Reelecciones indefinidas: un ambicioso plan para transformarlo todo, y que todo siga igual

“Va a ser un diciembre picante”. Pese a la ronquera de años de tabaco y discusiones parlamentarias, la voz del dirigente peronista deja escapar un rastro de entusiasmo, casi pícaro. Y es que la Legislatura bonaerense podría convertirse en los próximos días en el escenario de un monumental acuerdo, con implicancias económicas, judiciales y electorales, para cambiar casi todo y que algo no cambie. También podría volverse un cuenco silencioso, donde se modifiquen de manera culposa solo un par de palabras en una ley. Y que todo siga igual.

En el segundo escenario, el menos ambicioso, la ley que se propone “reinterpretar” un sector del PJ, la UCR y Pro, y que buscan derribar decenas de intendentes y legisladores bonaerenses que ya sobrepasaron el límite de dos mandatos consecutivos –algunos largamente– es la 14.836. Una norma que se sancionó en 2016, con el impulso oxigenador que portaban la entonces gobernadora de Pro, María Eugenia Vidal, y el Frente Renovador de Sergio Massa. La ley estableció que los intendentes podían aspirar a una sola reelección consecutiva. Para volver a competir por el poder debían dejar pasar un mandato. El mismo parámetro se aplicaba para diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares.

Se impone el tiempo pasado porque la ley, aunque sigue ahí desde hace ocho años, nunca tuvo verdadera vigencia. ¿Por qué? Se impusieron dos razones, una de fondo y la otra, de forma. La razón de fondo es que la ley introducía un quiebre intolerable para la lógica política bonaerense, donde los intendentes del peronismo y el radicalismo se acostumbraron a ver desfilar delante de sí, desde sus poltronas en el conurbano y el interior provincial, a presidentes y gobernadores. Sin techo ni fecha de vencimiento, las disidencias y la competencia interna se apagaban. Por las buenas o por las malas. O dicho de otro modo, porque se imponían las buenas gestiones, que las hay, u otros métodos.

Pero incluso las buenas gestiones, al eternizarse, terminan perdiendo su impulso original. No solo porque el trabajo de un intendente es 24/7, sino porque, para garantizar lealtades, los gabinetes municipales terminan siendo loteados para contener a los rebeldes, que no siempre coinciden con los más capaces.

“En mi experiencia como intendente, que apenas llevo casi un año, puedo asegurar que el trabajo es de una intensidad y vocación inmensa, y que difícilmente se pueda sostener 20 años esa intensidad, salvo que la bajes y te conviertas en un peor intendente”, afirmó esta semana Ramón Lanús (Pro), jefe comunal de San Isidro.

Lanús fue la única voz que salió a denunciar que “hay conversaciones para lograr, antes de fin de año”, que se elimine el tope para las reelecciones indefinidas. “Es una clara señal de que la política sigue mirando sus intereses y que está totalmente alejada de lo que le preocupa a la gente”, dijo en una entrevista radial.

Además del desgaste que mencionó Lanús, la política bonaerense suma otra particularidad. A diferencia de esquemas comparables, como el cordobés o el santafesino, donde los municipios tienen una mayor autonomía, la suerte electoral de los intendentes bonaerenses se define el mismo día que el gobernador y el presidente. Por lo que no faltan casos de gestiones deficientes que han sobrevivido por años, por tener un buen control del territorio y beneficiarse del arrastre del tramo presidencial y provincial de la boleta sábana. La introducción de la boleta única papel alterará esa inercia. De ahí también la urgencia del peronismo por una reforma electoral.

La ley 14.836 introducía un impulso en favor de la renovación de nombres y relaciones de poder en los distritos, además de un incentivo a la alternancia que proclama la Constitución y que rige para los cargos ejecutivos en la Nación y casi todas las provincias. Es que entre los intendentes de los 135 partidos bonaerenses rige, ahora sí en presente, la misma lógica que impera en la Formosa de Gildo Insfrán.

El otro motivo, el formal, que convirtió en letra muerta la ley 14.836 surgió de un decreto reglamentario que Vidal firmó en 2019 y que abrió una primera ventana para esquivar el límite a las reelecciones indefinidas. Ese decreto sostenía que el tope reeleccionario se aplicaba a los intendentes que hubieran ejercido su segundo mandato “por más de dos años, continuos o alternados”. En otras palabras, si un intendente ya reelecto se tomaba licencia y dejaba el cargo por dos años y un día, podía aspirar a una nueva reelección. Y poner el reloj en cero.

