Reforma laboral: inicia en Diputados la discusión para acotar la principal caja de los gremios y limitar los mandatos de los sindicalistas

Legisladores de Pro, el radicalismo y la Coalición Cívica vuelven a la carga en la Cámara de Diputados para limitar el poder de los gremios. Con el aval del Gobierno, buscarán reformular el modelo sindical, sobre todo en lo relativo a la recaudación y a la democracia interna de las organizaciones. Ambos puntos fueron incluidos en el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei, que está suspendido a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.

La Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el radical Martín Tetaz, se reúne hoy para iniciar el tratamiento de 26 proyectos que, entre otras cosas, apuntan a determinar las condiciones para integrar los órganos directivos de los sindicatos, limitar los mandatos de los delegados, definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, incorporar el criterio de paridad de género y eliminar las “contribuciones solidarias” para los no afiliados, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad que es pactada en los convenios colectivos y que es hoy uno de los principales sostenes económicos de los gremios. Estas reformas son fuertemente resistidas por la CGT y las dos vertientes de la CTA, que ven amenazado como nunca antes su poder de caja y representación.

Si bien durante la sanción de la Ley Bases hubo un intento de avanzar con una nueva reforma, finalmente el oficialismo y la oposición dialoguista consensuaron una “modernización laboral” acotada. Allí se contemplaron algunos de los cambios que el Presidente impulsó en el DNU 70/2023, aunque se quitaron los artículos más resistidos por los sindicatos. En esa oportunidad, fue el diputado Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, el principal detractor de las reformas, que exigió postergar la discusión con los gremios una vez que se haya conseguido la sanción de las iniciativas que impulsa el Poder Ejecutivo.

“Hay consenso, la mitad de los proyectos que vamos a discutir son de Pro y la UCR. Es probable que, después de algunas reuniones, haya dos dictámenes: uno de mayoría y uno de minoría con las expresiones del kirchnerismo y la izquierda”, resumió Tetaz a este medio.

En este nuevo round, y según precisó LA NACION, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intentará desmarcar al Gobierno de los proyectos de ley que impulsan desde la UCR y Pro para modificar la ley de Asociaciones Sindicales. Su objetivo es no obstaculizar el canal de diálogo con la central obrera.

Sin embargo, un funcionario de la cartera laboral ya adelantó públicamente cuál será la estrategia. Se trata de Claudio Aquino, director del departamento de Asociaciones Sindicales, el área que supervisa todo lo que tiene que ver con la vida interna de los gremios y el cumplimiento de sus respectivos estatutos.

Aquino reconoció en una entrevista reciente en Radio Nacional que el Gobierno traducirá “en el futuro” a proyectos de ley la modificación del modelo sindical con la intención de limitar los mandatos sindicales y garantizar alternancia. Prometió también iniciativas legislativas para revisar la denominada “cuota solidaria” y la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT). La ultraactividad implica que todos los CCT tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos convenios, se mantiene el último aprobado.

Entre otros, hay un proyecto del radicalismo, firmado por Roxana Reyes, Julio Cobos, Pamela Verasay, Danya Tavela, entre otros, que pretende modificar la ley de Asociaciones Sindicales y prevé que la administración de los gremios sean ejercidas por un órgano compuesto por un mínimo de nueve miembros, o cualquier múltiplo de tres para garantizar la representación de un tercio para la minoría. Además, estipula que los mandatos no podrán exceder de cuatro años, con derecho a una sola reelección inmediata sólo en el caso en que se haya dado acabado cumplimiento al mandato anterior, sin interrupciones ni suspensiones.

Tetaz presentó un proyecto muy similar para “garantizar la democracia interna” de los gremios. Prevé, además, que todos los beneficiarios del Sistema de Obras Sociales podrán ejercer el derecho de opción, garantizando así la libre elección de la obra social.

La Coalición Cívica cuenta con iniciativas que apuntan a la rendición de cuentas de las cajas sindicales. Disponen la intervención de la Sindicatura General de la Nación para tal fin. La legisladora Marcela Campagnoli propuso, además, un proyecto para eliminar la cuota sindical para los no afiliados.

El Pro, en tanto, apoya e impulsa estas reformas. La legisladora santafesina Veróniza Razzini, fundadora del Movimiento Empresarial Antibloqueos, busca sancionar con dureza la paralización de la actividad como medida de fuerza. “Es urgente la necesidad de una legislación que penalice dichas acciones y castigue a quienes la han distorsionado a base de acciones intimidatorias de todo tipo, convirtiendo a las instituciones en meras escribanías donde se firman acuerdos que son la mas clara sentencia de muerte para el desarrollo productivo argentino, que, lamentablemente, no para de caer a una velocidad alarmante”, dictaminó la diputada a LA NACION.

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