Renovación de la Corte: desconcierto e incertidumbre en el Senado por la suerte de los pliegos de Lijo y García-Mansilla

Cuando faltan apenas diez días para que Ariel Lijo se presente ante la Comisión de Acuerdos para defender su cuestionada nominación para integrar la Corte Suprema, en la mayoría de los bloques del Senado reina un estado de desconcierto sobre qué suerte correrán los pliegos del controvertido juez federal y del catedrático Manuel García-Mansilla, también propuesto por Javier Milei para ocupar una poltrona en el máximo tribunal de Justicia del país.

El escenario que se registra es, cuanto menos, poco usual para la tradición política de los últimos cuarenta años, lo cual ayuda a aumentar la confusión que campea en la Cámara alta. Un Poder Ejecutivo que no se compromete de manera activa en la búsqueda de votos y una vicepresidenta, Victoria Villarruel, que como parte de una larga cadena de cortocircuitos con la Casa Rosada no tiene empacho en anunciar, y que analiza volver a pronunciarse de manera pública, que no le gusta uno de los postulantes elegidos por su propio Gobierno, Lijo; configuran una parte importante del difícil de comprender tablero en el que se juega esta partida.

“Hay incertidumbre”, reconoció ante una consulta de LA NACION un senador de la oposición dialoguista que, aunque no lo verbaliza, está más dispuesto a votar a Lijo que a García-Mansilla. “Suena raro que el Poder Ejecutivo no haga nada para conseguir los votos para la Corte”, agregó el legislador, que no tiene remilgos en admitir su desconcierto y que siente que el Senado ha quedado atrapado en una partida de naipes entre tahúres y que las decisiones pasan por otro lado, fuera de la Cámara alta.

De hecho, fuentes legislativas aseguraron que, ahora, desde la Casa Rosada se envió el mensaje de que no están dispuestos a negociar los pliegos de la Corte en un paquete más amplio que incluya la ampliación del tribunal y otros cargos judiciales que también requieren del voto de una mayoría calificada de dos tercios, como el procurador general de la Nación y el Defensor del Pueblo, tal como informó LA NACION.

Según voceros calificados del Senado, el Gobierno dice que compró la propuesta del juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, quien les habría “vendido” la candidatura de Lijo asegurando que él se encargaba de conseguir los dos tercios para que el juez federal y García-Mansilla alcanzaran la mayoría calificada que exige la Constitución. Por eso, siempre según esta versión, en el Poder Ejecutivo se niegan a pagar con el reparto de otros cargos el acuerdo para los candidatos.

El clima se enrarece a medida que se acercan las fechas de las audiencias públicas: Lijo expondrá el 21 de agosto. García-Masilla, una semana después. En este escenario, los postulantes recorren despachos para presentarse de manera formal ante los senadores que deberán decidir su futuro.

En una suerte de audiencia pública paralela, organizada por el senador oficialista Francisco Paoltroni (Formosa) y moderada por María Eugenia Talerico, exdirectora de la Unidad de Información Financiera del gobierno de Macri y excandidata a senadora de Juntos por el Cambio, el Salón Azul del Congreso será escenario de una reunión en la que un grupo de juristas expondrá sobre el tratamiento de los pliegos de los candidatos a la Corte.

El encuentro se llevará el 19 de agosto, dos días antes de que Lijo se presente ante la Comisión de Acuerdos, y todo indica que tiene por finalidad criticar la postulación del juez federal, cuestionado por su supuesto incremento patrimonial y el manejo irregular sobre todo con los tiempos, de las causas sensibles para la política que se tramitan en su juzgado. Es una forma de sortear el Reglamento del Senado, que impide participar a extraños a la Cámara alta en las audiencias públicas.

No es extraño que detrás de la jugada esté el senador libertario formoseño. Es, hasta ahora –porque dicen que habría otro más–, el único senador oficialista que se manifestó en contra de nombrar a Lijo en la Corte. “Yo estoy parado en el mismo lugar desde hace dos años, el que cambió es el Gobierno”, sostiene el senador cuando se le pregunta por qué votará en contra del candidato postulado por su Gobierno.

Paoltroni ha tomado el rechazo a Lijo como una cruzada personal. En parte porque el juez benefició al gobernador peronista Gildo Insfrán al remitir la causa The Old Fund a la justicia federal de Formosa, y también por la decisión de Santiago Caputo y Karina Milei de dejarlo afuera en el armado de La Libertad Avanza en la provincia norteña.

Como parte de su activismo anti-Lijo, el senador le envió una nota al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el peronista entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal), en la que le pide que ponga en discusión un proyecto de la cordobesa y compañera de bancada Alejandra Vigo, que responde al exgobernador Juan Schiaretti y que propone establecer por ley el cupo femenino en la Corte Suprema.

El pedido no es ingenuo. Lijo está propuesto para ocupar el sitial que dejó vacante con su renuncia Elena Highton de Nolasco y la discusión de una cuota de género femenino en el máximo tribunal podría entorpecer el tratamiento de su pliego en el Senado, al menos hasta que se resuelva la discusión legislativa del tema. Se sabe que la Justicia, a veces, suele ser rápida para otorgar recursos de amparo.

Kueider no ha respondido la nota y tampoco ha dado muestras de convocar la comisión que preside y a la que fue girada la iniciativa de Vigo, cuya discusión pide Paoltroni. Es lógico si se toma en cuenta que el legislador ha quedado sin terminal política en Entre Ríos, donde lo quieren expulsar del PJ por haber votado a favor la Ley Bases y que ha consolidado una muy buena relación con Santiago Caputo que, junto a Karina Milei, cada vez maneja más resortes de poder del gobierno libertario. A tal extremo es buena la sintonía que el senador se convirtió en el elegido por el asesor todoterreno para presidir la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia.

La jugada tiene una doble finalidad. Por un lado, es una nueva escaramuza en la guerra declarada por Caputo y la secretaria General de la Presidencia mantienen con Villarruel, que en enero había acordado imponer al frente de la bicameral a Martín Goerling (Misiones-Pro). También es un tiro por elevación a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La comisión es el órgano que debe controlar, entre otras cuestiones, los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y, cuando de supervisar el gasto de 100.000 millones de pesos se trata, siempre es mejor contar con un aliado. En este terreno de interna libertaria a cielo abierto, Lijo y García-Mansilla esperan, ansiosos, el final de la novela.

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