Reforma del Ministerio Público: Juntos por el Cambio no participará del plenario con Martín Soria
“En el momento más duro de la pandemia, la prioridad del oficialismo es garantizar la impunidad de sus exfuncionarios”, advirtieron los diputados opositores
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Los diputados de Juntos por el Cambió anticiparon que no asistirán a la reunión de comisiones donde el ministro de Justicia, Martín Soria, buscará destrabar la reforma judicial que impulsa el gobierno nacional.
“No seremos cómplices de la destrucción de la república”, enfatizó la coalición opositora al dar a conocer su postura a través de un comunicado. Y argumentó: “En el momento más duro de la pandemia, la prioridad del oficialismo es garantizar la impunidad de sus exfuncionarios. El interbloque Juntos por el Cambio no será funcional a una agenda absolutamente ajena a las preocupaciones de millones de argentinos”.
Soria expondrá este lunes, desde las 18, a través del sistema de videoconferencia ante el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales -que conducen los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Hernán Pérez Araujo- sobre la reforma del Ministerio Público.
“Juntos por el Cambio no está dispuesto a que mientras la sociedad está preocupada por la escasez de vacunas y el avance de los contagios, una economía en crisis, con una inflación en marzo de 4,8%, un millón y medio de puestos de trabajo menos y el 42% de los argentinos en la pobreza, la Cámara de Diputados de la Nación se convierta en el lugar en donde el Frente de Todos pretenda consagrar la impunidad del pasado reformando la ley que regula la estructura del Ministerio Público, y atacando la independencia de todos los fiscales de la Nación”, agregaron desde la oposición.
Y advirtieron: “También rechazamos rotundamente los términos de la convocatoria del diputado Tahilade, que pretende que los diputados y diputadas nacionales adelantemos las preguntas y no podamos formularlas luego de la intervención del ministro. Esto violenta nuestros fueros al pretender silenciar las voces opositoras y armar una escena a medida que desvirtúa, además, la esencia misma del Parlamento. No es el momento, no es el modo, no es el contenido”.
Será la primera visita que hará Soria al Congreso luego que asumió el Ministerio de Justicia el pasado 29 de marzo, en reemplazo de Marcela Losardo. Si bien en la convocatoria se incluye solo el proyecto sobre la elección del jefe de los fiscales y el plazo de duración de su mandato aprobado por el Senado, no se descarta que Soria se refiera a la reforma judicial que también sancionó la Cámara alta.
En el Senado, la reforma judicial se sancionó el 28 de agosto del año pasado mientras que la reforma de la ley del Ministerio Público se aprobó el 27 de noviembre, pero el oficialismo de la Cámara baja no había abierto el debate debido a las dificultades de juntar los 129 votos para poder sancionar esos proyectos.
Además de Soria y Juan Martín Mena, participará también del encuentro con los legisladores el fiscal Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN).
El proyecto tiene puntos donde los fiscales y la oposición son irreductibles: entre ellos, el modo en que se previó la conformación del Tribunal de Disciplina de Fiscales que, según los detractores de la iniciativa, los deja a tiro de una suspensión por investigar. Y tampoco consienten que la Comisión Bicameral de Ministerio Público del Congreso cogobierne la Procuración, eligiendo al procurador sustituto o aprobando estructuras del organismo.
Además, los fiscales no aceptarían cambiar los dos tercios actuales de los votos del Senado necesarios para elegir procurador por la mayoría simple que prevé la norma aprobada en la cámara alta.
Soria anticipó que estaría dispuesto a retirar del proyecto aquellos puntos más conflictivos para fiscales y opositores. Sin embargo, opositores y fiscales mantienen su desconfianza: temen que, a la postre, el Gobierno se salga con la suya y logre aprobar la iniciativa original.
Para Rívolo, el proyecto debería empezar de cero. La oposición coincide: aceptaría debatir el proyecto pero no darle continuidad al que tuvo media sanción del Senado. Es que el mecanismo de aprobación de las leyes tiene una particularidad por la cual el kirchnerismo podría lograr la ley que le es esquiva.
En efecto, si la Cámara de Diputados se reforman algunos artículos, la iniciativa debe retornar al Senado. Si en el Senado, el oficialismo insiste con la redacción original, no hay más discusión y se aprueba esa versión de la ley inaceptable para fiscales y opositores. Por eso es que plantean la necesidad de una nueva ley.
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