Reflotan la quita de concesión a Edesur: los intereses políticos y la anécdota de Julio de Vido sobre la postura de Kicillof
La Defensoría del Pueblo bonaerense pedirá la rescisión en la audiencia pública sobre tarifas, con el visto bueno de Martín Insaurralde y de algunos intendentes; Kicillof no se expresó sobre la cuestión
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Edesur será protagonista hoy de la audiencia pública virtual que convocó el ENRE para analizar el aumento de tarifas del servicio eléctrico. Para participar está anotado Guido Lorenzino, defensor del pueblo bonaerense, y hombre del jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde. Lorenzino y varios intendentes del Gran Buenos Aires insistirán con el pedido de revocación de la concesión ante el organismo de control.
La semana pasada, el exministro del Interior, Julio de Vido, recordó un dato que en este contexto no debería pasar desapercibido: fue Kicillof, según él, quien se opuso a quitarle la concesión a las dos energéticas, en 2014. Ni Kicillof ni Insaurralde respondieron a las consultas de LA NACION para esta nota.
El gobierno prevé autorizar un aumento de hasta el 20% en las tarifas, pero las empresas sostienen que es insuficiente. La empresa Edesur, en tanto, rechaza las críticas que hacen las autoridades al servicio, afirma que ha mejorado el suministro y renueva su exigencia de “reglas claras”, mientras objeta la política tarifaria que ha llevado la Casa Rosada hasta el momento.
Edesur tiene un contrato de concesión por 99 años que se firmó durante el gobierno menemista con la privatización de varias empresas del Estado. Lleva tres décadas prestando el servicio. La movida contra la empresa es impulsada hasta ahora detrás de escena por el propio Insaurralde y quienes le responden: además de Lorenzino, algunos intendentes. Se sumaron otros jefes comunales que sintieron el malhumor de sus vecinos con los cortes prolongados entre diciembre y enero.
Hay quienes sospechan que más que una intención firme de avanzar en la quita de concesión existe un interés por esmerilar la compañía que hoy maneja el grupo italiano Enel para que ceda y la venda a precio barato. Pero hasta ahora, quienes hablan de la quita de concesión se mantienen firmes en sus intenciones.
“Nosotros entendemos que la prestación de Edesur llegó a un punto límite”, afirmó a LA NACION el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. “Hay que terminar con empresarios que administran un servicio público esencial y lo hacen mal, pese a las explicaciones que haya. Creo que el Gobierno nacional tiene que tomar una decisión drástica”, recalcó.
La Defensoría del Pueblo bonaerense reiteró el 3 de enero ante el ENRE la solicitud de rescisión de concesión a partir la interrupción prolongada del suministro durante fin de 2021. Días después volvió a realizar otra presentación debido a los nuevos cortes. “El crecimiento de los reclamos da cuenta de la continuidad de las deficiencias en la prestación del servicio público a cargo de la citada empresa, de los contratiempos y malestares (...), sumados a la falta de información respecto de los cortes, y de la mala atención” de las quejas, planteó el organismo.
El 12 de enero, a 80 kilómetros de La Plata, la capital bonaerense, la intendenta de interina de Lomas de Zamora, Marina Lesci, marchó junto a vecinos hacia la sede local de Edesur en protesta por los cortes de luz. “Tenemos la decisión política de dar todas las batallas que sean necesarias para lograr dos cosas fundamentales: el restablecimiento del servicio y también la revisión del contrato que brinda Edesur, que no pasa ningún análisis técnico”, manifestó.
Lesci rescató en esa ocasión que se trata de una lucha que había iniciado su jefe político, el intendente en uso de licencia y jefe del gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde. Mientras estuvo sentado en el sillón municipal, Insaurralde se mostró enfático en sus críticas hacia la distribuidora. Realizó reclamos a la Nación y denostó a la firma en redes.
El lomense respalda la petición de la Defensoría del Pueblo. De hecho, el jefe de Gabinete se reunió con Lorenzino, cinco días después para ratificarle su respaldo a la iniciativa, que hizo explicito a través de Twitter. Señaló que el organismo acompañará a cada intendente y concejo deliberante de la Provincia “en el pedido de fin de la concesión a las empresas eléctricas que no cumplan”.
El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, fue otro de los que se plegó a la demanda. “Con la Defensoría del Pueblo y otros municipios volvimos a insistir en que se le quite la concesión a Edesur S.A.” tuiteó Mussi, quien hizo un juego de palabras con las dos últimas iniciales y agregó el hashtag Sin Alma. Mussi dijo que la firma suma fallas “y no realiza las obras prometidas”.
