El nuevo impuesto sumaría otro 15% a la carga de Ganancias de las empresas

Tras la salida del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezaron ayer la presentación del proyecto para gravar la “renta inesperada”, con el que el Gobierno aspira a una “mayor distribución del ingreso”, y que era reclamado por el ala cristinista del Frente de Todos. Según detalló el Palacio de Hacienda, se trata de una sobrealícuota del impuesto a las ganancias de sociedades de capital aplicable al ejercicio fiscal 2022. La alícuota se aplicará a la renta inesperada (Ganancia Neta Imponible mayor en términos reales a la de 2021) y será del 15%.

El acto comenzó 34 minutos más tarde del horario anunciado en el salón Museo del Bicentenario de Casa Rosada. Apenas comenzó el encuentro se difundió el comunicado de renuncia de Kulfas, en el que ratificó sus dichos respecto del gasoducto Néstor Kirchner y despotricó contra Cristina y sus funcionarios.

Si bien Fernández y Guzmán dieron algunos detalles sobre cómo se calculará la “renta inesperada”, los funcionarios no explicaron cómo discriminarán a las empresas que tuvieron mayores ganancias por la suba de precios producida por la guerra en Ucrania de aquellas cuyo aumento de ganancia se dio por nuevos negocios o inversiones.

Tampoco hubo precisiones sobre cuándo enviará el Poder Ejecutivo el proyecto de ley al Congreso. Más aun, LA NACION consultó a diversos legisladores oficialistas que se encontraban en el acto, quienes aseguraron que no se les informó sobre un ingreso del documento ni acerca de si el texto está redactado. El mismo desconocimiento expresaron funcionarios cercanos al Presidente. Desde el Ministerio de Economía, responsable de la redacción, no brindaron información.

Semanas atrás, cuando se anunció la iniciativa, el titular del Palacio de Hacienda dijo que el cobro de la alícuota por “renta inesperada” impactaría a “las empresas que tienen ganancias imponibles superiores a los 1000 millones de pesos anuales. Desde la cartera que conduce Guzmán afirmaron que la iniciativa abarcará “a menos del 1% o a lo sumo el 1% de las compañías”. En principio, durará un solo año. Ayer, el ministro ratificó que impactará en un “puñado pequeño” de empresas y apuntó a las multinacionales.

El tema seguramente será motivo de conversación el martes en la Jornada AEA – 20 Años: “El Sector Privado es el factor clave para el desarrollo”, evento de la Asociación Empresaria Argentina que convoca a varios de los principales hombres de negocios del país.

Guzmán dijo que lo recaudado, de aprobarse el proyecto, no tendrá un destino específico, sino que ingresará en las rentas generales de la Nación. Esto significa que los fondos podrán ser utilizados para cualquier política pública y son coparticipables. En el caso del impuesto a la riqueza, que recayó sobre personas, la afectación de los aportes fue definida en porcentajes por la ley, a distintos programas.

También se adelantó que los criterios para la imposición de la alícuota incluirán que la ganancia neta imponible real tiene que haber crecido en forma significativa en 2022 respecto de 2021.

Además, se pondrá un parámetro para que si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión productiva, la alícuota sea menor.

El proyecto apuntará a gravar las ganancias “extraordinarias” -superiores en un 20% al período anterior- que tuvieron algunos sectores de la economía a raíz del aumento de los precios internacionales que disparó la invasión rusa a Ucrania. Según remarcaron, no afectaría a las inversiones nuevas.

Entre los invitados al acto hubo algunas sorpresas. Entremezclados -con sillas preasignadas- se ubicaron funcionarios cercanos a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández, en un intento de demostración de unidad. Wado de Pedro, ministro de Interior, Martín Soria, de Justicia y Derechos Humanos; Itai Hagman, diputado, escucharon la exposición de Guzmán y el Presidente. Juan Manzur, jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, canciller, y Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia, tambien acompañaron la presentación. “Queremos preservar la foto del viernes”, insistió un diputado del riñón de la vicepresidente.

Por otro lado, entre los asistentes se encontraron varios sindicalistas y referentes de movimientos sociales como Juan Grabois, del Frente Patria Grande; Hugo Yasky -en primera fila-, diputado y secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina y Pablo Moyano. El único empresario presente fue Antonio Aracre, director general de Syngenta, que semanas atrás dijo que Guzmán era el mejor ministro de Economía de los últimos 50 años.

“Cuando, días atrás, anunciamos el auxilio de unos bonos para los sectores más postergados, en ese momento yo planteé la necesidad de que revisemos cómo aquellos que estaban obteniendo una renta inesperada podían colaborar con el conjunto social”, comenzó el Presidente, quien consideró que la “guerra de carácter económico trasciende las fronteras de los países en conflicto”.

El Presidente continuó: “Lo que más queremos es generar un enorme debate sobre cómo queremos vivir en la Argentina. Porque una sociedad es una sociedad donde todos ganan. Cuando algunos ganan mucho y millones se empobrecen, eso no es una sociedad, se parece más a una estafa. La verdad es que no hemos venido acá para convalidar estafas, sino para convalidar igualdades. Para igualar necesidades”.

Como primer orador, Guzmán comenzó con críticas a la gestión del expresidente Mauricio Macri, sin mencionarlo. El ministro continuó por mencionar los efectos de la guerra en Ucrania sobre las economías del mundo. “La Argentina no está exenta”, señaló, y siguió: “Hay sectores que se han beneficiado de la situación de la guerra”.

“En general, ha habido un shock a la distribución de los ingresos y las riquezas. Si no se hace nada, la consecuencia es mayor desigualdad. El Estado debe cumplir su rol para una sociedad que progresa”, consideró Guzmán, y cuestionó a quienes se oponen a la iniciativa.

El ministro dijo que estrategias similares se han utilizado en otros países como EE.UU. e Italia.

“A lo que se apunta es a poder capturar parte de la renta extraordinaria que no es producto de una inversión adicional, sino que es producto de la guerra, a efectos de poder atacar las principales problemáticas de la sociedad argentina y al mismo tiempo fomentar la inversión”, afirmó el ministro.

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