Reglamentaron la bancarización de aportes

El Gobierno reglamentó la reforma de la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos que busca otorgar mayor transparencia en los procesos electorales a través de medidas como la bancarización de los aportes que los privados hacen a las fuerzas políticas.

A través del decreto 443, publicado ayer en el Boletín Oficial, y con la firma de la vicepresidenta, Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quedó reglamentada la habilitación de los aportes privados en las campañas electorales a través de la bancarización.

"En el balance anual y en el informe de campaña las agrupaciones políticas deberán detallar la nómina de aportes que hubiesen recibido, con la correspondiente identificación de las personas que los hubieren realizado. Para el caso de los aportes a través de depósito bancario, el Banco Central arbitrará los mecanismos apropiados para que se acredite la identidad del aportante al momento en el que se realiza el aporte y para hacer posible su reversión", dice el nuevo texto del artículo 10 del decreto 936/10, modificado ayer, que también habilita el aporte único o periódico a los partidos a través de tarjetas de crédito.

El decreto también modifica el artículo 46 de la ley 26.215, al establecer que los partidos políticos destinarán a publicidad en medios digitales el 20% de los fondos que reciban del Estado. "De este porcentaje destinado a la publicidad en medios digitales, al menos un 35% será destinado a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción nacional, y al menos otro 25% del mismo aporte a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción provincial", agrega el texto.

La reforma a la ley 26.215 fue una de las prioridades que se fijó el Gobierno para trasparentar uno de los costados más oscuros del sistema político, como es el financiamiento. La reforma habilitó a las empresas a hacer aportes de campaña, una práctica que en los hechos ocurría en negro o bajo formas simuladas.

La prioridad del oficialismo se convirtió en urgencia a partir de dos hechos: la causa de los cuadernos de las coimas, donde quedaron expuestas las maniobras de financiamiento del kirchnerismo y llevaron a las empresas a exigir un cambio en la normativa para evitar problemas en la Justicia, y la causa de los aportantes truchos de Cambiemos, que derivó en la renuncia de la contadora general de la provincia María Fernanda Inza, luego de que se descubriera que el oficialismo inscribió a beneficiarios de planes sociales como aportantes. Parte de esos aportes investigados se hicieron desde cajeros automáticos.