Reclaman que avance el juicio político contra los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner y sus hijos en el caso Hotesur

El diputado nacional por Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy le reclamó al Consejo de la Magistratura que avance con el juicio político de Adrián Grünberg y Daniel Obligado, los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner y sus hijos, y que frenaron el juicio del caso Hotesur-Los Sauces, que investiga los negocios hoteleros de la familia de la vicepresidenta y sus vínculos con el empresario Lázaro Báez.

López Murphy sostuvo en su presentación que existen “nuevos elementos” contra los camaristas y presentó como prueba el dictamen del fiscal de Casación Mario Villar, que pidió reabrir la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en los negocios de la vicepresidenta y su familia, cerrada el 26 de noviembre de 2021. El diputado presentó un escrito que lleva también las firmas de María Eugenia Talerico, que fue vicepresidenta de la Unidad de Información Finaiciera (UIF), el organismo antilavado, durante el gobierno de Mauricio Macri; de Marina Kienast y de Roberto García Moritán.

Según los denunciantes, el dictamen de Villar, que reclama la nulidad del sobreseimiento, pone en evidencia “la gravedad institucional del obrar” de los jueces, que es -dijeron- “irregular y escandaloso”.

Villar, fiscal ante la Cámara de Casación, sostuvo que Grünberg y Obligado resolvieron el caso “con base en su sola voluntad, sin acudir al derecho vigente” y “enmascarando la falta de fundamentos con apreciaciones dogmáticas”.

Y afirmó: “Considero que la resolución del a quo no cuenta con los fundamentos mínimos, necesarios y suficientes, lo que habilita su descalificación como acto judicial válido, por cuanto la solución adoptada revela una decisión puramente subjetiva, y por consiguiente arbitraria, que no deriva de los hechos ni constituye una aplicación del derecho vigente, circunstancia que impone que se case la sentencia y se la deje sin efecto”.

Villar agregó: “En cada uno de los fundamentos se percibe a simple vista que la única coherencia que poseen es su unidad de dirección hacia cerrar la causa, lo cual incluye el argumento que les permitió llevar adelante los fundamentos de fondo para intentar justificar el sobreseimiento”.

López Murphy y los demás denunciantes le solicitaron a la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura que les informe el estado del trámite del expediente, pero desde que el Consejo tiene nueva integración, esa comisión nunca fue constituida.

“Deben ser apartados porque corrompieron la ley”, dijeron los denunciantes, que ampliaron su pedido de jury del 29 de noviembre pasado.

No es probable que esos juicios políticos prosperen. El kirchnerismo tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura, el organismo que controla la actuación de los jueces, y para abrir un proceso es necesario el voto de dos tercios de los consejeros.

La denuncia original

El año pasado, la denuncia original contra los jueces fue por “mal desempeño” de sus cargos y por el delito de prevaricato, que castiga con una multa e inhabilitación absoluta perpetua al “juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas”.

De acuerdo con la denuncia, Grünberg y Obligado “han adecuado su decisión con la finalidad de obturar la celebración del juicio oral y público” y firmaron el sobreseimiento de Cristina Kirchner “desatando un verdadero escándalo jurídico.”

Según la acusación, “los magistrados tergiversaron de manera intencionada el sistema penal formal y sustancial, dando privilegios procesales a Cristina Kirchner y al resto de los acusados so pretexto de supuestas ‘novedades’ que jamás podrían reputarse como tales y que exceden los supuestos legalmente habilitados por las normas procesales para tratar la cuestión”. Además, omitieron “considerar todo lo actuado y decidido durante años” por los jueces que intervinieron antes en la causa y consideraron que debía ir a juicio, “eliminando con este plumazo” la instancia del debate oral y público, teniendo incluso prueba pendiente que el propio tribunal había ordenado.

Los denunciantes sostuvieron que su planteo no obedece a una diferencia de criterio jurídico con los jueces. “No cuestionamos lo actuado por los jueces por divergencias en la interpretación jurídica o por disentir en la valoración de los hechos [eso no es causal de juicio político], sino porque estos jueces atropellaron el ordenamiento jurídico deliberadamente, impidiendo indebidamente el desarrollo del juicio oral y público, tal como lo fuera solicitado por el fiscal del caso y la jueza, en disidencia, Dra. Palliotti”, afirmaron.

También cuestionaron ”la celeridad inusitada observada para resolver el caso” y consideraron que los jueces eligieron una “vía fraudulenta” para cerrar el expediente. “Resulta imprescindible la apertura de una investigación por mal desempeño, en los términos del art. 53 de la Constitución Nacional, y por la eventual comisión del delito de prevaricato”, dijeron.

Según la denuncia, los jueces sobreseyeron a Cristina Kirchner “concentrando su actividad en descalificar arbitrariamente tipos penales, aplicando una doctrina de ultra actividad de la ley penal mas benigna en un caso de delito continuado para afirmar que no se cometió el delito de lavado de activos, sosteniendo sin fundamento la violación del principio del non bis in ídem con relación al delito de asociación ilícita y descartando el delito de dádivas con ligera interpretación de las reglas del concurso ideal”

Los jueces apuntados

Adrián Grünberg

Integró el TOF 5 como subrogante y su presencia como juez suplente fue clave para conformar mayoría con su colega Obligado.

Fue el único juez de su instancia en votar a favor del sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa dólar futuro, que luego fue cerrada por la Cámara de Casación. Siempre sostuvo que no existió delito ni perjuicio al Estado en las operatorias denunciadas.

Se pronunció en varias oportunidades, en el marco de la causa Río Turbio, a favor de la excarcelación del exministro de Planificación Julio De Vido, y sostuvo que no debía excederse el plazo de dos años de la prisión preventiva.

Aunque ya no forma parte de la agrupación, estuvo en las filas de Justicia Legítima desde su fundación.

Grünberg fue uno de los magistrados que apoyó el proyecto de “democratización de la Justicia” de Cristina Kirchner. Antes de ser nombrado juez del Tribunal Oral Federal 1 (llegó por concurso en 2009) fue cinco años secretario letrado de Carmen Argibay en la Corte Suprema. Reconoce como su maestro a Raúl Zaffaroni.

En el caso de José López votó por la condena del exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo por enriquecimiento ilícito y luego apoyó su liberación, sin imponerle una caución real.

Daniel Obligado

Empezó su carrera judicial como auxiliar en un juzgado de instrucción, con la jueza María Servini. Es socio de la Asociación de Magistrados y simpatizante de la lista Celeste, que históricamente tuvo posturas más cercanas al kirchnerismo.

En 2000 fue nombrado juez en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6 de Lomas de Zamora, territorio en el que forjó vínculos con Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y actual presidente del Consejo de la Magistratura, impulsado en ese cargo por el kirchnerismo.

Le concedió el arresto domiciliario a Amado Boudou en el Caso Ciccone en plena pandemia y contra la opinión de los fiscales. Una vez que Boudou fue a su casa, la Corte confirmo su condena, pero el exvicepresidente nunca más volvió a prisión porque Obligado entendió que debía seguir en libertad. Así pasó el tiempo y con Boudou en su casa pidió la libertad condicional por el tiempo transcurrido desde su condena. La obtuvo merced a un generoso cómputo de sus días preso por los estudios cursados en prisión, lo que le permitió acelerar la progresividad del cumplimiento de la pena y quedar en libertad antes de tiempo.

El año pasado sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa Memorándum con Irán, al entender que no era delito la firma de ese convenio. Lo hizo en un voto en el que analizó los elementos de prueba que había mencionado el fiscal Nisman en su denuncia y los descartó.

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