Frente a un trámite que identifican con varios obstáculos, la Defensoría del Pueblo solicitó a concejos deliberantes que analicen la posibilidad de emitir declaraciones de apoyo al pedido de quita de concesión. Fue una solicitud hecha a los responsables municipales de Servicios Públicos en una videoconferencia realizada hace un mes, según pudo reconstruir este medio
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, también pedirá por su cuenta la quita de concesión en la audiencia. Ya lleva distintas presentaciones contra la empresa. “El servicio es pésimo. Tenemos en general dos o tres barrios por día sin suministro”, se quejó en diálogo con LA NACION. Agregó que hasta lo llegaron a llamar fiscales porque el Polo Judicial de ese distrito no tuvo luz durante dos días.
Insaurralde evita hablar. LA NACION intentó comunicarse con el funcionario bonaerense pero no respondió a las consultas. En tanto, en el entorno de Axel Kicillof, que había respaldado los reclamos contra la prestataria dos años atrás también guardan silencio ante la propuesta de desplazar a la firma. A su vez, cerca del subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, indicaron a este medio que el funcionario no emitirá opinión respecto del pedido.
Desde los municipios, las quejas contra la empresa se acumularon el mes pasado. La jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, inauguró una oficina de la Defensoría del Pueblo y afirmó que servirá para darle más entidad a los reclamos contra Edesur. Por su parte, Nicolás Mantegazza, intendente de San Vicente, y del riñón de Insaurralde, presentó un recurso de amparo en el Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°3 de Lomas de Zamora ante los cortes.
Según datos del ENRE, Edesur tuvo entre el 1° y el 26 de diciembre un promedio de 20 mil usuarios diarios sin suministro. Esos números treparon en los primeros días de 2022 por las altas temperaturas y la mayor demanda. Hubo casi un millón de afectados en total por los cortes ocurridos entre el 27 de diciembre y el 4 de enero. La empresa fue sancionada por $400 millones y deberá bonificar a parte de sus usuarios con $10.325 a cada uno.
Ante la consulta de este medio, desde Edesur señalaron que invirtieron en 2021, hasta el tercer trimestre, Us$150.000.000. Indicaron que se mejoró el servicio promedio en un 50% en toda el área de concesión, al pasar de 33 horas de corte promedio por mes a 13,5.
Desde el ENRE, por su parte, dijeron a LA NACION que la posibilidad de la quita de concesión está por fuera de las facultades del organismo. Se trata de una de las atribuciones del “poder concedente”. Ergo, el gobierno nacional, que está enfrascado en resolver el problema tarifario.
Detrás del pedido
Mientras Kicillof e Insurralde aparecen con actitudes diferentes, una declaración reciente del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, puede dar cuenta del pensamiento del gobernador bonaerense. De Vido dijo que en 2014 le propuso a Cristina Kirchner rescindir los contratos Edesur y Edenor. Según él, la sugerencia naufragó debido al rechazo de Kicillof, por entonces ministro de Economía, y del secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini.
Edesur presta el servicio de distribución en un sector de la ciudad de Buenos Aires y en doce municipios del sur del conurbano bonaerense: Berazategui, Quilmes, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Ezeiza, Presidente Perón, Florencio Varela Cañuelas y San Vicente.
La empresa, que hoy pertenece al grupo italiano Enel, cumplirá este año tres décadas como administradora del servicio desde que recibió la concesión durante el primer gobierno de Carlos Menem. El contrato tiene una duración de 95 años y concluirá en 2087. Durante este tiempo, la prestación no estuvo exenta de polémica. En 1999, entonces en manos de otros capitales, recibió una fuerte sanción por haber dejado hasta por 11 días sin servicio a los usuarios.
La ejecución de la garantía para remover a la empresa representa un trámite complicado. De acuerdo al artículo 37 del contrato, puede darse cuando el valor de las multas acumuladas en un año “supere el 20% de su facturación anual neta de impuestos y tasas”. Otra posibilidad es que la compañía “incumpliese en forma reiterada sus obligaciones contractuales substanciales y habiendo sido intimada por el ente a regularizar tal situación dentro de un plazo, no lo hiciere”.
Según la Defensoría bonaerense, los reclamos contra distribuidoras eléctricas representaron en 2021 el 56% de las quejas recibidas en el área de Servicios Públicos. De ese total, Edesur es la empresa más cuestionada. El organismo recibió el año pasado casi 11 mil reclamos contra la compañía, muy por arriba de Eden (opera en el norte de la provincia), que quedó segunda en el listado del organismo con menos de 3.500.
“No puedo imaginarme que Edesur vaya a estar dando explicaciones otros 60 años más por la prestación de un mal servicio. Creo que esa es la hipótesis con la que hay que trabajar para tomar una decisión correcta”, agregó Lorenzino.
Desde Edesur remarcaron que han cumplido con las exigencias. Al margen del período de altas temperaturas, señalaron que el servicio ha tenido una mejora de más del 60% en distritos como Florencio Varela, Avellaneda y Quilmes. En el otro extremo, en Presidente Perón y Esteban Echeverría, la mejora fue de 9% y 8%, respectivamente.
