Rechazo de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas al proyecto de ampliación de la Corte Suprema

La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de la República Argentina rechazó por medio de una declaración pública el proyecto de ley que impulsa el gobierno de Alberto Fernández para ampliar la composición de la Corte Suprema. Consideró que es una forma de “manipular” políticamente a la Justicia y la calificó de “palmariamente inconstitucional”.

Alude así al proyecto que impulsó originalmente un grupo de 13 gobernadores del Frente de Todos, con Axel Kicillof a la cabeza, y que luego tuvo el aval del Presidente. Ahora está en el Senado de la Nación para su consideración. Se pretende aumentar el número de jueces del máximo tribunal de 5 a 25 y que están representadas todas las jurisdicciones.

“En esos términos, la reforma pretendida es palmariamente inconstitucional -señala la declaración de la Academia-. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es nacional por naturaleza y por función. Por naturaleza, en tanto es una de las Autoridades de la Nación establecidas en la Segunda Parte de la Constitución Nacional: ‘El Poder Judicial de la Nación -dice el artículo 108- será ejercido por una Corte Suprema de Justicia…'. Por función, en tanto le corresponde decidir -entre otras cosas- en cuestiones entre las provincias, así como sobre la constitucionalidad de las leyes y aun de las constituciones provinciales”.

Añade que cuando la Constitución ha querido que un órgano nacional tuviera representación provincial lo ha establecido explícitamente. Y recuerdo el artículo 54, que dispone que “el Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia…” o el artículo 75, inciso 2 que le encomienda crear “un organismo fiscal federal (con) representación de todas las provincias…”.

“La Constitución ni dispone representación provincial en la Corte ni otorga al Congreso atribución para hacerlo. Por tanto, la reforma pretendida exorbita el orden jurídico y solo podría tener andamiento a través de una reforma constitucional conforme el procedimiento establecido por la misma Carta Magna”, indicó la Academia.

Y concluye: “Los silencios del proyecto no alcanzan para ocultar la explícita intención de sus originales proponentes. La experiencia histórica enseña que la manipulación política de las previsiones constitucionales deslegitima la pretensión; así fue una vez con el requisito de los 2/3 para declarar la necesidad de la reforma constitucional y así fue también con el intento de una segunda reelección presidencial. No debe pues persistirse en este camino”.

La declaración completa

“Sobre el Proyecto de reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

“1. Con fecha 9 de junio se ha presentado un Proyecto de Ley que propicia elevar el número de jueces de la Corte Suprema a 25; el mismo encuentra su origen en una declaración emitida con fecha 3 de junio por 13 gobernadores en la que se señala que la reforma propuesta persigue “la representación de cada una de las jurisdicciones” en la composición del Alto Tribunal, la que sería instrumentada a través de un decreto del Poder Ejecutivo. En esos términos, la reforma pretendida es palmariamente inconstitucional.

“2. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es nacional por naturaleza y por función. Por naturaleza, en tanto es una de las Autoridades de la Nación establecidas en la Segunda Parte de la Constitución Nacional: “El Poder Judicial de la Nación -dice el artículo 108- será ejercido por una Corte Suprema de Justicia…”. Por función, en tanto le corresponde decidir -entre otras cosas- en cuestiones entre las provincias, así como sobre la constitucionalidad de las leyes y aun de las constituciones provinciales.

“3. Nuestro régimen federal de gobierno lo es “según lo establece” la Constitución Nacional (Art. 1°); y ésta, cuando ha querido que un órgano nacional tuviera representación provincial lo ha establecido expresamente: tal el artículo 54, que dispone “El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia…”; y cuando ha querido que el Congreso disponga tal tipo de representación, también lo ha indicado de modo expreso: así, el artículo 75 inciso 2 que en su último párrafo le encomienda crear “Un organismo fiscal federal (con) representación de todas las provincias…”. La Constitución ni dispone representación provincial en la Corte ni otorga al Congreso atribución para hacerlo. Por tanto, la reforma pretendida exorbita el orden jurídico y solo podría tener andamiento a través de una reforma constitucional conforme el procedimiento establecido por la misma Carta Magna.

“4. Los silencios del proyecto no alcanzan para ocultar la explícita intención de sus originales proponentes. La experiencia histórica enseña que la manipulación política de las previsiones constitucionales deslegitima la pretensión; así fue una vez con el requisito de los 2/3 para declarar la necesidad de la reforma constitucional y así fue también con el intento de una segunda reelección presidencial. No debe pues persistirse en este camino”.