Rechazaron el pedido de Cristina Kirchner para detener a los miembros de Revolución Federal y ordenan indagar otra vez al jefe de los copitos

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó el pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner para detener a los miembros de la agrupación Revolución Federal Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa. A través de sus abogados, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, Cristina había pedido ayer que los tres volvieran a la cárcel, con un escrito en el que afirmaba la relación entre ellos y el atentado que sufrió el 1° de septiembre pasado en la puerta de su casa. Para la Justicia la causa judicial por el atentado contra Cristina y el expediente por incitación a la violencia en el que son investigados los miembros de Revolución Federal son casos separados. Y en el caso que investiga las circunstancias del ataque, la Cámara Federal sí hizo lugar a un pedido de la vicepresidenta y le ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti que amplíe la declaración indagatoria de Nicolás Carrizo, uno de los integrantes de la banda de los “copitos”.

El juez De Giorgi respondió en menos de 24 horas al escrito de la querella. Dijo que Morel, Sosa y Guerra ya fueron excarcelados por orden de la Cámara Federal y que, desde entonces, su comportamiento no ha variado como para ordenar su regreso a la cárcel.

Martínez De Giorgi también desestimó la pretensión que tenía la querella de allanar el domicilio de Ximena Tezanos Pinto, la vecina de Cristina Kirchner. Ubeira y Aldazábal habían pedido el secuestro del celular de la mujer. El juez no hizo lugar a esa medida y en su lugar pidió un informe de las redes sociales para evaluar la interacción entre Tezanos Pinto y los miembros de Revolución Federal.

“Se considera apropiado requerir, en su lugar, los informes pertinentes a través de las redes sociales en las cuales la nombrada interactuaba para que se remita el abonado de telefonía celular al cual se encontraba asociado y cumplido ello, se informe la totalidad de la actividad de la nombrada entre la primera publicación de Revolución Federal y la actualidad”, dijo De Giorgi en la resolución a la que accedió LA NACION.

“Mientras De Tezanos Pinto se mostraba públicamente como una persona conciliadora y amable, en su ámbito privado recibía a gente que quería matar a Cristina Kirchner”, había planteado la querella, que sostuvo que Fernando Sabag Montiel, quien gatilló el arma contra la vicepresidenta, actuó como sicario de Revolución Federal.

Otra medida que pidió la querella fue citar a indagatoria a Rossana Caputo, socia de Caputo Hermanos, y hermana del exsecretario de Finanzas Luis Caputo. Los abogados de Cristina Kirchner sostienen la hipótesis de que la firma Caputo Hermanos financiaba a la agrupación Federal y en su relación con el ataque. De Giorgi no hizo lugar a esa medida y dijo que deben terminar de desarrollarse las medidas que ya están en curso sobre el origen y el destino de los pagos recibidos por Morel. “Respecto a la convocatoria de Rossana Caputo a prestar declaración indagatoria, estese a las resultas de las medidas que están en pleno desarrollo sobre el origen y destino de los pagos recibidos por Jonathan Morel para proveer lo que corresponda en su oportunidad”, dijo el magistrado.

Por último, el juez rechazó decretar nuevamente el secreto de sumario en el expediente, otra medida que había sido solicitada por la querella.

El expediente que sí investiga los hechos sucedidos el 1 de septiembre y sus circunstancias está a cargo del fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti. Por esa causa, que pronto podría ser elevada a juicio oral, están detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

En ese expediente la Cámara Federal resolvió que Capuchetti debe volver a indagar a Carrizo e hizo así a lo que había pedido Cristina Kirchner, que lo solicitó a partir de los mensajes hallados en el celular que le fue secuestrado.

Además rechazó el pedido de la querella de Cristina para que Carrizo fuera imputado junto a Sabag Montiel y Uliarte como parte de una asociación ilícita. Los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dijeron que no hay pruebas para modificar las imputaciones y que el planteo de la querella carece de peso para modificar la situación de los acusados por el atentado contra la vicepresidenta.

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