Reclamo ante la Corte de indígenas chaqueños

Representantes de la Multisectorial de Pampa del Indio (Chaco) se presentaron ayer en la Corte Suprema para denunciar el incumplimiento de una cautelar, adoptada en 2007, que obliga al Estado provincial y al nacional a asistir a las comunidades indígenas del Chaco. El secretario letrado a cargo se comprometió a investigar los incumplimientos, en un caso calificado por la Defensoría del Pueblo como "un exterminio silencioso, progresivo, sistemático e inexorable".

Este organismo, parte denunciante del caso que había motivado la medida cautelar, realizó la semana pasada una presentación donde detallaba los incumplimientos denunciados en "garantizar la debida alimentación" de las familias originarias, la provisión de agua en regiones sin sistema sanitario y la garantía del "derecho a la consulta y participación de las comunidades" ante cambios en los mecanismos de asistencia que implementó el vicegobernador en funciones, Juan Carlos Bacillef Ivanoff.

"Un bolsón de alimentos que hoy vale 390 pesos fue reemplazado por una tarjeta magnética con 100 pesos. Además, los comerciantes de la zona practican un descuento, por lo que no alcanza para nada", indicó a LA NACION Danilo Sosa, del Frente de Lucha Popular de Pampa del Indio.

Ese cambio en la forma de pago había motivado fuertes enfrentamientos con la policía provincial en febrero pasado, ante medidas de protesta como cortes de ruta. Muchos de los dirigentes que peticionaron ayer ante la Corte se encuentran procesados. "Nos están llegando notificaciones con multas de 7000 pesos", dijo Sosa.

Además, la presentación de la Defensoría se hizo eco de las denuncias sobre problemas en el acceso a la salud: "En Pampa del Indio hay 30.000 habitantes y faltan médicos". En octubre del año pasado, un niño de la comunidad qom murió en una incubadora improvisada cuando el actual jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, estaba al frente de la provincia. "Nos había prometido muchas mejoras, pero lo único que hicieron fue llevar una ambulancia", explicó Víctor Gómez, líder de la Federación Nacional Campesina (FNC).

Además, indicó: "El actual gobernador cortó cualquier tipo de diálogo con las comunidades, nos reprimió cuando salimos a pedir por la falta de agua". Antes, aclaró, "Capitanich tenía un diálogo, pero también había prometido un acueducto y otras mejoras para la salud que no se cumplieron nunca".

El objetivo de los representantes de pueblos originarios que se presentaron ayer ante la Corte es poder sumarse como parte a la causa. Cerca del mediodía fueron recibidos por el secretario letrado Alejandro Rodríguez, quien se encarga del seguimiento de la cautelar de 2007. Según el testimonio de quienes asistieron al encuentro, Rodríguez se mostró sorprendido por la información sobre incumplimientos, porque había recibido indicaciones de las autoridades nacionales y provinciales en el sentido de que la cautelar estaba siendo aplicada.

La defensoría había reclamado la semana pasada a la Corte que fijara un "plazo o cronograma para superar lo más pronto posible las deficiencias informadas". Por el momento, la delegación que visitó ayer Tribunales obtuvo el compromiso de que sus denuncias serán investigadas.

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