa al valor de 16 pesos, estipulado en el acuerdo con el Gobierno. Es una realidad muy evidente para quienes intentan conseguirla en provincias donde no hay gas natural por redes, como Chaco, Formosa y Misiones.

Incluso los distribuidores de YPF (no forman parte de la empresa) venden al precio sugerido apenas unas horas al día. Aunque nadie lo confirmará oficialmente, desde Planificación los autorizaron "de palabra" a remarcar los precios. Aunque por el acuerdo los distribuidores deberían vender la garrafa a $ 15, suelen colocarla en los comercios minoristas a un precio mayor, en torno de los $ 40.

Los reparos de YPF

Pese a que reciben subsidios millonarios, el esquema irrita mucho a los productores de GLP. Uno de ellos lamentó ante LA NACION: "¿De qué me sirve cobrar $ 580 por la tonelada de butano si vale 3300 pesos?" Ése es el motivo por el cual cada vez menos empresas quieren producir GLP y habrá problemas con la oferta en este invierno.

Paradojas mediante, entre las empresas, la mayor perjudicada por el convenio que promociona Planificación es la propia YPF, la mayor jugadora del rubro. Un ejecutivo de la empresa celebró ante LA NACION el aumento que el Gobierno le había dado a la distribuidora Metrogas, pero se mostró muy molesto por "el funcionamiento del negocio del GLP". Es por eso que la firma que conduce Miguel Galuccio está entre las que más reparos pusieron para firmar el acuerdo.

Si se impone la postura de De Vido, habrá al menos un premio consuelo para Kicillof, que también es director de YPF: en las planillas del Indec, el costo de la garrafa seguirá siendo de $ 16, por lo que no repercutirá en el cálculo de inflación.

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