Rechazo empresario a la ampliación de la Corte Suprema: “Buscan subordinar la Justicia al poder político”
Tanto IDEA como ACDE se sumaron a las críticas contra la ampliación del máximo tribunal a 25 miembros, como ya ya expusieron gobernadores no alineados, opositores y entidades
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LA NACION
La intención de la Casa Rosada y los gobernadores oficialistas de elevar a 25 los miembros de la Corte Suprema de Justicia, en medio de la disputa con la ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación, continúa cosechando rechazos. A las críticas expresadas por la oposición, los gobernadores no alineados con el kirchnerismo e instituciones como el Colegio de Abogados de la Ciudad se sumaron sectores empresarios como IDEA y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).
Desde el Instituto para el desarrollo empresarial de la Argentina (IDEA) consideraron que la ampliación de la Corte a 25 miembros “afecta negativamente la inversión y el empleo”. A través de un comunicado, la entidad advirtió que “el proyecto de aumentar de cinco a 25 el número de miembros la Corte Suprema constituye un mensaje negativo grave que va en contra de la necesidad de constituir y mantener instituciones sólidas”.
En contrapartida, destacaron que “el fortalecimiento de la calidad institucional debiera ser uno de los mayores objetivos en nuestro país, ya que hoy es el principal obstáculo para poder aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mundo”, para recordar que el funcionamiento de la República se basa en la división de poderes. “Este proyecto va directamente en contra de este principio fundamental ya que busca que la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quede subordinada al poder político”, enfatizaron.
“En IDEA creemos que Argentina necesita volver a crear empleo de calidad para reducir la pobreza, lo que se requerirá un significativo aumento de la inversión privada; las oportunidades en Argentina son numerosas pero las inversiones solo van a venir si les aseguramos confianza y previsibilidad, para lo cual es fundamental tener una justicia independiente”, completaron.
La reacción de ACDE fue enfática. “En conjunto con todas nuestras asociaciones provinciales, conformadas por hombres y mujeres de empresa cristianos, consideramos que esta iniciativa representa una manipulación de las instituciones con el verdadero fin de someter a la Justicia al Poder Ejecutivo, en una clara alteración de la independencia de poderes que debe regir en nuestra Nación”, subrayaron.
Como IDEA, llamaron la atención sobre el impacto que el proyecto puede generar en las inversiones que necesita el país. “Únicamente llegarán inversiones productivas y se generará empleo genuino en la Argentina si la división de poderes está garantizada y la Justicia es administrada en forma independiente de los intereses del gobierno”.
En el mismo sentido, señalaron que la Corte Suprema con su actual conformación “ya cuenta con carácter Federal al ser sus jueces nombrados por el Senado de la Nación, cuyos miembros responden a las provincias”, y concluyeron: “La justicia debe fallar en base a la ley y no en base a los intereses particulares de los gobiernos, sean estos provinciales o nacionales”.
Este jueves, Alberto Fernández se reunió con gobernadores de 13 provincias oficialistas y aliadas, además de representantes de otros cinco distritos, para acercarles el proyecto que la Casa Rosada pretende impulsar para ampliar el número de cortesanos. Fue a sabiendas del proyecto que, en paralelo, ya discutían los mandatarios provinciales peronistas que, un día más tarde, dijeron estar listos para impulsar.
A la reunión en la Casa Rosada no asistieron los cuatro mandatarios de Juntos por el Cambio de la ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Mendoza y Corrientes, pero tampoco los peronistas Omar Perotti (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdoba). La resistencia tiene matices. Mientras Horacio Rodríguez Larreta la expone con tono de denuncia, Schiaretti hace saber su disconformidad por lo bajo. Entre los más firmes, algunos advierten que es un ataque preocupante a las instituciones de la República y otros destacan que no es un tema prioritario en medio de la crisis que atraviesa el país.
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