Rechazan “presión o injerencia política” sobre los fiscales que acusan a Cristina Kirchner
Lo hizo el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires; repudió declaraciones de funcionarios del Gobierno y pidió “resguardar la independencia del sistema judicial”
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LA NACION
Mientras se desarrollan los alegatos del juicio de la causa Vialidad, en la que se acusa a la vicepresidenta Cristina Kirchner de haber liderado una asociación ilícita, el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires salió a respaldar la actuación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes fueron duramente criticados por funcionarios del Gobierno. La entidad también rechazó “cualquier forma de presión o injerencia política respecto del Poder Judicial o del Ministerio Público”.
“El Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires repudia manifestaciones de funcionarios sobre la actuación de los fiscales Luciani y Mola. Y pide resguardar la independencia del sistema judicial”, sostuvo la organización en un comunicado.
De esta forma, los abogados porteños rechazaron las declaraciones del ministro de Justicia, Martín Soria, y de su segundo Juan Martín Mena, entre otros funcionarios que manifestaron su respaldo a Cristina Kirchner en las primeras jornadas de los alegatos de la causa Vialidad, que tiene a otros doce enjuiciados, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio de Vido.
“La independencia del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial constituye un pilar fundamental del Estado de Derecho. Es inadmisible que funcionarios del Poder Ejecutivo, tanto nacional como de la provincia de Buenos Aires, en el ejercicio de sus cargos, efectúen críticas sobre el devenir de un proceso judicial que, con todas las garantías constitucionales, se halla en pleno trámite”, remarcó el Colegio de Abogados.
En la misma línea, exhortó “a las autoridades gubernamentales a respetar las garantías instituidas por la Constitución Nacional, en particular en materia jurisdiccional”.
Por último, la entidad aseguró: “Llevar adelante, en tiempo y forma, la investigación judicial respecto de actos de corrupción contra el Estado Nacional y hacerlo en el marco del debido proceso, por jueces y fiscales naturales que puedan desempeñar su magisterio con independencia, resulta insoslayable para consolidar la transparencia de los actos de gobierno y la calidad institucional de la Justicia que reclama la sociedad argentina en su conjunto”.
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