Los gabinetes de Alberto Fernández y Kicillof, que ganaron los comicios de 2019, se llenaron rápidamente de intendentes que asumieron ministerios y secretarias, pero también cargos de tercer y cuarto orden, con tal de pasar allí dos años y un día, y conservar la posibilidad de ser reelectos en 2023.

Desde el entorno de Vidal explicaron, en su momento, que el decreto que había abierto una ventana para esquivar el límite a las reelecciones fue una imposición de los intendentes del PJ y la UCR. Desde estos espacios señalaron que sus pares de Pro también colaboraron en vencer resistencias.

Sea como fuere, la ventana quedó abierta. Los vientos políticos de aquel 2019 beneficiaron a los intendentes peronistas que iniciaron pasantías en los gabinetes de Fernández y Kicillof. Los de Pro y la UCR, y los del peronismo que no encontraron un cargo provincial o nacional donde licenciarse, no tardarían en advertir la injusticia a la que eran sometidos. Así fue que en otro diciembre, en medio de otra discusión presupuestaria como la actual, la Legislatura bonaerense modificó la ley para aclarar que el tope era de dos períodos consecutivos “sin importar que el cargo haya sido ejercido total o parcialmente”.

¿Se cortaba la re-reelección para todos? Para nada: en 2021 se dispuso que, en lugar de considerar como primer período el transitado desde 2015, como figuraba en la norma original, para intendentes y legisladores se tuviera en cuenta como primero el iniciado en 2019. Todos tenían una reelección más. La modificación se votó un 28 de diciembre. No hay remate.

Aquella noche, lo que quedaba del vidalismo y el massismo en la Legislatura –por principios y vergüenza propia, porque varios de sus intendentes y legisladores buscarían luego su re-reelección en 2023–, más la izquierda y Avanza Libertad –que no tienen municipios propios– se negaron a modificar la ley. Pero fueron más los votos del kirchnerismo, Pro y la UCR. No hubo grieta y los intendentes, 90 de los 135, sacaron la sortija para lograr una vuelta más. ¿Para qué detener ahora la calesita?

De eso se trata la nueva “reinterpretación” de la ley 14.836 que pergeña un sector de la política bonaerense. Vidalistas y massistas volverán a rechazarla. Pero son menos que antes. “La mayoría de los legisladores responden a los intendentes, y los intendentes no forman sucesores”, se resigna un macrista, que todavía recuerda la “traición” de su propio espacio en 2021.

Eso sí, hay un problema. “Milei y sus trolls nos van a matar si volvemos a meter mano en la ley. Se la dejamos servida para que nos coman”, advierte un massista.

Por eso el plan B. El más ambicioso, que convertiría a las re-reelecciones en un asterisco menor dentro de una gran reforma política. A instancias de Kicillof, el peronismo debate hoy si suspende o deroga las PASO. También, si desdobla las elecciones generales o realiza comicios concurrentes, el mismo día pero con sistemas distintos (la boleta sábana y la BUP). Por último, si convierte a la provincia en distrito único, donde los diputados (y quizás también los senadores) ya no sean elegidos por cada sección electoral (la excepción es La Plata, distrito fijado en la Constitución provincial) sino como parte de una única lista.

“Si modificás la forma de elegir legisladores, ya resolvemos una parte: con el nuevo formato todos los legisladores tendrán derecho a una reelección más, porque el sistema es otro”, explica el cacique de la voz ronca. ¿Y los intendentes? “Van a tener que ir a la Justicia”, sentencia.

Allí es donde entra en juego la apuesta mayor, la que podría transformar casi todo, para que algo no cambie. Junto a la discusión por la reforma política, Kicillof puede abrir una negociación en múltiples frentes. Por un lado, sus necesidades directas: el presupuesto, la ley fiscal impositiva 2025 y la autorización de endeudamiento. Por el otro, un conjunto de cargos que todos los partidos apetecen: el subprocurador general, 210 pliegos judiciales, los miembros del tribunal fiscal, los directores del Banco Provincia, los miembros del Consejo de la Educación y, de yapa, cuatro de los siete jueces de la Suprema Corte bonaerense (y sus secretarías).

Se trata de un acuerdo tan ambicioso que hace ver imposible su concreción. Más, si se contempla que necesita el visto bueno de un sector de la oposición, pero también que lleguen a un acuerdo Cristina y Máximo Kirchner, Kicillof y Massa.

Pero un detalle alimenta las ilusiones de los interesados: a esos cuatro nuevos miembros de la Corte podrían acudir los intendentes antes de 2027, para plantear su derecho humano a la re-reelección. No hay gestores de votos más eficientes en la Legislatura.

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