Remedios gratis | PAMI desoye en Mendoza un fallo judicial a favor de jubilados, le aplican una sanción millonaria y se aguarda denuncia penal
Los afiliados le reclaman a los jueces que actúen de oficio contra los directivos por “desobediencia” e “incumplimiento en los deberes de funcionario público”; silencio en la entidad nacional
5 minutos de lectura'
PARA LA NACIONPablo Mannino
MENDOZA.– No hay respuesta oficial. Esa es la realidad, preocupante, que tiene como rehenes a los jubilados mendocinos luego de un fallo judicial, ratificado en varias instancias, que obliga a PAMI a mantener la gratuidad de los medicamentos a los afiliados de la provincia cuyana, bajo el plan Vivir Mejor.
Lo llamativo es que las autoridades locales de la obra social de los adultos mayores desoyen la intimación de la Justicia federal, por lo que se les comenzó a aplicar multas millonarias, que se acrecientan con el correr de los días, al tiempo que arriesgan el inicio de causas penales por “desobediencia”. De hecho, en los últimos días se triplicó el monto de la sanción pecuniaria, pasando de 100.000 pesos desde el 26 de diciembre a 300.000 pesos en la actualidad, por cada jornada de infracción, lo que ya representa una deuda de más de 3 millones de pesos.
Según pudo saber LA NACION, más del 70% de los afiliados mendocinos debería tener la cobertura 100%, de acuerdo con los requisitos que estableció la entidad nacional, lo que genera mayor controversia por la negativa en aplicar la decisión judicial. Hay jubilados que están en problemas con los tratamientos médicos por las dificultades económicas.
Incluso, diversos sectores políticos reclaman a los magistrados que tomen más cartas en el asunto y accionen penalmente contra los acusados, más allá de la eventual presentación que haga la parte damnificada, en este caso la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen), bajo el patrocinio de Marisa Uceda, exlegisladora nacional kirchnerista.
En la Justicia Federal indicaron a LA NACION que siguen esperando el cumplimiento de la medida, así como la recepción de una nueva denuncia, ya de tipo penal, por parte de los damnificados, para poder actuar con mayor contundencia, como puede ser incluso la detención de los responsables. Consultado el juez que lleva la causa, Pablo Quirós, aseguró a este diario: “Estamos esperando el cumplimiento. Las herramientas legales previstas son las que han estado solicitando: sanciones conminatorias progresivas como se están aplicando y, si así lo deciden los actores, pueden entablar denuncia penal ante la Fiscalía Federal por el incumplimiento”.
Frente a esta posición, comenzaron a levantarse voces del arco político. “Los jueces no pueden hacerse los distraídos y deben actuar de oficio contra los directivos. Sí pueden hacerlo, más allá de lo que pase en la Fiscalía con alguna nueva denuncia. Es una vergüenza cómo ellos también dilatan los plazos, mientras los jubilados siguen sufriendo a la hora de ir a la farmacia, incluso algunos abandonando tratamientos”, confío a LA NACION un importante dirigente del peronismo mendocino.
Otro funcionario judicial del fuero federal dio su visión: “El juez podría actuar de oficio, pero normalmente, cuando aparecen situaciones de incumplimiento, los magistrados esperan que las afectadas insten las denuncias”.
Por eso, en las últimas horas, desde la parte demandante comenzaron a agilizar el movimiento de la causa, con la presentación de una demanda penal, que podría configurarse bajo la calificación de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
LA NACION, en reiteradas oportunidades, se comunicó con el titular de PAMI en Mendoza, David Litvinchuck, quien llegó al cargo por decisión de la cúpula mileísta nacional cuando estaba en sintonía con la diputada nacional Lourdes Arrieta, luego de la intempestiva salida de Carlos Soloa Vacas. La respuesta, tras contestar inicialmente el contacto, fue siempre la misma: silencio.
En tanto, trascendió que las autoridades se comprometieron a actualizar el sistema informático para que las farmacias puedan aplicar la cobertura total de remedios. Sin embargo, la situación sigue sin evidenciar cambios reales.
Otras fuentes del PAMI consultadas por LA NACION admitieron el grave perjuicio que se les causa a los jubilados, obligándolos a asistir a la delegación local a realizar el trámite pertinente para determinar si deben o no recibir el beneficio de gratuidad, cuando el fallo judicial dice exactamente lo contrario: es el ente nacional el que debe realizar el trámite y el cruzamiento de datos a la hora de seleccionar a los beneficiarios.
También reconocieron que más del 70% de los afiliados de Mendoza deberían percibir la gratuidad de los remedios o cobertura 100%, ya que reúnen los requisitos que puso la entidad, como “no ser propietario de aeronaves o embarcaciones de lujo; no tener un vehículo con menos de diez años de antigüedad; tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos; no estar afiliado a un sistema de medicina prepaga; no ser propietario de más de un inmueble y no contar con activos societarios que demuestren capacidad económica plena”.
El 26 de diciembre del año pasado, tras un amparo presentado por Jubypen, la Justicia Federal de Mendoza desactivó la resolución 2431, que ponía fin a la gratuidad de los medicamentos del vademecum, intimando a los jubilados a realizar personalmente el trámite, bajo los requisitos mencionados.
Por Pablo Mannino
Conforme a los criterios de
Más leídas de Política
1Quién ganó las elecciones en Santa Fe 2025
2La Cámara confirmó el procesamiento de Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez
3Las paritarias muestran una caída de hasta casi 7% en el primer trimestre del año
4ADEPA rechazó los agravios de Milei a periodistas y advirtió que puede ser una actitud “intimidatoria”
