Renovación de la Corte: el 21 y 28 de agosto serán las audiencias públicas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en el Senado
Se publicarán los edictos de la Cámara alta convocando a las reuniones en las que los candidatos del Gobierno deberán defender sus postulaciones ante la Comisión de Acuerdos
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LA NACIONGustavo Ybarra
Las audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos del Senado de los candidatos propuestos por el Gobierno de Javier Milei para la Corte Suprema de Justicia serán el próximo 21 y el 28 de agosto próximos, días en los que deberán presentarse en la Cámara alta el juez federal Ariel Lijo y el catedrático y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Manuel García-Mansilla, respectivamente.
Así lo revelaron fuentes legislativas a LA NACION, quienes confirmaron que la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), elevó una nota a la Secretaría Parlamentaria del Senado, que depende de la vicepresidenta Victoria Villarruel, notificándole las fechas en las que recibirá a los postulantes para que defiendan sus nominaciones.
Una vez cumplido este paso, la Cámara alta tendrá que publicar durante dos dias y en dos diarios de circulación nacional y en el Boletín Oficial del edicto, lo que ocurrirá el 19 y el 22 del corriente, con el que se iniciará el proceso de tratamiento parlamentario de ambos pliegos establecido en el Reglamento del Senado, que es una copia del procedimiento establecido en el decreto 222/03 dictado durante la administración de Néstor Kirchner.
Según el trámite reglamentario, una vez publicado los edictos el 23 de julio se abrirá un proceso de 7 días en el se recibirán adhesiones e impugnaciones a las candidaturas de Lijo y García-Mansilla. Una vez cumplimentado este paso, la Comisión de Acuerdos tendrá tres días para analizar las presentaciones y girarle a los postulantes aquellas impugnaciones que haya considerado válidas. El ciclo se completa con un período de cuatro días en el que los nominados deberán responder los cuestionamientos formulados a sus candidaturas.
La decisión de llevar a la segunda quincena de agosto fue consensuada por Tagliaferri con los miembros de la Comisión de Acuerdos. Pero la definición de la fecha no estuvo exenta de tironeos entre la Casa Rosada y la presidencia del Senado, en un nuevo capítulo de la disputa que mantienen con Villarruel la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el poderoso asesor presidencial Santiago Caputo.
La diferencia entre ambas partes era de apenas una semana. El responsable de negociar el tratamiento de los pliegos con el Senado por parte del Gobierno, el viceministro de Justicia y hombre que responde a Caputo, Sebastián Amerio, quería que fuera una semana antes de la fecha finalmente decidida, que era la elegida por la vicepresidenta.
“Victoria es la representante del Poder Ejecutivo en el Senado, no pueden pasarle por arriba como si no existiera”, manifestaron su enojo en cercanías de Villarruel por la disputa con la Casa Rosada en torno a la definición de las fechas de las audiencias.
Los pliegos de Lijo y García-Mansilla serán discutidos en medio de un clima de creciente tensión política, como dio cuenta este diario, ante la decisión del Gobierno de exigir que “se aprueban los dos pliego o ninguno”. Esta postura encendió las alarmas ante la posibilidad de que ambos candidatos se anularan mutuamente y no consiguieran los votos para conseguir el acuerdo del Senado.
Para ser designado juez de la Corte se requiere de una mayoría calificada de dos tercios de los presentes en el Senado. Desde el entorno de Lijo aseguran tener ese apoyo, aun cuando ningún senador ha manifestado de manera pública su decisión de apoyarlo. Pero la postulación de García-Mansilla encuentra resistencia por su postura en contra del aborto legal y no tendría los votos para convertirse en magistrado del máximo tribunal de Justicia. Así, el catedrático de la Universidad Austral amenaza con convertirse en un pesado lastre para el juez federal.
“Hasta el momento nadie del Gobierno dijo que haya cambiado la postura de que son los dos o ninguno”, confió a LA NACION un senador al tanto de las conversaciones tras bambalinas que desde hace al menos mes se vienen desarrollando entre la Casa Rosada y la Cámara alta.
Esta situación de posible neutralización entre ambos candidatos abrió la puerta a las versiones sobre una negociación en la que, para destrabar este dilema, se pondrían sobre la mesa un amplio paquete de cargos judiciales.
En la negociación entrarían la ampliación de la Corte, casi un centenar de puestos en la Justicia federal que debe decidir el Ministerio de Justicia y que siempre interesan a los gobernadores, y otros cargos que requieren mayorías calificadas y que se encuentran vacantes, como la Procuración General de la Nación y el Defensor del Pueblo.
En el caso del aumento de miembros del máximo tribunal hay un proyecto en Diputados, que cuenta con la aprobación del Senado, que eleva a 15 el número de jueces. Sin embargo, el Gobierno pretendería una Corte de 9 magistrados, cifra que impuso Carlos Menem en su Gobierno y que fue reducida a los cinco actuales en los albores del kirchnerismo.
Por Gustavo Ybarra
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