Reforma laboral: los principales puntos de la Ley Bases

La “Ley de bases” incluye un capítulo de reforma laboral, bastante más acotado de lo que preveía el Gobierno y sus aliados de la UCR y Pro. De los 58 artículos, quedaron finalmente 16 tras la intervención de la CGT y la amenaza de Miguel Ángel Pichetto, del bloque Hacemos Coalición Federal, de retirar el apoyo a la iniciativa.

Los puntos más importanes del proyecto, que se debate desde hoy en la Cámara de Diputados, son los siguientes:

• Período de prueba. Si bien se mantiene la vigencia de seis meses para la generalidad, este período de prueba se puede ampliar, aunque se contempló un plazo mayor para las Pymes. Podrá ser de hasta ocho meses en las compañías de seis y hasta cien trabajadores; y de hasta un año en las empresas de hasta cinco empleados.
• Fondo de cese laboral. Este mecanismo sirve como alternativa a las indemnizaciones y deberá ser constituido mediante convenio colectivo de trabajo; es decir, con un acuerdo entre las cámaras empresarias y el sindicato más representativo del sector. El monto del aporte mensual, que no podrá superar el 8% del salario, corre únicamente por cuenta del empleador y constituirá un fondo de cese laboral. El proceso administrativo, en tanto, deberá ser reglamentado por la Secretaría de Trabajo. En su plataforma de gobierno, Javier Milei propuso una “modernización laboral”. Toma como ejemplo en su presentación el modelo que tiene implementado la Unión de Obreros de la Construcción Argentina (Uocra) con un esquema de seguros de desempleo con “mayor profundidad financiera”. Milei se refiere al “Fondo de Cese Laboral de la Uocra”, una iniciativa que la gestión de Mauricio Macri también quiso impulsar y que también fue impulsada por Roberto Lavagna durante la pandemia. El fondo de desempleo en la construcción funciona de la siguiente manera: el empleador deposita el 12% del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el 8% a partir del segundo año. El dinero se deposita en una cuenta bancaria, genera intereses para el trabajador y son inembargables. El dinero es de libre disponibilidad.
• Discriminación. Se estipula un “agravamiento indemnizatorio” en los despidos que, tras una sentencia judicial, se pruebe que estos fueron motivados por un acto discriminatorio.
• Simplificación registral. Establece un régimen simplificado de registración laboral con un aporte único para las empresas de hasta 20 empleados. Además, se prevé un sistema de condonación de multas por trabajador no registrado.
• “Trabajador independiente”. Establece que se podrá contratar hasta otros cinco trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado, que estará basado en una relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos ni con las personas contratatantes de los servicios u obras”. Desde la CGT rechazan este punto porque consideran que promueve la informalidad laboral. Lo llaman los sindicalistas “el ítem cuadrillas”.

Después de abrir una negociación con la CGT y tomar nota de la amenaza de algunos bloques de la oposición dialoguista, el Gobierno acotó los alcances de la reforma laboral y excluyó algunos puntos que estaban incluidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 que está judicializado en la Corte Suprema.

Los puntos más importantes excluidos del capítulo laboral son:

• Cuota sindical. Es el artículo, por demás cuestionado por la CGT, que limitaba el descuento compulsivo, a todos los trabajadores (afiliados o no), de la llamada “cuota solidaria”. Es decir, una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo que, históricamente, sirvió para financiar de manera alternativa las arcas de los gremios.
• Bloqueos sindicales. Se quitó el artículo que consideraba como “justa causa” de despido a la participación en bloqueos sindicales o tomas de establecimiento. En cambio, se determinó que este punto sea incorporado al Código Penal, donde se buscará que una persona que impida ingresar a otra un establecimiento comercial o industrial pueda ser reprimido con seis meses a tres años de prisión.
• Ultraactividad. No se avanzará en la eliminación del principio laboral que establece que un convenio colectivo de trabajo mantiene su vigencia hasta tanto no sea reemplazado por otro. Su desarticulación hubiese implicado que, en caso de no haber acuerdo de partes entre gremios y empleadores, se abran las negociaciones por rama de actividad, mermando la injerencia de los sindicatos.
• Multas. Se quitan las sanciones económicas a empleadores por presentar trabajadores no registrados. Se busca, con esta medida, evitar la “industria del juicio laboral” que, según indicó el diputado radical Martín Tetaz durante su intervención en el plenario de comisiones, “no funcionó para incorporar trabajadores al trabajo registrado”.

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