“No hacemos consideraciones sobre cuestiones políticas”, respondieron en Edesur cuando LA NACION consultó sobre el renovado pedido de quita de concesión. La empresa manifestó que en algunos casos obras importantes, como la construcción de una subestación lleva años. Y remarcaron que desean quedarse en el país, pero exigen “previsibilidad”y reglas claras”. Claudio Cunha, country manager de Enel Argentina, lo dejó claro en una entrevista con LA NACION.
La empresa puso otro elemento en la discusión. Asegura que la Provincia le debe alrededor de $2 mil millones por el suministro en barrios populares durante 2021. En 2020, por $3.000 millones, se había llegado a un acuerdo por obras e inversiones en la Secretaría de Energía de la Nación. Desde el área de Energía bonaerense dijeron que se evalúa un solución en ese sentido.
Como informó este medio, la empresa controlada por Enel, junto a Edenor, condicionó las inversiones previstas en 2022 a un aumento de las tarifas. La compañía solicitó ingresos por $43.236 millones para no tener pérdidas este año y pidió un “esquema regulatorio” que brinde certezas para afrontas las obras necesarias.
El ENRE dispuso una veedora en la compañía a principios de enero. Y luego, en una resolución en la que la multó, calificó su servicio como “deficiente”, y lo atribuyó a que “destina un 50% menos de cuadrillas a la atención de reclamos, en relación con las características de su área de concesión”. Según el organismo, “en promedio, la empresa cuenta con 1 cuadrilla disponible por cada 7.82 MW de demanda y por 4.704 personas usuarias”.
Las quejas contra la distribuidora trascienden las fronteras políticas. Lanús es el único distrito del área de concesión gobernado por Juntos por el Cambio. Allí, el intendente Néstor Grindetti también protesta por el servicio e incluso ha acudido a la Justicia. “El servicio es deficitiario”, manifestaron desde la comuna a LA NACION. Grindetti, por caso, anunció la compra de 10 generadores“ ante la ausencia de respuesta” de Edesur.
Sin embargo, desde Lanús pusieron reparos al pedido de quita de concesión. Expresaron que no queda claro cuál sería la situación en caso que la empresa fuera desplazada. Y en ese sentido rechazaron enfáticamente la posibilidad de una estatización. “El Estado no está capacitado”, sostuvieron.
Quienes llevan adelante el reclamo de rescisión de contrato aclaran que no pretenden una estatización. Sostienen que Edesur debe ser removida de la prestación y consideran que el Estado debe evaluar opciones, aunque la idea de una nueva concesión a otra firma se impone.
“No pido que pase a manos del Estado. Estoy pidiendo que le quiten la concesión”, apuntó a Fernando Gray, quien señala, entre sus críticas, que la empresa no cumplió con la construcción de una subestación. “No han invertido nada. Así han pasado la década del ‘90, cuando ganaban en dólares, y luego la época de [Mauricio] Macri. Siempre tienen excusas pero no invierten”, dijo.
Proyectos y razones
En la Legislatura bonaerense, cobró atención un proyecto presentado por el senador kirchnerista Francisco Durañona. El legislador propuso en 2020 la creación de una Comisión Bicameral para investigar el traspaso trunco de la prestataria a la provincia y la Ciudad de Buenos Aires en el último tramo del gobierno de Mauricio Macri. La comisión serviría, además, para controlar a Edesur y que desde la Provincia se pueda solicitar información, pedir sanciones, planes de inversión y controlar el cumplimiento de los contratos.
Si bien Edesur y Edenor están bajo jurisdicción nacional, Durañona defendió el proyecto al afirmar que la Provincia tiene obligación de supervisar los servicios públicos en su jurisdicción. “La provincia de Buenos Aires no puede desentenderse”, planteó Durañona a LA NACION. El coautor del proyecto es el senador Adrián Santarelli, un dirigente que responde a Martín Insaurralde.
Un eventual desplazamiento de la actual concesionaria de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y de una parte del conurbano requeriría un fuerte decisión política, que no está en la mente del Frente de Todos. En los pasillos políticos circula la respuesta que recibió una figura del peronismo cuando planteó la inquietud en la Casa Rosada. “El principal accionista de Enel es el gobierno italiano. No nos podemos pelear”.
La frase pronunciada en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional adquiere otra relevancia. El Estado italiano tiene el 23% de las acciones de la empresa de energía que controla a Edesur. Miembro del G7, Italia le transmitió su respaldo a Argentina en las conversaciones con el organismo de Washington. Fue en octubre del año pasado, cuando el canciller Santiago Cafiero se reunió con su par, Luigi Di Maio, en Sorrento.
Por Diego Sánchez
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