Ajuste a las provincias: el conflicto en Misiones siembra una incógnita en el Congreso y reaviva un reclamo común de los legisladores

El conflicto político y social que atraviesa a Misiones amenaza con entorpecer la sanción de las iniciativas de Javier Milei en el Congreso. En el medio de las conversaciones entre el oficialismo y la oposición en el Senado, la Casa Rosada se resiste a dar marcha atrás con el ajuste a las provincias y genera incertidumbre respecto de la suerte de la Ley Bases y el paquete fiscal. Sin los votos para su aprobación, el Gobierno hace equilibrio con los aliados –entre los que se encuentran los dos misioneros que responden al gobernador Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia)– para evitar un nuevo fracaso. Un nuevo desembolso de fondos del Gobierno, no obstante, podría derivar en una catarata de reclamos similares.

Los salarios estatales están en el centro de la disputa misionera. Los reclamos los encabezan los docentes –principalmente del nivel inicial–, los policías y, en las ultimas horas, también los yerbateros. Si bien los dos primeros actores apuntan a una recomposición salarial, los últimos objetan la desregulación económica que lleva adelante la administración libertaria. El desfinanciamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que fija un precio mínimo para proteger a los pequeños y medianos productores del sector, los afecta directamente. Lo mismo que la apertura de importaciones.

“El problema salarial de la provincia viene desde hace meses. No hubo una política de reducción de gastos y no hay voluntad del gobierno provincial de sentarse a hablar con los manifestantes para destrabar el conflicto”, señaló el diputado misionero Martín Arjol (UCR). El radical destacó el acompañamiento de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias por parte de los legisladores aliados al gobierno provincial, cuando apoyaron la candidatura de Sergio Massa. “Con lo recaudado por Ganancias la provincia no tendría este conflicto”, dictaminó Arjol.

En el mismo tenor analizó la situación su coterráneo de Pro, el senador Martín Goerling Lara: “Hay una gran masa salarial con sueldos de miseria. Es un reclamo genuino. El gobierno provincial debería armar un plan de reestructuración y fijar prioridades en el gasto, como ser educación, seguridad y salud”. Un relevamiento salarial de Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) ubica a Misiones como la provincia con los sueldos del nivel inicial más bajos de todo el país: un docente sin antigüedad percibe un aproximado de $250.000 por su labor.

Este lunes, el gobierno de Passalacqua llegó a un acuerdo con dos gremios docentes, ligados al oficialismo, para llevar ese salario inicial por encima de los $400.000. En un comunicado, la gobernación justificó la falta de recursos en el “desplome total de la economía nacional”. Una primera crítica a la Casa Rosada, que había elogiado el “orden” de las cuentas públicas misioneras.

La mala administración de las cuentas a la que –por el contrario– apuntan los legisladores de la oposición misionera se combina con un feroz recorte nacional de las partidas destinadas a las provincias. Entre ellas, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), los subsidios al transporte (Fondo Compensador) y las destinadas al financiamiento de obras. Según un informe de Marcelo Capello, economista jefe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, el 8,9% de los ingresos totales de Misiones son transferencias discrecionales de la Nación, la quinta jurisdicción más dependiente de los recursos del Tesoro de toda la Argentina.

Sin embargo, fue una de las provincias menos afectadas por el hachazo libertario. Así lo señala un informe del Instituto Argentino de Análisis fiscal (Iaraf), dirigido por Nadin Argañaraz, que ubica a Misiones entre las ocho provincias con menor caída interanual del gasto pagado por la Nación (-85,3%), después de CABA (-10,4%), Santa Cruz (-51,3%), Chubut (-61,8%), Jujuy (-82,3%), Buenos Aires (-82,6%), Tucumán (-84,4%) y Neuquén (-85,1%).

Según el último informe de Iaraf –confeccionado con datos provistos por el Ministerio de Economía–, la última transferencia no automática a la provincia fue en el mes de abril, por $1500 millones, tras la visita del ministro del Interior, Guillermo Francos. El viaje del funcionario nacional se dio en el marco de un recorrido por las provincias del norte, que coincidió con el segundo tratamiento de la Ley Bases en Diputados. Lo recibió el exgobernador Carlos Rovira, quien lidera desde hace décadas al oficialismo.

Después de este acercamiento, del que también participó Eduardo “Lule” Menem, los cuatro diputados que responden al oficialismo misionero cambiaron su voto y acompañaron todos los puntos de la Ley Bases y el paquete fiscal. En febrero, cuando fracasó la versión original de la ley ómnibus, los legisladores de Rovira habían rechazado en particular los artículos troncales de la iniciativa.

En la misma sintonía, los dos senadores aliados al gobernador –Carlos Arce y Sonia Rojas Decut– se abstuvieron de rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que afecta a uno de los sectores productivos de su distrito: los pequeños emprendedores yerbateros. Cuando la Ley Bases y el paquete fiscal lleguen al recinto, serán determinantes para evitar su fracaso. El kirchnerismo está a solo cuatro votos de voltear las iniciativas en general y, con ello, sepultar las intenciones del Poder Ejecutivo de tener las leyes durante su primer año de gobierno.

“En Misiones tenemos una frase acuñada: gobernabilidad, con gobernabilidad se paga”, sintetizó de manera pragmática en su momento a LA NACION el gobernador Passalacqua. Hoy, esa gobernabilidad no estaría garantizada sin la reactivación de las partidas nacionales.

El recorte feroz de la Nación a las provincias fue un reclamo común de todos los senadores durante la sesión especial en la que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, informó sobre la marcha de la administración. En lo que va del año, hay partidas que registran cero ejecución, como la del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires o aquellas destinadas a compensar las cajas previsionales no transferidas a la Nación. En tanto, las transferencias para gastos de capital a las provincias (principalmente para financiar obras públicas) cayeron de manera drástica: 97,6% respecto al mismo período del año pasado, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Esta situación pone en estado de alarma a los gobernadores, que mantienen un vínculo tenso con la Casa Rosada. Mientras que Milei ata el alivio fiscal del Pacto de Mayo a su buena conducta en el Congreso, los mandatarios provinciales buscan garantías en el Gobierno. El conflicto misionero, que no pareciera dar signos de encontrar una solución en el corto plazo, muestra una escena que podría replicarse en otras jurisdicciones si los fondos Nacionales no empiezan a fluir.

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